El Ayuntamiento de Alicante celebra el sobreseimiento de la denuncia por las obras del Centro de Inteligencia del Agua

Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha emitido este viernes un comunicado para felicitarse por el sobreseimiento de la denuncia por las obras del Centro de Inteligencia del Agua "en el que la Fiscalía Anticorrupción y el grupo municipal socialista acusaban de prevaricación a la concejala de Empleo, Mari Carmen de España, y a un técnico municipal de la Agencia de Desarrollo Local".

La portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha asegurado que” desde el primer momento teníamos claro que no se había cometido ninguna irregularidad en este proyecto por lo que hemos mantenido la confianza en el procedimiento judicial por el que ahora nos felicitamos”

Auto

Declaraciones tras conocer el auto dictado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante que considera, ha explicado, que “no es posible compartir los criterios y argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal y la representación del grupo municipal del PSOE que sostienen la existencia de un concierto de voluntades al margen de la legalidad con el fin de llevar a efecto las obras indicadas para el Centro de Inteligencia de Agua y HUB de la Blue Economy en la planta baja del edificio municipal sito en la calle Italia nº 21 a sabiendas de que el uso otorgado en el Plan General la parcela en cuestión era incompatible con el pretendido en el proyecto”.

El Ayuntamiento señala que, además, la magistrada entiende que en cualquier caso no existen indicios para actuar contra los denunciados por la vía penal y que se trata de cuestiones a dilucidar en el ámbito de lo contencioso-administrativo. “No nos encontramos en esta causa ante una actuación urbanística dolosa que deba ser objeto de fiscalización por los Tribunales del orden penal”, señala la jueza. Una resolución contra la que cabe recurso.

El Grupo Socialista anuncia que recurrirá la decisión judicial

Cutanda ha criticado al PSOE y a la portavoz socialista municipal, Ana Barceló, porque “a falta de propuestas para mejorar la ciudad se dedican a judicializar la vida política y a intentar manchar la imagen de los concejales de este equipo de gobierno”.

Mientras, el Grupo Socialista ha confirmado a Radio Alicante que recurrirá la decisión judicial y defiende esas posibles irregularidades urbanísticas al ubicarse este proyecto en una parcela que el PGOU califica de uso docente.

Inmueble municipal

Los hechos denunciados se refieren a las obras iniciadas en la antigua sede de Bomberos de la Plaza de Séneca para convertirla junto a Aguas de Alicante en el Centro de Inteligencia del Agua.

El Ayuntamiento en su comunicado explica que en el Plan General esta parcela está catalogada como de uso docente y por la adscripción del inmueble a la Agencia de Desarrollo Local los denunciantes acusaron a De España, el ex concejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez y técnicos municipales de prevaricación. El procedimiento ya eximió de responsabilidades a Pérez y técnicos municipales, pero tanto el Ministerio Fiscal como el Grupo Municipal PSOE pidieron continuar el proceso contra de España y uno de los técnicos municipales que ahora, ha concluido, ha sobreseído la jueza.

Y añade que el auto indica que “si algo ha quedado constatado es que en los locales indicados nunca ha existido centro docente alguno, siendo usados para otros servicios municipales, que la intención de instalar en los mismos el Centro de Agua aparece presente desde el año 2021 en los proyectos Alicante futura, y en acta de Consejo de Administración de Aguas de Alicante de fecha 24.03.2022 se da a conocer la futura ubicación del Centro de Inteligencia del Agua en el antiguo edificio de bomberos de la Plaza Séneca, que el informe de compatibilidad urbanística y petición de licencia instado por Aguas de Alicante fue objeto de desistimiento, que cuando la obra es promovida por una Administración Pública titular del inmueble no sería necesaria licencia, así como que sobre las cuestiones planteadas como con posible trascendencia penal ya analizadas, estaríamos ante la presencia de una controversia que habría de solventarse en su caso ante la jurisdicción contencioso administrativa”.