El alcalde de Dénia critica el plan de ocio en el puerto y avisa de acciones legales contra la Generalitat

Dénia

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha mostrado su rechazo frontal al proyecto de la Generalitat Valenciana para construir y explotar un complejo de ocio y hostelería en el puerto, en la zona del Raset. La concesión contempla más de 6.000 metros cuadrados de ocupación durante 30 años, a cambio de un canon anual de 30.000 euros.

Grimalt denuncia que la iniciativa se ha planteado sin participación del consistorio ni de la ciudadanía. “Se hipoteca la fachada marítima de la ciudad”, ha afirmado en Radio Dénia SER, subrayando que la zona afectada es un espacio natural con dunas y vegetación junto al mar.

Un proyecto sin diálogo con el ayuntamiento

El primer edil insiste en que Dénia ya cuenta con una oferta saturada de ocio y restauración, por lo que cuestiona la necesidad de nuevas instalaciones de este tipo.

Críticas a la Generalitat y a la gestión del puerto

El alcalde ha señalado que el proyecto se conoció únicamente a través del Diari Oficial de la Generalitat, sin que la comisionada del puerto —que además es concejala del Partido Popular en Dénia— informara ni compartiera la propuesta con el ayuntamiento.

“Cada decisión se toma a espaldas del pueblo de Dénia. El objetivo de la Dirección General de Puertos es hacer negocio, sin tener en cuenta a la ciudadanía”, denunció Grimalt.

Recursos legales y contradicciones

El consistorio confirma que recurrirá a todas las vías legales disponibles para intentar frenar la licitación. Grimalt también ha recordado la contradicción que supone que la Generalitat rechazara en su día la propuesta municipal de crear en esa misma zona un centro de formación profesional vinculado a la actividad portuaria, alegando su impacto visual, mientras ahora impulsa un edificio de más de 9 metros de altura destinado a usos hosteleros.

Con este nuevo enfrentamiento, el futuro del puerto de Dénia vuelve a estar en el centro del debate político y ciudadano. El alcalde reclama que cualquier decisión sobre la fachada marítima se tome con diálogo y consenso, integrando el puerto en la ciudad y respondiendo a las necesidades reales de los vecinos y vecinas.