Vox amenaza a Barcala: "Si llega un solo menor inmigrante a Alicante, se acabó"

Alicante

Poco a poco los ayuntamientos de la provincia van recibiendo la carta de la Generalitat en las que se les pregunta de qué recursos disponen para atender a menores inmigrantes no acompañados. Los últimos en recibirla en la comarca de L'Alacantí han sido El Campello y San Vicente, ambos gobernados por el Partido Popular y cuya respuesta ha sido cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por trasladar, dicen, su responsabilidad con estos menores a las autonomías.

Mientras, en Alicante, Vox presiona al alcalde Barcala para que rechace acoger menores extranjeros. Algo que ha recibido ya las críticas de la oposición progresista al considerar que se está usando a niños vulnerables como "moneda de cambio político".

Recordamos que, el pasado 27 de agosto, la Conselleria de Servicios Sociales envió una carta a los ayuntamientos de la Comunitat para preguntarles qué medios tienen para hacer frente a la acogida de los algo más de 500 menores inmigrantes no acompañados que corresponden a nuestra autonomía, según el reparto realizado por el Gobierno central.

Pues bien, Vox Alicante ha enviado un comunicado en el que, pese a que el Ayuntamiento aún no ha confirmado haber recibido esa misiva, advierte al PP de Barcala de que "si no se rechaza pública y realmente la llegada de menas a Alicante, se acabó”, dice textualmente.

Se oponen frontalmente a este reparto de menores inmigrantes que, dicen, "pretende imponer la Generalitat y el Gobierno central". Añaden que "los menores deben ser inmediatamente repatriados con sus familias, que es donde deben estar". Y vuelven a relacionar la falta de seguridad con la inmigración al asegurar que "Alicante ya tiene suficientes problemas que se verían agravados si se aceptara este chantaje".

Por último, su portavoz local, Carmen Robledillo, anuncia que, si Alicante acepta "un solo menor", se romperán todos los pactos con el Partido Popular.

Radio Alicante está a la espera de conocer la postura del equipo de gobierno de Barcala. Quien sí ha respondido a la ultraderecha ha sido la oposición progresista.

La oposición progresista ofrece su apoyo

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, asegura que "usar a niños y niñas vulnerables como moneda de cambio político es de una crueldad inaceptable".

Critica el "chantaje de la ultraderecha" y al alcalde le pide que decida "si gobierna para la ciudad" o si, dice, "se arrodilla ante quienes solo saben imponer y dividir”.

Por ello, ofrece el apoyo de su grupo municipal para evitar que Vox "dinamite" los presupuestos de 2026. Eso sí, pone como condición que sean unos presupuestos que "piensen en Alicante" y que tengan en cuenta la necesidad de proporcionar una acogida digna y responsable a estos menores, "sin chantajes y sin una política del miedo”.

Compromís señala que "Alacant siempre ha sido una ciudad acogedora y no podemos permitir que los discursos de odio y xenófobos marquen la política municipal". Y añade que "Alicante tiene capacidad para acoger menores".

Por su parte, desde EU - Podem, piden al alcalde Barcala que rechacen las declaraciones de Vox y que se comprometa a garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de menores que, recuerdan, "obliga a todas las administraciones a velar por su seguridad y bienestar".

Los ayuntamientos del PP contestan a la GVA

Mientras algunos de los ayuntamientos de la comarca que han recibido la carta de la Generalitat, como es el caso de San Vicente y El Campello, han contestado ya a la Conselleria de Servicios Sociales.

San Vicente, gobernado en coalición por el PP y Vox, ha anunciado que, en breve, informará a la Conselleria de la situación del municipio y que defiende la solidaridad real y la atención digna a los menores. Pero aprovecha su respuesta, para cargar contra el Gobierno central por, dice, trasladar "la problemática generada por su incapacidad de gestión a administraciones autonómicas sin aportar los recursos necesarios".

Más duro se muestran en El Campello, donde el PP gobierna en solitario. Rechazan frontalmente lo que consideran un "reparto arbitrario e inconstitucional" por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez. Añaden que no se debe trasladar menores a la Comunitat Valenciana "sin antes negociar la solución con las autonomías porque aseguran que se en riesgo la atención digna a los menores ya acogidos.

Y concluyen desde El Campello diciendo que, por coherencia, si los ayuntamientos del PSOE comparten la postura del Gobierno central y apoyan este reparto, deberían "ofrecer sus propios recursos para atender a los menores de la manera que merecen".