Investigadas dos personas por edificación ilegal en la Sierra de Mariola

Alcoy

La Guardia Civil investiga a un hombre de 53 años y a una mujer de 48 por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Se les atribuye la construcción de una vivienda sin licencia en suelo no urbanizable, dentro del Parque Natural de la Sierra de Mariola, en el término municipal de Alcoy.

La investigación se inició a raíz de una inspección del Equipo del SEPRONA de Ibi en la partida de Barxell. Allí detectaron una construcción residencial que carecía de la licencia urbanística requerida. Los ocupantes de la parcela, que estaba cerrada con un vallado y un muro de cipreses de dos metros, impidieron el acceso a los agentes. Esta acción resultó en una denuncia adicional por obstrucción a la labor inspectora.

Los informes del Ayuntamiento de Alcoy confirmaron que la obra es incompatible con la normativa urbanística vigente y ha sido calificada como ilegalizable. La edificación incumple los parámetros de superficie, ocupación y retranqueos. Además, el suelo está clasificado como no urbanizable debido a su valor paisajístico y medioambiental, al ubicarse en la zona de amortiguación del Parque Natural Sierra de Mariola, parte de la Red Natura 2000 y Zona ZEPA. Esta situación fue comunicada a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

Por estos motivos, los responsables de la vivienda, ambos de nacionalidad española, han sido propuestos para sanción en materia de seguridad ciudadana, remitiendo el expediente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Asimismo, han sido investigados por un delito relativo a la ordenación del territorio y urbanismo ante la fiscalía de medio ambiente de la Provincia de Alicante.

Simultáneamente, en una actuación previa en el municipio de Campo de Mirra, el SEPRONA investigó a otro hombre por la instalación y el intento de venta de una vivienda tipo "mobilhome" en una parcela rústica. El inmueble, que carecía de autorización y estaba en terreno no urbanizable, fue ofertado por 29.000 euros en un portal de compraventa online. Por estos hechos, se le atribuyen un presunto delito urbanístico y otro en grado de tentativa por estafa.