El ciberataque al ayuntamiento de Elche mantiene la administración a bajo rendimiento
Se van retomando servicios poco a poco e intentan que afecte en la menor medida a la ciudadanía
Un policía mira su móvil en el centro de prevención de ciberataques / picture alliance
Elche
Se cumplen 10 días del ciberataque masivo contra el ayuntamiento de Elche que ha provocado un verdadero problema informático que se traslada al funcionamiento del día a día. Ayer en la Junta de portavoces, el alcalde ofreció información a los grupos políticos sobre el alcance del problema y reconoció que es más complejo de los que parece y que van a tardar en volver a la normalidad.
Una prioridad es que se restablezca lo antes posible los servicios a la ciudadanía de las OMAC que, desde este martes, están poco a poco retomando cierta actividad.
En cualquier caso, se han paralizado plazos y se está ofreciendo de manera presencial y analógica todo tipo de facilidades en la medida de lo posible en aquellos trámites que se están demandando. Aun así, sigue sin funcionar la centralita y la mayoría de ordenadores siguen bloqueados, no tanto porque no puedan ponerse en marcha, sino por que se desconoce si al activarlos pueden provocar que se sigan infectando otros equipos.
El ataque el ayuntamiento de Elche no es casual. Los ciberdelincuentes concentran sus ataques en las administraciones públicas, y los ayuntamientos son los más afectados. Solo en los dos primeros meses de 2024 se registraron 25.000 ataques, un 190 % más que en el mismo periodo del año anterior.
Expertos señalan que la vulnerabilidad de los consistorios se debe a presupuestos limitados y falta de formación en ciberseguridad, pese a las normativas existentes como el Esquema Nacional de Seguridad.
Entre los ataques más comunes se encuentran el ransomware, que es el que se ha producido en Elche, el fraude al CEO y los DDoS.
Los ciberdelincuentes persiguen objetivos económicos, bien pidiendo rescates y/o comercializando a posteriori en foros clandestinos los datos personales y críticos robados (padrón, fiscalidad, historiales sociales) que han exfiltrado. Además, usan estos datos para campañas sofisticadas de ingeniería social.
Los especialistas insisten en que reforzar la protección cibernética en los ayuntamientos es crucial para garantizar la continuidad de los servicios públicos y la seguridad de la información.