Margalló - Ecologistas en Acción de Elche exige transparencia y responsabilidad en la gestión de residuos en Elche

El Centro Cultural Margalló - Ecologistas en Acción de Elche (Margalló – EeA) denuncia la falta de previsión por parte de la Junta de Gobierno local en la implantación de recogida selectiva de residuos, especialmente la fracción orgánica, desde enero de 2024, fecha en que la normativa europea establece la necesidad de una gestión correcta de los residuos orgánicos.

Margalló – EeA asegura que “esta falta de previsión es una irresponsabilidad política y administrativa que ya está suponiendo un coste directo para la ciudadanía, tanto económico como ambiental”. Por ejemplo, en 2024 se enterraron aproximadamente 53.000 toneladas de residuos correspondientes a la parte proporcional de los habitantes de la ciudad de Elche según datos del Consorcio de Residuos del Baix Vinalopó, lo que supuso un coste estimado de 1.800.000 € (solo en impuestos estatales), sin incluir la pérdida de ingresos por residuos valorizables no separados correctamente (como plásticos, metales, etc.), contaminados por materia orgánica.

En este sentido, aseguran que este año los datos no diferirán mucho. Aseguran que la ciudadanía está realizando un uso inapropiado de los contenedores marrones por falta de información y por no haberse implantado el 100% de los contenedores marrones por todo el término municipal, por lo que será difícil conseguir en 2025 el preceptivo 55% de recuperación, como exige la UE.

Desde Margalló – EeA advierten que esta gestión, que definen como “una gestión ineficiente maquillada con rebajas fiscales simbólicas” se traducirá en penalizaciones económicas que serán sufragadas con los impuestos de toda la ciudadanía.

“Mientras se presume de una bajada del 1% en el recibo del IBI del año 2024, la realidad es que la ciudadanía soportamos más carga fiscal por una mala gestión de residuos e impuestos, como el nuevo “tasazo” de basuras segregado del recibo de agua, una medida europea “educativa” cuyo objetivo es que la ciudadanía sea consciente del coste real de la basura que generamos y para ajustar al coste real de este servicio: a más basura generada, mayor coste del recibo y más tasas e impuestos”, comunican desde el centro.

Sobre este nuevo tributo directo, señalan que no va acompañado de mejoras efectivas en el servicio, ni en campañas de concienciación adecuadas. Acusan a la Junta de Gobierno “parecer más preocupada por mantener limpio el centro, de cara a turistas y zonas privilegiadas, que por cumplir con los objetivos de reciclaje, reducción del desperdicio, recogida en las partidas rurales, rebajar los impuestos a los/las contribuyentes y ciudadanía, o incluso paliar el desajuste fiscal del presupuesto municipal”.

El centro explica que el pasado 4 de julio solicitaron al Ayuntamiento el Plan Local de Residuos, entre otros asuntos, un documento, según cuentan, clave para planificar una gestión eficiente y legalmente válida. Y cuentan que además de no haber recibido respuesta tampoco tienen constancia de que haya sido sometido a participación ciudadana, tal y como exige la normativa vigente, tampoco de que se haya expuesto públicamente o que se haya facilitado su acceso. Desde Margalló – EeA señalan que “esta falta de transparencia e incumplimiento del requisito de presentar en el plazo de un año el Plan Local de Residuos cuestiona la legitimidad de la actual contrata de limpieza”.

Asimismo, explican que en el escrito mencionado, solicitan resultado de la auditoría sobre gases y olores que afectan al vecindario de las partidas del norte del municipio, que es quien, asegura, paga los “platos rotos” de los residuos que generamos en nuestra ciudad y poblaciones vecinas.

Según explican, el contrato de limpieza suscrito por el Ayuntamiento asignaba una cantidad de 400.000 euros (por cuatro años) para fomentar el uso adecuado del quinto contenedor, el marrón, y, a su entender, su ejecución carece de justificación detallada y objetivos claros. “La educación ambiental es clave para reducir la generación de residuos y mejorar la calidad de la separación en origen: una inversión bien ejecutada en educación ambiental puede traducirse en ahorros significativos en gestión de residuos, limpieza urbana y mejora de la salud pública, con un gran potencial de reducción de costes y beneficios medioambientales”, aseguran desde el centro.

Además, Margalló – EeA acusa al Ayuntamiento de estar incumpliendo ciertos objetivos europeos fijados por la legislación europea (Ley 7/2022, de 10 de abril) en materia de residuos. Cuentan que, desde 2024 deberían haber estado operativos los recursos al 100% para la separación de la materia orgánica. Y también, en 2025 y 2026 deberá recogerse el 55% de los biorresiduos (medida europea, que establece la necesidad de una gestión correcta de los residuos orgánico.

Ante esta “situación insostenible”, desde el centro exigen lo siguiente:

• Una publicación detallada del uso del presupuesto en educación ambiental, así como de las auditorías anuales y del informe anual sobre la composición de los residuos.
• La presentación de los resultados de la auditoría sobre gases y olores de las instalaciones del vertedero de Els Cremats, prometida al vecindario.
• Adaptación del tratamiento de residuos por parte de la empresa concesionaria a los estándares y objetivos europeos.
• Formación continua (no campañas puntuales) centrada en la reducción, reutilización y reciclaje incluyendo concienciación sobre tratamiento del desperdicio alimentario, tanto para el personal de estas empresas como para el funcionariado implicado en la gestión de residuos, educadores y ciudadanía en general.
• La puesta en marcha urgente de un Plan Especial para Grandes Productores de Residuos.
• Exigencia de resultados a la empresa concesionaria (UTE), cuyos ingresos deben vincularse al cumplimiento de objetivos. De no ser así, revisión inmediata, o anulación, de la millonaria contrata de limpieza, conforme a la promesa electoral realizada ante los medios de comunicación por el Sr. Ruz en campaña electoral.

En conclusión, el centro ecologista reivindica que la ciudadanía ilicitana está “pagando las consecuencias de una gestión ineficaz, opaca y contraria al interés público”.