Carcaixent marca el paso en la lucha contra la ocupación de viviendas
El Ayuntamiento de Carcaixent ha aprobado una nueva ordenanza que obliga a los propietarios de viviendas deshabitadas a mantenerlas en condiciones de seguridad, con el fin de evitar ocupaciones ilegales y preservar la tranquilidad en los barrios
Declaraciones Carolina Almiñana en "Hoy por Hoy Xàtiva"
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El ayuntamiento de Carcaixent aprobó inicialmente el pasado jueves la ordenanza contra contra la ocupación ilegal de viviendas. La norma establece que cualquier inmueble que lleve más de seis meses vacío deberá estar adecuadamente protegido.
Entre las medidas exigidas se incluyen el tapiado, la instalación de puertas de seguridad, alarmas o rejas. En el caso de los grandes tenedores —como bancos o fondos de inversión— se podrá llegar a exigir incluso la contratación de vigilancia privada.
Consecuencias de incumplir la ordenanza
El incumplimiento de estas obligaciones podrá acarrear sanciones económicas de entre 750 y 3.000 euros, especialmente si el propietario ha sido previamente advertido o si no actúa tras una ocupación y posterior desalojo. Además, la ordenanza introduce mecanismos que permitirán acelerar el desalojo de aquellas personas que no puedan acreditar una residencia habitual y estable en el inmueble ocupado.
La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha señalado que esta medida busca dar respuesta a una preocupación creciente entre los vecinos y que se ha elaborado dentro de las competencias municipales. “Queremos actuar de forma preventiva y responsable, para evitar focos de conflicto que terminan afectando al conjunto del municipio”, ha declarado la alcaldesa en "Hoy por Hoy Xàtiva".
Una nueva iniciativa
Paralelamente, el consistorio ha intensificado la presencia de la Policía Local en los puntos más sensibles y ha actualizado el protocolo de empadronamiento, que ahora solo se permitirá cuando se presente un contrato de alquiler, escritura de propiedad o documentación que acredite la residencia legal.
La iniciativa ha llamado la atención de otros ayuntamientos, que ven en esta normativa una herramienta útil para frenar ocupaciones conflictivas y mejorar la gestión del parque de viviendas vacío.
