La Federación Vecinal de València califica de "insostenible" la situación de la vivienda y exige que se limiten los precios

València

La Federación Vecinal de València ha vuelto a denunciar este jueves que las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de la ciudad y la Generalitat son "claramente insuficientes", y que la situación es ya "insostenible".

La presidenta de la Federación Vecinal de València, María José Broseta, califica de "humillantes" las condiciones del mercado de la vivienda en la ciudad y denuncia que la situación, lejos de mejorar, sigue empeorando, con precios que no dejan de subir pese a los anuncios de las diferentes administraciones sobre la construcción de vivienda pública.

La federación vecinal cree que la única solución ahora mismo es que se declare València como zona tensionada en aplicación de la nueva ley de vivienda, lo que permitiría limitar los precios del alquiler. Broseta recuerda que la ciudad de A Coruña acaba de declararse zona tensionada, con el aval de la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, así que pide a Catalá y Mazón que sigan sus pasos. Cree que deben abandonar la línea de Vox e insiste en que la medida se ha demostrado que es totalmente necesaria y urgente.

Zona tensionada

La declaración de zona tensionada es un mecanismo recogido en la Ley por el Derecho a la Vivienda que permite la contención de los precios del alquiler en zonas donde los incrementos hayan sido desproporcionados. Broseta ha señalado que València lleva años experimentando esta situación, con cifras de alquiler "inaceptables" y condiciones que califica de "humillantes".

Además, ha subrayado que la vivienda es un derecho social y de ciudadanía, equiparable a otros derechos fundamentales como el voto o la libertad de expresión. Según Broseta, el arraigo y la seguridad que proporciona una vivienda son esenciales para la cohesión social.

Desde la federación vecinal se denuncia que en València se ha institucionalizado "una forma de vida en habitaciones compartidas que afecta no solo a estudiantes, sino también a personas mayores y familias enteras". Estas viven en pisos "parcelados", compartiendo baños y cocinas con desconocidos, en condiciones que consideran lamentables. A esto se suman exigencias abusivas a los arrendatarios, lo que lleva a la Federación a insistir en que València debe ser declarada zona tensionada para abordar una situación que califican de inaguantable.

La Federación también propone incrementar la fiscalidad de las viviendas vacías para fomentar su incorporación al mercado. También plantea bonificaciones fiscales y ayudas directas si estas viviendas se destinan al alquiler a precio tasado, facilitando el acceso a jóvenes y personas con rentas bajas.

Asimismo, la Federación señala que el crecimiento acelerado y desordenado de la oferta turística ha contribuido a una burbuja inmobiliaria "gentrificadora". así que considera prioritario limitar la capacidad de acogida turística, impedir el cambio de uso de residencial a hotelero, y revertir el uso de viviendas turísticas hacia el residencial.

Compromís también pide limitar los precios

Compromís se ha sumado también a las reivindicaciones vecinales. La portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, recuerda que desde la aprobación de la ley en 2023, los precios del alquiler han subido un 36 % en València. Critica que el PP frene una medida que, según ella, beneficiaría a la ciudadanía expulsada de la ciudad.

El Gobierno local acusa al anterior ejecutivo

Desde el Ayuntamiento de València, por su parte, se atribuye la situación actual a la inacción del anterior gobierno de Joan Ribó. Fuentes municipales califican de "nula" su política de vivienda y defienden las medidas adoptadas en los dos años de mandato de María José Catalá. Señalan que se han promovido más de mil viviendas de alquiler asequible mediante colaboración público-privada, y se han impulsado 17 programas de actuación integradas (PAI) que sumarán cerca de 8.000 nuevas viviendas, de las cuales 2.000 serán de protección pública.

El Gobierno local apunta que si durante ocho años se hubiera ejercido el derecho de tanteo y retracto sobre edificios de la ciudad ahora "habría más oferta de alquiler asequible" y recuerda que recientemente el Ayuntamiento ha adquirido más de 100 viviendas a través de esta modalidad en La Torre.

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