CCOO responde con datos a PP y Vox: los migrantes contribuyen diez veces más de lo que gastan en Seguridad Social
El sindicato denuncia que diferenciar las ayudas entre nacionales y migrantes busca institucionalizar el odio
Isabel Barrajon, CCOO: "No vamos a tolerar la criminalización de ningún colectivo, los migrantes son el motor de nuestra sociedad"
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València
La reciente propuesta de resolución impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular en les Corts Valencianes, que pretende elaborar estadísticas diferenciando a nacionales de personas migrantes en el uso de ayudas sociales y servicios sanitarios, “es un acto de infamia política, una deriva racista que busca legitimar el odio institucionalizando el prejuicio”.
Para el sindicato, es imprescindible llamar a las cosas por su nombre, ya que esta iniciativa es un intento velado de estigmatización donde los datos se convierten en arma arrojadiza contra una parte de la ciudadanía. El discurso de la diputada de Vox, Teresa Ramírez, sobre la supuesta “entrada sin control y desatada de migrantes”, es el epítome del bulo racista. “Su ‘solución’, la de contar cuántas ayudas recibe cada grupo, no busca eficiencia, sino construir un chivo expiatorio al que culpar de problemas inexistentes”, asegura Isabel Barrajón, secretaria de Migraciones de CCOO PV.
Desmontando el engaño con hechos
Frente a esta maniobra, la primera obligación es rebatir la mentira con la realidad. Según los últimos datos disponibles del INE (2024), la población residente en España nacida en un país extranjero, tenga o no la nacionalidad española, representa el 18% de la población total. Las personas nacidas en el extranjero son, en su gran mayoría, de origen latinoamericano y representan el 47% del total.
Las personas migrantes viven de su trabajo y tienen una tasa de actividad mayor (69,3%) que la de la población española (56,4%). En algunos sectores su participación es vital: 7 de cada 10 personas empleadas como trabajadoras del hogar y cuidados son migrantes (72%), casi 1 de cada 2 en hostelería (45%) y 1 de cada 3 en construcción y agricultura (32% y 31%, respectivamente).
Aportan a la economía más de lo que reciben, tanto en cotizaciones como en consumo y trabajo esencial, el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y suponen el 1% del gasto. La OECD (International Migration Outlook) estima que, de media, una persona migrante supone un gasto público un 32% menor que un español o española. Es decir, por cada euro gastado en una persona de origen español, se gasta solo 0,68 euros en una de origen migrante. Una persona migrante promedio contribuye en España con 1.600 euros anuales netos más que alguien nativo.
Respecto al uso de servicios sanitarios, contrario al mito del "colapso", la población migrante utiliza, en general, menos servicios sanitarios, y cuando lo hace suele enfrentarse a barreras de acceso. “Afirmar que acaparan la sanidad pública es una falsedad que solo polariza y alimenta el odio”, manifiesta la responsable sindical de migraciones.
En relación al acceso a ayudas, especialmente quienes se encuentran en situación administrativa irregular, enfrentan mayores obstáculos para recibir prestaciones. Según CCOO PV, si las estadísticas muestran diferencias, no reflejan abuso, sino vulnerabilidad y exclusión social, provocadas por la propia desigualdad del sistema.
La peligrosa normalización del odio
La gravedad de la propuesta radica en que, al diferenciar estadísticamente a la ciudadanía por origen, el Gobierno valenciano (PP-Vox) se convierte en legitimador de la xenofobia. Los derechos a la salud, educación y servicios sociales son universales e inalienables; medirlos bajo la lupa de la nacionalidad es una violación flagrante del principio de igualdad consagrada en nuestra Constitución.
"Esta iniciativa representa un paso hacia la discriminación institucionalizada. Exigimos, por tanto, al Partido Popular que reconsidere de inmediato su apoyo a esta medida. El País Valencià no puede ser laboratorio de pruebas de políticas de odio. La respuesta debe ser unánime y rotunda: condenamos cualquier discurso o medida racista, rechazamos con absoluta firmeza que el odio se instale en las instituciones y advertimos que estas y otras medidas criminalizadoras serán confrontadas con la fuerza de la democracia”, dice Isabel Barrajón.
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