Trabajadores del sector social salen a la calle en Alicante para denunciar las precarias condicionales laborales

Alicante

Trabajadores del sector social se han concentrado esta mañana en Alicante, en una convocatoria estatal, para denunciar la precariedad laboral que están padeciendo.

Cerca de una veintena de personas se han reunido en la Avenida de la Constitución, frente al Mercado Central, para pedir a la Vicepresidencia Primera de la Generalitat y Conselleria de Servicios Sociales más recursos para el sector.

Aurora Mateo, vocal de la Plataforma del Sector Social en el País Valencià, lamenta el abandono institucional que sufren los trabajadores que cuidan a personas dependientes, con discapacidad, infancia y adolescencia o mayores.

Admite que el personal trabaja en precario para empresas privadas en la que el negocio es "ir a la mínima "y en hacer pliegos de condiciones más baratos para que a la administración le salga más rentable el coste por plaza de los recursos.

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Mateo asegura que preocupa mucho la situación de los centros de protección.

En Alicante, por ejemplo, hay hacinados 58 menores, muchos de ellos durmiendo en el suelo, y comiendo y estudiando en el mismo espacio. El edificio está en obras y cuenta con muy pocas medidas de seguridad y con denuncias del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Preocupa también la situación de la Residencia de Personas con Discapacidad de Santa Faz.

Recuerda Mateo que es la Conselleria de Susana Camarero la que tiene competencia para dotar los recursos que sean necesarios para que el sistema funcione. "No nos vale que la Generalitat se escude en que no llegan recursos por parte del Estado".

Añade que la privatización del sector lo único que trae consigo es precariedad para los trabajadores y en los recursos. "Las personas tienen que ser atendidas porque los Servicios Sociales son un derecho universal".

Desde la Plataforma de Profesionales del Sector Social también se han mostrado en contra de los discursos de odio. Lamentan que se señale a los menores o a cualquier otro colectivo como responsables de la precariedad. Admiten que ellos también son víctimas de un sistema roto, sin recursos suficientes.

Además de mejorar las condiciones laborales, reclaman el fin del deterioro por externalización de servicios, un reconocimiento real de la profesión, la equiparación progresiva entre personal de entidades públicas y privadas, o la actualización de salarios por coste de vida, entre otras demandas.

La Generalitat ultima un centro de emergencia para menores

La Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda está trabajando en la “inminente” apertura de un nuevo centro de emergencia para acoger a los menores no acompañados ante la masiva e inédita llegada registrada en las últimas semanas, que está provocando una presión migratoria sin precedentes y está llevando al colapso del sistema de acogida en la Comunitat Valenciana.

Tal y como se ha explicado en los últimos días, la Comunitat Valenciana está experimentando una incesante llegada de menores no acompañados, que solo en este mes de septiembre ha superado los 50 nuevos menores en el sistema, lo que significa que cada día llegan a nuestros centros casi tres nuevos menores no acompañados. De esta forma, ya se han atendido a más de 900 menores en lo que llevamos de año, alcanzando así el número de jóvenes atendidos en todo el 2024.

Desde la Generalitat se ha trabajado para contar con un sistema sólido y adecuado, y, además, se ha aumentado en un 62% las plazas, 122 más hasta contar con 319 en el proyecto migratorio. Un claro ejemplo de la responsabilidad de este Consell, que además está invirtiendo más de 20 millones en la mejora de las instalaciones de todos los centros, que llevaban años en el abandono.

No obstante, y ante la inacción del Gobierno en política migratoria, el sistema está constantemente tensionado y las plazas ocupadas al 160%. Una cifra que en los últimos días se está superando dado el volumen de menores que llegan de forma directa a la Comunitat por distintas vías, tanto en pateras, como desde otras autonomías o en los cupos de mayores que envía el Gobierno desde Canarias y en los que se cuelan menores que después aparecen en los centros de la Comunitat.

Cabe señalar la especial presión que recae sobre Alicante, al ser una de las provincias más receptoras por su ubicación. Esto hace que la Generalitat ponga todos los medios para reforzar los recursos en esta provincia y mantenga la exigencia firme al Gobierno para que active una política migratoria eficaz que paralice la llegada descontrolada de menores que se juegan la vida en el mar y son víctimas de mafias, con el objetivo de seguir poniendo por encima de todo el interés superior del menor y mantener el sistema de calidad y atención integral con el que cuenta la Comunitat Valenciana.