AHSA y Talaiola denuncian la supresión del servicio de recogida de residuos en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

Las organizaciones ecologistas Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y Talaiola Ecologistes en Acció han denunciado la decisión de la Conselleria de Medio Ambiente de eliminar el servicio de recogida de residuos en diversos espacios naturales protegidos del sur de la provincia, entre ellos el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.

Según han señalado los colectivos, este servicio, que operaba de forma semanal, permitía la retirada de residuos depositados en papeleras instaladas en zonas del parque. La supresión, advierten, está contribuyendo a una mayor acumulación de basura en el entorno de la carretera N-332, que atraviesa el parque natural y donde, apuntan, ya existe un problema estructural de vertidos desde vehículos.

El pasado mes de abril, ambas organizaciones remitieron escritos a la Generalitat Valenciana alertando del impacto ambiental de la medida y solicitando la restitución del servicio. También pidieron la puesta en marcha de un protocolo de limpieza en las zonas húmedas colindantes con la N-332, en coordinación con la Demarcación de Carreteras de Fomento en Alicante.

AHSA ha recibido respuesta por parte de la Conselleria en la que se descarta la restitución del servicio de recogida al considerar que no se trata de áreas recreativas del parque, y que la responsabilidad corresponde al Ministerio de Transportes. En el escrito también se menciona la existencia de campañas de voluntariado y concienciación llevadas a cabo en el parque, algo que los ecologistas consideran insuficiente ante un problema estructural de gestión de residuos.

Desde AHSA y Talaiola critican lo que consideran una dejación de funciones por parte de la administración autonómica, que a su juicio traslada la responsabilidad al Estado pese a su demostrada “inoperancia” en el mantenimiento de la N-332. Ambos colectivos reclaman soluciones urgentes ante la degradación progresiva del ecosistema y advierten de que no se resignan a la pérdida de valor ecológico de un espacio protegido “por la inacción y descoordinación entre administraciones”.