La normativa valenciana de pisos turísticos aumenta las inspecciones contra pisos ilegales, según el Consell
La patronal de los apartamentos turísticos cifra en 20.000 las viviendas cerradas durante el primer año de vida de la norma y critica el uso partidista de la norma por parte de algunos Ayuntamientos
Marián Cano (consellera de Turismo): "La valoración es buena"
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València
La nueva normativa de pisos turísticos en la Comunitat Valenciana ha conseguido en su primer año dar seguridad a los usuarios y aumentar las inspecciones para luchar contra los pisos ilegales. Es el balance que hace en la SER la consellera de Turismo, Marián Cano, cuando se cumplen doce meses de esta normativa que endurecía las condiciones para esta actividad y daba potestad a los Ayuntamientos para sancionar.
La norma endurecía las sanciones, establecía la renovación de licencias cada cinco años y permitía a los ayuntamientos de limitar los apartamentos turísticos. La consellera Marian Cano destaca que la norma consiguió el consenso de todo el sector y explica que, en este año, se ha hecho un gran trabajo en las inspecciones y en el trabajo administrativo para que esta norma salga adelante.
El Consell no se plantea modificaciones de la norma a corto plazo, en lo que se centran, dice Cano, es en reforzar las inspecciones y mejorar la detección de apartamentos sin licencia o con irregularidades administrativas. Esos son el problema, y su objetivo, un turismo sostenible. Y dice Cano que de ninguna manera se pueden relacionar los pisos turísticos con un problema de la vivienda, porque suponen solo el 1,7% del total de viviendas en la Comunitat.
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Marián Cano (consellera de Turismo): "Los apartamentos turísticos no pueden relacionarse con el problema de la vivienda"
Critica Cano las "normativas estatales que invaden competencias autonómicas" y que "crean confusión". Asegura que hay que poner en valor ese consenso entre actores que se consiguió hace un año y que por ahí es por donde tienen que ir los próximos pasos.
APTUR cifra en 20.000 los pisos turísticos cerrados
La patronal valenciana de pisos turísticos APTUR, por su parte, cifra en 20.000 las viviendas que se han cerrado este año porque no cumplían la ley. Cree que es lo positivo de una normativa que, sin embargo, para ellos, tiene cosas malas.
Porque según denuncia la plataforma, algunos Ayuntamientos han usado sus nuevas competencias con fines partidistas, alejados de los criterios objetivos que exige la norma. Aseguran que algunos municipios no dialogan con el sector y hacen ordenanzas arbitrarias sobre pisos turísticos.
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