La argumentación jurídica, en peligro
Manuel Atienza, profesor emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, analiza la tesis que defiende Javier Pérez Royo en el artículo "La amenaza judicial"

No vamos a contar mentiras: «La argumentación jurídica, en peligro»
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Alicante
El pasado 3 de septiembre, Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, publicaba en elDiario.es el artículo “La amenaza judicial”. Este es un fragmento que, a continuación, analiza el profesor Manuel Atienza:
«Por primera vez en la historia Constitucional americana la Corte Suprema ha decidido sin motivación de ningún tipo hacer suya la decisión presidencial de desmantelar el Departamento de Educación creado por decisión del Congreso (Quinta Jurecic. The Atlantic 15 de julio de 2025. THE SUPREME COURT W’ONT EXPLAIN ITSELF. “En su decisión de permitir que la Administración Trump desmantele el Departamento, los jueces no ofrecen una sola palabra de razonamiento”.) Se trata de uno de los puntos culminantes de la degradación democrática del sistema político americano, a la que en España pienso que no se está prestando la atención que merece» Javier Pérez Royo (2025).

Sentados, de izquierda a derecha: los jueces Sonia Sotomayor y Clarence Thomas, el presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts, Jr., y los jueces Samuel A. Alito, Jr. y Elena Kagan; de pie, de izquierda a derecha: los jueces Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson (Montaje fotográfico del original sobre una gorra de MAGA). / Silvia Cárceles Pozo

Sentados, de izquierda a derecha: los jueces Sonia Sotomayor y Clarence Thomas, el presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts, Jr., y los jueces Samuel A. Alito, Jr. y Elena Kagan; de pie, de izquierda a derecha: los jueces Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson (Montaje fotográfico del original sobre una gorra de MAGA). / Silvia Cárceles Pozo
La tesis que defiende el artículo de Javier Pérez Royo es que la mayor amenaza que se cierne sobre la democracia en España es la judicial, que habría venido a sustituir a la amenaza militar de otros tiempos. La razón que da para pensar así son diversas actuaciones de los jueces españoles (sobre todo, la convocatoria de una huelga para oponerse a un proyecto de ley para cambiar el acceso a la carrera judicial en España), que mostrarían su propósito de convertirse en un poder político, en lugar de actuar como un poder cuya legitimidad proviene exclusivamente de su sometimiento al imperio de la ley. Por eso, la obligación de motivar las decisiones que establece la Constitución consistiría -según Pérez Royo- “en hacer visible que es la voluntad del legislador contenida en la ley y no la suya propia la que preside la decisión judicial”.

El pasado mes de junio, jueces y fiscales realizaron un paro simbólico de 10 minutos ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para mostrar su oposición a la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, convocado por varias asociaciones judiciales y fiscales. / Daniel Gonzalez

El pasado mes de junio, jueces y fiscales realizaron un paro simbólico de 10 minutos ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para mostrar su oposición a la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, convocado por varias asociaciones judiciales y fiscales. / Daniel Gonzalez
Comentarios de Manuel Atienza a la tesis de Javier Pérez Royo
«Yo calificaría el artículo de Pérez Royo como una exageración, con un propósito político más o menos explícito: ponerse del lado del Gobierno en relación con los diversos contenciosos que tiene abiertos a propósito de varias decisiones judiciales.
Al tratarse de una exageración, eso quiere decir que algunas de las afirmaciones de Pérez Royo son, en mi opinión, acertadas: la legitimación de la jurisdicción no es por su origen, sino por su ejercicio; los jueces no son elegidos (y no deben serlo, a pesar del reciente caso mexicano) democráticamente. Y lo que se les pide -se les debe pedir- a los jueces es que ejerzan su poder con independencia e imparcialidad, y no como si fueran los nuevos “señores” del Derecho.
Y, en fin, en ese contexto, creo que sí es cierto que algunas actuaciones judiciales de los últimos tiempos no son aceptables. Pero de ahí a considerar que, en relación con la democracia en España, “la amenaza militar ha sido sustituida por una amenaza judicial que puede ser no menos destructiva” hay un largo trecho que no debería recorrerse.
Creo que la situación de las diversas instituciones democráticas en España atraviesa realmente por un mal momento, pero si esa crisis se focalizara exclusivamente en la jurisdicción parecería que, por ejemplo, los otros dos grandes poderes del Estado -el ejecutivo y el legislativo- funcionan sin ninguna tacha, al menos sin ninguna tacha democrática, lo que me parece que está lejos de ser cierto.

