Construcciones ilegales en las partidas rurales de Alicante: 64 investigados y 70 terrenos inspeccionados
Son parcelas rústicas no urbanizables y protegidas en El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent
Construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante investigadas por la Guardia Civil / Guardia Civi
Alicante
La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante. Durante las pesquisas se han realizado más de 70 inspecciones de terrenos
A los investigados, según su grado de participación, se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.
Más información
Ha sido todo un año de investigaciones que se iniciaron tras las denuncias presentadas por asociaciones de vecinos y particulares. También se han desarrollado de oficio.
Estas informaciones apuntaban a la existencia de numerosas infracciones urbanísticas relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.
Los agentes comprobaron que la mayoría de los terrenos afectados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, muchas de ellas ubicadas en zonas de rambla, donde la normativa vigente prohíbe expresamente la división del terreno y cualquier tipo de construcción o edificación.
¿Cómo se actuaba?
Había intermediarios entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores.
En algunos casos, adquirían los terrenos para su posterior reventa. En otros intercedían para convencer a los compradores. Posteriormente, dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto de forma documental como física, para obtener el mayor beneficio económico.
De este modo, los compradores firmaban contratos privados de compraventa, adquiriendo un porcentaje del terreno original, sin una ubicación concreta dentro de la parcela matriz. Asumían así las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la totalidad de la propiedad original.
Como resultado de la investigación, hasta el día de hoy se ha procedido a la investigación de 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios.
Los delitos
A todos ellos se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a algunos, además, delitos de falsedad documental, por alterar documentos relacionados con las operaciones de compraventa para engañar a la Administración Pública, y delitos contra la Hacienda Pública, por defraudar a dicho organismo.
Las actuaciones han sido llevadas a cabo por la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de Alicante, en el marco de las intervenciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) desarrolla para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia.
La Guardia Civil recuerda que adquirir una vivienda construida de forma ilegal conlleva graves riesgos, como la posibilidad de tener que demolerla —con la consiguiente pérdida total del valor invertido—, sufrir daños materiales importantes (por ejemplo, a causa de inundaciones), enfrentarse a sanciones urbanísticas, padecer inseguridad jurídica por problemas en el registro de la propiedad o encontrar dificultades para acceder a servicios básicos como el suministro de agua o electricidad, entre otras consecuencias.
De todas las investigaciones se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante.
