Patronal y sindicatos valencianos arremeten contra el acuerdo bilateral de financiación para Cataluña

Valencia

Los agentes sociales, la patronal empresarial valenciana, CEV, y los sindicatos mayoritarios, CCOO-PV y UGT-PV se posicionan contra el acuerdo bilateral de financiación para Cataluña.

En un comunicado conjunto aseguran que la reforma de un sistema común que afecta a quince comunidades autónomas y a la Administración General del Estado no puede ser predeterminada de forma bilateral. Esto, consideran, que es una cuestión de lealtad institucional y de respeto a la arquitectura constitucional del Estado. Por tanto, cualquier debate sobre la reforma del SFA, aunque tenga su origen en acuerdos bilaterales, se debe producir de forma multilateral, transparente y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el foro legalmente establecido para ello.

Apuntan los agentes sociales que el debate debe centrarse en las necesidades de las personas, no en supuestos equilibrios de balanzas fiscales territoriales, un concepto que carece de rigor jurídico y se presta a la manipulación política.

El nuevo SFA que se negocie debe pivotar sobre un conjunto de principios irrenunciables, alineados con el consenso alcanzado en la sociedad valenciana y los mandatos constitucionales.

La inconstitucionalidad de la actual situación

Apuntan desde sindicatos y patronal, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional proporciona un arsenal jurídico completo para fundamentar la inconstitucionalidad de la situación actual. La doctrina del TC ya ha fijado los estándares: las diferencias de financiación deben tener una justificación objetiva y razonable; la solidaridad es un deber del Estado que limita la autonomía; y la suficiencia es una precondición para el autogobierno. El elemento que ha faltado hasta ahora ha sido una confrontación judicial directa que presente ante el Tribunal Constitucional la abrumadora evidencia empírica que demuestra cómo el SFA vigente, en su aplicación real y prolongada, incumple sistemáticamente cada uno de estos estándares, generando un patrón de desigualdades sistemáticas en la financiación por habitante ajustado que colisiona frontalmente con los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución Española.

Esta disfunción ha condenado a un grupo de comunidades, que albergan a una parte sustancial de la población española, a una situación de infrafinanciación estructural. Esta, a su vez, ha provocado un endeudamiento masivo que responde a la necesidad de cubrir el coste de los servicios públicos fundamentales, erosionando con ello la autonomía financiera que el propio sistema debería garantizar.

Y finalizan el comunicado asegurando que los agentes sociales y económicos valencianos exigimos con la máxima firmeza el fin de esta anomalía. Reclamamos un nuevo sistema de financiación que sea transparente, justo y suficiente. Un sistema que garantice que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan el respaldo de unos servicios públicos suficientemente financiados y que todas las comunidades.

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