Susana Marco (CSIF): "Una alerta roja no debería paralizar el servicio público"

Valencia

La alerta roja por fenómenos meteorológicos extremos ha provocado que trabajadoras y trabajadores se ampararan en el decreto del Gobierno Central que autoriza a no acudir a sus puestos de trabajo. Sin embargo, desde el sindicato CSIF en la Comunitat Valenciana denuncian que la falta de un marco sólido de teletrabajo en la administración pública representa una irresponsabilidad que pone en riesgo la continuidad del servicio público.

Así lo expone Susana Marco, responsable autonómica de Administración Pública de CESIF Comunidad Valenciana, en La Ventana Comunitat Valenciana.

Un protocolo de emergencia claro, pero con fisuras

Marco confirma que existe un protocolo de emergencia que se ha seguido “rigurosamente”. No obstante, reconoce que “quizás ha habido algunas ambigüedades en la transmisión de la información”. A pesar de ello, asegura que “todas las subsecretarías y los centros que rigen los recursos humanos lo tienen más o menos claro”.

La jornada ha sido “frenética”, y en algunos casos “no llegaba la información suficientemente clara”. En este punto, destaca el papel de los delegados sindicales, que han colaborado en la transmisión de la información. “Al final, la gente lo tenía bastante claro”, afirma.

La falta de un teletrabajo articulado

El núcleo de la denuncia sindical no está en el protocolo de emergencia, sino en su segunda parte: la posibilidad de que los funcionarios puedan teletrabajar para que los servicios públicos no se paralicen. Marco señala que existe un decreto de teletrabajo, el 49/2021, que CSIF no apoyó en su momento “porque está mal concebido”.

Recuerda las negociaciones con la entonces consellera Gabriela Bravo, marcadas por la polémica y la falta de acuerdo. “Es un decreto que parte del arbitrio de las subsecretarías de cada conselleria”, explica. Esto genera desigualdad: “Por ejemplo, yo, subsecretaría de Sanidad, creo en el teletrabajo, lo pongo en marcha en algunos departamentos; y en otras consellerias, pues no”.

Pone como ejemplo la propia Sanidad, que “no lo tiene”. Y subraya que hay “muchísimo trabajo que no se ve”, como expedientes, informes y tareas administrativas que no requieren atención directa al públicoen ese ámbito. Según Marco, “ni siquiera un 10 % de los funcionarios de este sector” —unos 18.000, estima— tienen articulado el teletrabajo conforme al decreto vigente.

Además, señala que cuando un funcionario cambia de puesto, promociona o entra nuevo en la administración, “no se pueden incorporar” a programas de teletrabajo ya vigentes. “Con lo cual, es un decreto que no sirve realmente para el objetivo”, sentencia.

Marco considera que sí hay puestos que no pueden acceder al teletrabajo, pero aclara que no todos los puestos permiten las mismas condiciones. “Yo ya parto de la base de los puestos de trabajo donde se ha hecho un estudio que demuestra que son susceptibles de aplicar el teletrabajo”, dice. Deja fuera los trabajos que, por definición, no pueden realizarse a distancia.

El problema, insiste, es que “todos los funcionarios de una determinada conselleria o de una dirección general de un organismo autónomo están supeditados al arbitrio de la subsecretaría de turno que lo quiera aplicar o no”. Y eso, afirma, “hay que negociarlo con CESIF”.

Recuerda que el acuerdo de legislatura incluía este punto, pero advierte que “la legislatura se va acabando” y que “cada vez nos vemos más expuestos a este tipo de situaciones extremas que parecen haber venido para quedarse”.

La cara invisible del trabajo público

Marco pone el foco en el trabajo administrativo que no se ve, pero que sostiene el funcionamiento de la administración. “No es la cara visible que uno ve cuando llega, por ejemplo, al Labora, que precisamente fue pionero en implantar el teletrabajo”, señala. Pero hay otro “montón de trabajo administrativo que no se ve”, donde los funcionarios gestionan, tramitan, informan y coordinan.

La ciudadanía también se ve afectada

Otro aspecto que preocupa a CSIF es el impacto en la ciudadanía. “El servicio adecuado se va a prestar porque efectivamente hay estudios que indican qué puestos pueden ser susceptibles de teletrabajar y cuáles no”, afirma Marco. Y subraya que el sindicato es “muy responsable” con esto: los puestos de atención directa no deben teletrabajarse, pero muchos tienen una parte de gestión que sí podría hacerse desde casa.

Incluso en un día como hoy, con oficinas cerradas, Marco insiste en que “una alerta roja no debería paralizar el servicio público”.

La responsable sindical comparte su propia experiencia: “Yo hoy, por ejemplo, estoy teletrabajando todo el día y puedo asegurarte, que mi trabajo no se ha visto mermado por el hecho de hacerlo desde casa”. Cuenta con móvil, ordenador, equipo informado, y está redactando notas constantemente.

“Todo puesto de trabajo cuyo contenido pueda realizarse con un ordenador, con un móvil, elaborando informes, llevando seguimientos… debería poder aplicarse en situaciones como esta”, afirma. Y denuncia que muchos funcionarios se han quedado en casa sin poder trabajar porque su conselleria no tiene teletrabajo articulado.

“Me han llamado esta mañana muchísima gente diciendo: ‘Es que yo quisiera teletrabajar. No quiero estar mirando el techo en mi casa. Quiero contribuir’”, relata. Y concluye: “Hoy podría estar ayudando a que el trabajo saliera adelante, a que se resolvieran listas, ayudas… Todo eso es gestión que no se ve, pero que se tiene que seguir haciendo”.

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