Compromís denuncia sobrecostos de hasta 172 euros por abortos en Alicante
Dos clínicas privadas, a las que son derivadas las alicantinas que quieren interrumpir su embarazo facturan por 1,3 millones de euros sin que medie convenio alguno
Una ecografía en una clínica de Alicante
Alicante
Dos empresas facturan a Sanidad sin ningún convenio casi un millón 300.000 euros por los abortos de las alicantinas.
Es la denuncia de Compromís, que insiste en que en ninguno de los hospitales de referencia de Elche o Alicante se puede acceder como marca la ley a este derecho reproductivo de las mujeres, que son derivadas al sector privado.
La coalición ha estudiado las facturas pagadas entre 2023 y 2024 por la Conselleria de Sanidad a unas pocas empresas ginecológicas por las derivaciones de las interrupciones voluntarias del embarazo.
La diputada Mónica Àlvaro ha detectado un número importante de sobrecostes que van desde los 12 a los 172 euros dependiente del caso y ha denunciado la inexistencia de ningún convenio con estas empresas.
Por su parte, la concejal de Alicante, Sara Llobell, ha denunciado una vez el descontrol y la falta de atención de la administración autonómica y los sobrecostes.
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Sara Llobell, concejal de Compromís en Alicante, sobre el sobrecosto de abortos en clínicas privadas de Alicante
En 2024, las mercantiles realizaron un total de 8.973 interrupciones voluntarias en la Comunidad Valenciana, de las cuales la Generalitat se hizo cargo de la financiación de 6.576 casos por los que pagó un total de 3.220.824 euros, según la propia información de Sanidad facilitada a Àlvaro a lo largo del último año.
En el caso de la provincia de Alicante, donde la mayoría de mujeres que quieren ejercer este derecho reproductivo son derivadas al sector privado, la factura se acerca al 1,3 millones de euros concentradas en dos empresas.
Cálculos comparando facturas con los precios anunciados y con la media española
La coalición valencianista ha hecho sus cálculos comparando las facturas pagadas por la Generalitat y comparándolos no solo con el precios anunciados por las empresas, sino también con la media marcada por la Memòria de Anàlisi de Impacto Normativo del Gobierno de España hecho a raíz de la reforma legal de 2022. Dicha memoria marca como referencia un precio medio unitario de 380 euros.
Así, en la interrupción farmacológica (ingesta de píldoras abortivas), la Consellería paga 475 euros, lo que supone un sobrecoste de 25,85 euros sobre el precio privado y 95,85 euros por encima de la referencia del ministerio.
En la interrupción quirúrgica (intervención física sobre la paciente): La Conselleria paga 402 euros por ésta sin sedación, antes de las 12 semanas de embarazo. La horquilla de precios muestra que los pagos oscilen entre sobrecostes de 11,97 euros, según los precios ofertados por la empresa privada y 21,97 euros más que la estimación hecha por el Gobierno del Estado.
La coalición ha denunciado en muchas ocasiones la imposibilidad de practicar una interrupción voluntaria del embarazo en ninguno de los hospitales de referencia de la segunda y tercera ciudades en población, Alicante y Elche, incluso cuando prácticamente no existen objetores de conciencia entre los profesionales sanitarios de los departamentos.
Sonia Martín
Cubro información local en sus variadas secciones de Alicante y comarca. Licenciada en Ciencias de la...
