Cuatro detenidos en Castellón en una operación que libera a 162 mujeres explotadas sexualmente
Han sido detenidas 37 personas, nueve de ellas han sido ya ingresados en prisión provisional
La Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta han liberado a 162 mujeres víctimas de una organización criminal que, presuntamente, las explotaba sexualmente en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos.
La organización se dedicaba a captar a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad y las obligaban a ejercer la prostitución. Durante la operación han sido detenidas 37 personas, 22 en la provincia de Valencia, cuatro Málaga, cuatro en Murcia, cuatro en Castellón y tres en Alicante. Nueve de los detenidos han ingresado en prisión provisional. Se han realizado 39 registros en siete provincias diferentes.
La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de tres víctimas que declararon haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en diferentes localidades españolas.
Condiciones de vida
Las víctimas solo podían salir dos horas al día en horario de mañana, debiendo estar disponibles permanentemente. Los principales investigados controlaban en tiempo real los locales y a las víctimas a través de un sistema de video vigilancia instalado en el interior de todos los inmuebles dedicados a la prostitución. El cincuenta por ciento de cada servicio era para la organización y la otra mitad para las mujeres, si bien estas podían ser multadas por distintos motivos.
Organización estructurada
La investigación permitió constatar que la red criminal estaba estructurada en tres niveles de responsabilidad. En la cúspide estaban los líderes de la organización, con vínculos familiares y sentimentales entre ellos. Eran propietarios o arrendatarios de los inmuebles, obteniendo los mayores beneficios económicos.
En el segundo nivel estaba compuesto por personas de confianza encargadas de la supervisión de los locales, recaudación de beneficios y coordinación de encargadas.
Por último, en el tercer nivel incluía a las encargadas que vigilaban a las víctimas, conductores, reformistas de los locales y distribuidores de estupefacientes. La operación ha concluido con el registro de 39 inmuebles en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona, incluyendo los domicilios de los once máximos responsables de la organización y de los locales destinados a la explotación de las víctimas, donde se han incautado 141.000 euros en efectivo y tres vehículos.