Fotograma de 'Anatomy of a Murder' (Otto Preminger, 1959)

Fotograma de 'Anatomy of a Murder' (Otto Preminger, 1959)
Sinceramente, no creo que la principal causa del mal funcionamiento de la democracia en España resida en los jueces que, en contra de lo que muchas veces suele pensarse (a lo que invita el artículo de Pérez Royo), actúan por lo general de manera independiente e imparcial.
Y yendo a la cuestión de fondo que plantea el artículo. La motivación de las decisiones judiciales es una gran conquista del constitucionalismo contemporáneo, porque ofrece el principal medio que la sociedad tiene para controlar el poder de los jueces: obligarles a dar razones de – a justificar- por qué deciden lo que deciden. En este aspecto, por lo que se refiere a la práctica judicial, ha habido un gran cambio en España, desde la Constitución de 1978. Y un aspecto fundamental de la cultura jurídica tiene que consistir en tomarse en serio esa obligación de justificar (mediante argumentaciones apropiadas para ello) las decisiones. Pero se trata, por cierto, de una obligación que, me parece, es bastante más compleja de lo que piensa Pérez Royo.
Él parece dar a entender que todo lo que tiene que hacer el juez, para motivar una decisión, es indagar cuál haya sido la voluntad del legislador al establecer una ley y someterse a ella. Pero los problemas de interpretación en el Derecho no pueden solucionarse (o, al menos, no siempre) así. Entre otras cosas, porque el sometimiento del juez a la ley lo es también a la Constitución y ese sometimiento a la Constitución rige también para los legisladores y para los miembros del ejecutivo».
Decálogo del buen argumentador
En su artículo "Diez consejos para argumentar bien o decálogo del buen argumentador", publicado en Doxa - Cuadernos de Filosofía del Derecho, el profesor Atienza propone diez reglas o consejos, técnicos y éticos, para argumentar bien en Derecho o en otros ámbitos. Se pueden resumir así:
1. Prepararse bien. Tener conocimiento profundo del tema, de la teoría del Derecho, de los materiales y de los instrumentos argumentativos.
2. Adaptar el argumento al contexto. Reconocer que aquello que funciona bien en un debate puede no servir en otro; por ejemplo, no es lo mismo una conferencia que una mesa redonda.
3. Evitar la redundancia y la verborrea. No decir muchas veces lo mismo ni usar más palabras de las necesarias; discursos demasiado extensos pueden cansar o inducir errores.
4. Esforzarse por entender al otro. Aunque no estemos dispuestos a admitir que el otro tiene razón, sí debe intentarse comprender bien sus argumentos: es un deber moral y también estratégico.
5. Ser abierto a concesiones. No adoptar una postura rígida que niegue toda concesión al adversario; la tozudez suele ser contraproducente para persuadir.
6. Buscar otra vía si la original se bloquea. Si los argumentos propios chocan una y otra vez, puede ser útil replantear o atacar desde otro ángulo, sin desviarse del tema principal.
7. Recurrir el humor con medida. El humor puede estar presente, pero siempre con respeto y sin perder la moderación; hay contextos en los que bromear no es apropiado.
8. No depender del prestigio o de la moda. No se argumenta bien citando autores famosos o palabras “de prestigio”; lo importante son las razones mismas y su calidad.
9. Ir al punto, fijar la cuestión. Es esencial definir claramente de qué se está hablando; evitar irse por las ramas.
10. Valorar la variedad de maneras de argumentar bien, y aceptar que hay muchas de errar. Reconocer que hay estilos diferentes, que cada persona tiene su estilo argumentativo, que debe encontrarlo y elaborarlo.
Referencias
Atienza, M. (2012). Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, Ariel.
Atienza, M. (2006). Diez consejos para argumentar bien o decálogo del buen argumentador, Cuadernos de Filosofía del Derecho 29:473-475.
Atienza, M. (2006). El Derecho como Argumentación, Ariel.
Herrera, E., Oliveres, V. (2024). La derecha judicial arrasa en los puestos de responsabilidad que los jueces eligen por votación, elDiario.es, 1 de diciembre.
Pérez Royo, J. (2025). La amenaza judicial, elDiario.es, 3 de septiembre.
Manuel Atienza

Manuel Atienza, profesor emérito de filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante / Silvia Cárceles Pozo

Manuel Atienza, profesor emérito de filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante / Silvia Cárceles Pozo
Manuel Atienza es profesor emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, donde dirige la revista Doxa - Cuadernos de Filosofía del Derecho.
Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valencia, así como en la Academia Europea de Teoría del Derecho. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades, entre las que se destacan la Universidad de Buenos Aires, en Argentina y la universidad de Cornell University, en Estados Unidos.
Ha participado como profesor en diversos cursos de doctorado y en cursos de capacitación a Magistrados tanto en España como en Latinoamérica.
Entre sus libros destacan, El Derecho como argumentación, Tras la justicia y El sentido del Derecho (Editorial Ariel, 2012).
Desde hace más de dos décadas, el profesor Atienza dirige el Máster de Formación Permanente en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante.
‘No vamos a contar mentiras’
Todos los martes, a las 13:45 horas, Miguel A. Goberna, profesor emérito de Matemáticas de la UA, les propone un bulo científico que todos, o casi todos, hemos escuchado o leído en alguna ocasión en un medio de comunicación, en una red social o en un libro.
Serán los profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante quienes refutarán esas falsedades. Y es que, como diría Goethe (pero nunca dijo): “¡Ciencia! ¡Más ciencia!”.





