La Coordinadora Valenciana de ONGD exige la devolución de 5,5 millones defraudados por los condenados en el “Caso Blasco”

València

La Coordinadora Valenciana de ONGD se ha sumado hoy a la petición de la Abogacía de la Generalitat para que los condenados por la trama de corrupción del “Caso Blasco” devuelvan 5,5 millones de euros, cifra a la que asciende el dinero defraudado por la trama, según el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. Lo ha hecho coincidiendo con la vista celebrada hoy en València para determinar la responsabilidad civil de la trama de políticos, empresarios y funcionarios encabezada por el exconseller Rafael Blasco, que saqueó durante años dinero público destinado a la cooperación con países empobrecidos.

La vista de este viernes intenta dilucidar uno de las cuestiones fundamentales que dejó sin abordar la Audiencia de València y el Tribunal Supremo en sus sentencias de abril de 2020 y diciembre de 2022: la cantidad de dinero que tienen que devolver los condenados que, para robar dinero público, malversaron, crearon ONG falsas, falsificaron todo tipo de informes, forzaron a funcionarios a prevaricar, y un largo etcétera de delitos ya probados.

La Coordinadora ha denunciado durante años que, si los tribunales no exigen la devolución de los fondos defraudados, se está trasladando un mensaje de impunidad muy grave. “De hecho, a los condenados se les aplicó la atenuante de reparación del daño cuando no han reparado absolutamente nada y ni siquiera han realizado un esfuerzo real por hacerlo”, recuerda su presidente, Enrique Asensi.

A modo de ejemplo, Rafael Blasco, a pesar de los innumerables cargos políticos que ha ostentado a lo largo de su vida, se presentó en el juicio como un jubilado insolvente, aportando para responder por lo robado propiedades que o bien ya estaban embargados o bien no estaban a su nombre. Por su parte, el que fuera director general con Blasco, Josep María Felip -condenado por malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial-, abonó apenas 15.000 euros, una cantidad sin ninguna proporción con el daño causado y que no se entiende después de su larga vida laboral como alto funcionario.

Respecto al cabecilla empresarial de la trama, Augusto César Tauroni, hace casi tres años trascendió en los medios que el yate decomisado al empresario en Miami para recuperar el dinero de la cooperación “desapareció" en un temporal. Sin embargo, la Coordinadora ha sido informada por fuentes judiciales de que está en trámite la subasta de dos apartamentos comprados con dinero público por el empresario también en Miami, cuyo valor podría acercarse al millón de euros.

Petición a la Generalitat

La Coordinadora pedirá al gobierno autonómico que ese dinero y cualquier otra cuantía que se llegue a recuperar, se dedique a los fines a los que estaban destinados: la cooperación internacional para luchar contra la pobreza en países empobrecidos.

“La recuperación de los fondos es el único de los tres objetivos que nos marcamos en la Coordinadora al personarnos en la causa, que no hemos logrado hasta la fecha. A pesar de las dificultades, las ONGD hemos conseguido que no se cerrara el caso en falso con un acuerdo vergonzoso, como estuvo a punto de ocurrir en más de una ocasión, y también hemos conseguido, a nuestro juicio, recuperar la dignidad de la cooperación valenciana dejando claro que este era un caso de corrupción dirigido por políticos y empresarios y que las ONGD estábamos en primera línea para que se hiciera justicia”, ha explicado Asensi.

La Coordinadora Valenciana de ONGD llama la atención sobre lo difícil que es para la ciudadanía buscar justicia en casos de corrupción tan complicados. Un equipo de personas voluntarias junto al abogado contratado, Raúl Vidal Sánchez, ha estudiado durante años un caso cuya instrucción constaba de más de 50.000 folios en 168 tomos, y 24 piezas separadas con más de 40.000 folios con documentación intervenida en las entradas y registros de domicilios. Además, constaban en la instrucción más de 35.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas que han dado lugar a la formación de quince tomos, y se ha analizado el contenido de 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos.

En cuanto al coste económico de diez años de litigios frente a algunos de los equipos de abogados mejor pagados, más de la mitad de los cerca de 72.000 euros que ha costado la personación se han sufragado a través de la colaboración ciudadana por medio de crowdfunding, venta de camisetas y otras actividades de recaudación de fondos. El resto ha tenido que salir de los fondos propios de la Coordinadora a lo largo de una década.

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