La dependencia en la Comunitat Valenciana: menos aportación del Gobierno, más esfuerzo autonómico, pero más listas de espera

Valencia

La Generalitat asumió el 79,6 % del gasto en atención a la dependencia en 2024, muy por encima de la media estatal, que se situó en el 73 %. Solo el País Vasco, Navarra y Baleares aportaron más. Son datos de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que alertan del retroceso en la financiación por parte del Estado. Hablamos, en La Ventana Comunitat Valenciana, con José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación y del Observatorio Estatal de la Dependencia.

El Estado reduce su aportación al sistema

Ramírez Navarro, recuerda que el Gobierno tiene que aportar el 50% y que no solo no lo hace sino que ha frenado el incremento aprobado en el Plan de Choque de años atrás. “El Estado debería estar financiando el 50 % del sistema, como establece la Ley de Dependencia, pero en 2024 apenas llegó al 27 %. Es un paso atrás muy preocupante. Veníamos de una tendencia positiva con el Plan de Choque de 600 millones de euros que se aplicó en 2021, 2022 y 2023, pero la falta de presupuestos en 2024 y 2025 ha paralizado esa mejora. No solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido.”

Más esfuerzo autonómico, pero también más listas de espera

El presidente del Observatorio hace un repaso a los problemas que la dependencia ha tenido en territorio valenciano. "La desidia e impericia del gobierno de Camps fue terrible y eso hizo que de alguna manera junto con los recortes del año 2012 del del gobierno de Rajoy, prácticamente hubiera una derogación encubierta de la propia ley. Es cierto que durante los ocho años del gobierno del Botánico este tema de atención a la Dependencia se desarrolló con más agilidad y con más compromiso que en el resto de las comunidades autónomas alcanzando medias, en cuanto a atención y en cuanto a servicios superiores, a la media estatal, pero es cierto que, en este momento, la infrafinanciación y la paralización de la financiación del gobierno de España está lastrando el desarrollo del sistema de atención a la Dependencia, no en Valencia, sino en en todo en toda España".

Y ahora, a pesar del esfuerzo mencionado por parte de la Generalitat, la Comunitat Valenciana es la tercera con más personas en lista de espera: 83.185 solicitudes pendientes, lo que representa casi el 15 % del total nacional. En lo que va de año, 1.467 personas han fallecido sin haber recibido la prestación. “Es una situación dramática. Estamos hablando de personas que han sido reconocidas como dependientes, que tienen derecho a una atención, y que mueren esperando. Esto no es una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad política. No se puede anunciar una nueva ley para mejorar prestaciones y servicios si no se garantiza primero la financiación del sistema actual”.

De hecho, el Síndic de Greuges lleva años alertando sobre este problema estructural. Ramírez insiste en que no basta con buenas intenciones: “Hay que poner dinero, simplificar los procedimientos y contar con los ayuntamientos. La Comunitat Valenciana ha avanzado en este sentido, pero sigue habiendo una media de 312 días de espera desde que se solicita la ayuda hasta que se recibe. Es demasiado tiempo para quien necesita apoyo urgente”.

¿Dónde funciona mejor el sistema?

Solo cuatro comunidades cumplen con el plazo legal de 180 días: Castilla y León, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha. Navarra se queda muy cerca. Todas ellas tienen modelos de gestión distintos y gobiernos de distinto signo político. “Esto demuestra que no es una cuestión ideológica, sino de prioridades. Cuando un gobierno decide que la atención a la dependencia es una política de Estado, se nota. Porque todos, antes o después, vamos a necesitar ese apoyo o vamos a convivir con alguien que lo necesite”.

Más fondos en 2025, pero insuficientes

En 2025, la Comunitat Valenciana recibirá 6,3 millones de euros más del nivel acordado, pero Ramírez advierte que no será suficiente: “Ese dinero es bienvenido, pero no cubre el desfase estructural. Hace falta un compromiso firme del Gobierno central y también un esfuerzo presupuestario sostenido por parte de la Generalitat para sacar del limbo a decenas de miles de personas”.

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