La defensa de Argüeso en la causa de la DANA niega hostigar a la jueza y asegura ser víctima de injurias

València

José María Bueno Manzanares, abogado de Emilio Argüeso, uno de los dos únicos imputados en la instrucción de la causa abierta por la DANA en Catarroja, ha recurrido el auto de la jueza instructora del que pedía abrir una pieza separada para estudiar una sanción por los descalificativos vertidos por el letrado contra ella.

Recordemos que este abogado dejó entrever que la causa la estaba dirigiendo en la sombra su marido, también juez, algo que la magistrada interpretó dentro de la campaña de acoso machista que que está sufriendo. Ahora Bueno Manzanares pide a la jueza, que reconsidere la imposición de una sanción. Asegura que siempre ha sido respetuoso en sus escritos, considera que es a él a quien se está injuriando.

Citar a los guardias civiles

Insiste además en la necesidad de citar a los guardias civiles que redactaron un informe con la cronología de los hechos. El letrado José María Bueno solicita de nuevo que los referidos agentes puedan comparecer para ratificar o ampliar su informe, y añade: "Que dicho informe no se corresponda por lo deseado por su señoría no es óbice para la admisión de dicha prueba".

"El tribunal llama en numerosas ocasiones a peritos sin pericia alguna a fin de que informen de lo que las partes desconocen, puesto que no hay pericia de base", lamenta este letrado en un recurso de 29 páginas en el que expresa de nuevo una posición frontalmente opuesta a la de la instructora, en el fondo y en las formas.

La jueza rechaza la petición de triangulación de móviles

Por otra parte, la magistrada de Catarroja que instruye la causa de la DANA ha rechazado la petición formulada por la acusación popular que ejerce Ciudadanos para solicitar la triangulación de los móviles de los dos investigados, la exconsellera de Justicia e Interior el 29 de octubre, Salomé Pradas, y el que fuera su número dos, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, en una franja horaria en el día de las riadas.

Así consta en un auto facilitado este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que la magistrada instructora rechaza esta y otra diligencia de investigación pedida por Ciudadanos: requerir a Àpunt Media una posible grabación de sonido de una de sus cámaras en el Cecopi el 29O.

Respecto a la triangulación de los teléfonos móviles usados por los dos investigados en esa causa entre las 7.00 horas de ese día y las 5.00 horas del 30 de octubre, la magistrada apunta a que no puede accederse a ella por el carácter imprudente de los delitos objeto de investigación y, para ello, parte del artículo 588 la Lecrim, que regula este ámbito, y cita jurisprudencia para señalar que se debe tener en cuenta la ponderación de los derechos constitucionales en juego.

"Ha de partirse del carácter imprudente de los delitos objeto de investigación (homicidios y lesiones), lo que excluye la adopción de esta medida, y del necesario respeto a los derechos fundamentales de los investigados, sin que proceda la obtención de pruebas en violación de dichos derechos, como tampoco la aportación al proceso de pruebas ilícitamente obtenidas", señala la magistrada en su reolución.

En cuanto a la petición de la grabación a À Punt, indica que podría afectar al secreto profesional de los medios de comunicación "reconocido constitucional y jurisprudencialmente". Así, señala que en el procedimiento ya obran las grabaciones de los programas emitidos por la televisión autonómica y que no es factible acceder a los archivos "de cualesquiera grabaciones que se pudieran haber obtenido por los medios" porque "entraría dentro del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente".

"En cualquier caso, se desconocen las circunstancias en que se produjo la eventual grabación, si el periodista o el camarógrafo estaba junto a la cámara, por lo que no es admisible el requerimiento pretendido", concluye.

Nuevos testigos

Paralelamente, la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del órgano judicial ha emitido una diligencia de ordenación en la que, entre otras cosas, fija para los días 7, 15, 20, 28 y 29 de octubre las declaraciones como testigos de dos técnicas de operación de Emergencias; un operador de comunicaciones y emergencias; la jefa de servicio de coordinación del 112 y un bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Piden que se cite a Camarero y a Vilaplana

Además, la acusación popular ejercida por Podemos en la causa de la DANA ha solicitado la citación como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista con la que Mazón comió el día de la DANA.. Entienden que, puede ser interesante qué llamadas recibió el Sr. Presidente,en qué momentos, sobre qué cuestiones y cuál fue su reacción de las que habla la periodista en su carta abierta.

Y por su parte, la acusación popular ejercida por Intersindical Valenciana en la causa de la DANA ha solicitado la citación como testigo de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, quien salió de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre para ir a una entrega de premios de la patronal. El sindicato pretende saber “lo ocurrido en la reunión entre las 17.00 y las 17.40”, los minutos en que estuvo conectada la también consellera de Igualdad, y por qué dijo que no se estaba hablando en esos momentos de la posible de rotura de la presa de Forata.

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