Save the Children: la mayoría de abusos a menores en la Comunitat Valenciana son cometidos por personas conocidas por la víctima

València

En la Comunitat Valenciana, los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexuales siguen enfrentándose a procesos judiciales largos que los exponen nuevamente al dolor de los hechos sufridos y de los que suelen ser autores personas próximas a las víctimas.

Así lo refleja el nuevo análisis de Save the Children ‘Por una justicia a la altura de la infancia’ basado en el estudio de 88 sentencias con 118 víctimas dictadas entre 2019 y 2024.

Según el análisis, en el 65% de los casos de esta autonomía analizados las víctimas son niñas o adolescentes, y la edad media de inicio de los abusos se sitúa entre los 11 y los 12 años.

Save the Children advierte que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y, al mismo tiempo, una de las más ocultas. Prueba de ella son los últimos datos del Ministerio del Interior. En 2023 se presentaron en la Comunitat Valenciana 1090 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que representa una pequeña parte de la realidad, ya que en la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse.

“Esto representa solo la punta del iceberg. Casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial no está dando una respuesta a la infancia que ha sido víctima”, señala Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

En cuanto a los agresores, la mayoría son hombres, y en casi 9 de cada 10 casos es una persona conocida por la víctima, de los cuales el 35% procede del entorno familiar. Solo en el 14% de los casos el agresor no conoce a la víctima.

Procesos judiciales demasiados largos y más revictimización

El estudio pone de manifiesto que el 41% de los casos se prolonga más de tres años, y en un 6% supera los cinco años. Las víctimas, además, deben revivir los hechos una y otra vez ya que deben declarar más de una vez.

"La duración de los procesos refleja que niños y niñas víctimas están años reviviendo lo ocurrido, lo que dificulta su recuperación. Es fundamental la implementación de sistemas de justicia especializada que contribuya a reducir estos tiempos, agilizando los procedimientos y limitando la necesidad de que declaren más de una vez", señala Hernández.

Aunque la aplicación de la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio, se menciona solo en el 23% de los casos, una cifra que sigue siendo insuficiente.

Una justicia a la altura de la infancia

En 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025, por el que se crean las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia conforme a lo establecido en la LOPIVI. Sin embargo, no se contempla ninguno en la Comunitat Valenciana (sólo se contempla la creación de tres en Barcelona, Madrid y Málaga para todo el Estado).

Aunque se trate de un avance, Save the Children advierte que esta medida deja fuera a la mayoría de niños y niñas víctimas de violencia, ya que dejará la mayoría de los casos en manos de secciones de instrucción sin formación específica en infancia.

Asimismo, es necesario aclarar las competencias y la coordinación con otras jurisdicciones (familia, violencia contra lo mejor y menores), garantizando que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas. Si bien la implantación de estas secciones debe ser progresiva, cumplir con los compromisos de la LOPIVI exige un despliegue más ambicioso desde el inicio.

Además, tal y como establece la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ya 4 años, no se han creado fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares. Por otro lado, en ninguna de las sentencias analizadas los jueces y juezas hicieron referencia al interés superior del niño.

Los principios de la LOPIVI

La organización recuerda que se deben de cumplir los compromisos de la LOPIVI y garantizar una justicia especializada para la infancia en todo el territorio. Entre ellas se encuentran:

- Ampliar de manera urgente el número de secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia.

- Crear fiscalías especializadas en violencia y equipos técnicos multidisciplinares.

- Garantizar la práctica sistemática de la prueba preconstituida, extendiendo la obligatoriedad para la grabación del testimonio a los menores de edad mayores de catorce años, protegiendo a todas las edades frente a la revictimización.

- Incorporar de manera efectiva la evaluación del Interés Superior del niño en todas las sentencias.

- Resolver cuestiones competenciales para que los casos de violencia sexual contra las niñas se tramiten en las secciones de infancia y adolescencia, evitando así desigualdades y garantizando una atención adecuada a sus necesidades.

- Extender el modelo Barnahus a todas las comunidades autónomas.

Barnahus: un modelo que funciona

La organización insiste en la necesidad de implantar en todo el país el modelo Barnahus (casa de los niños), donde las víctimas son atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados. Se trata de un modelo de atención integral a los niños y niñas víctimas de violencia sexual, ya que todas las instituciones implicadas en un caso de abuso sexual infantil trabajan de forma coordinada bajo un mismo techo, con el fin de evitar la victimización secundaria.

Solo en 2024, las Barnahus de Cataluña atendieron cerca de 3.000 casos de violencia sexual infantil. Los resultados del proyecto piloto en Tarragona muestran que este modelo reduce la duración de los procesos judiciales de casi tres años a poco más de un año, aumenta las condenas (del 65,9% al 84,5%) y mejora la experiencia de las víctimas, que deben repetir menos veces su testimonio.

“Es imprescindible que se continúe impulsando en la Comunitat Valenciana este modelo, poniendo en marcha su pilotaje en la autonomía. Los derechos de miles de niños y niñas están en juego”, apunta Hernández.

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