La instrucción judicial que desnuda, día a día, la "negligente gestión de la DANA"

València

En paralelo al dolor de las víctimas, al cruce de acusaciones entre el Gobierno y la Generalitat a cuenta de la gestión de la emergencia y la reconstrucción, está la instrucción judicial. La única abierta hasta ahora es la que dirige Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, y que investiga las posibles responsabilidades penales que se deriven de las decisiones adoptadas durante la DANA.

¿Se pudieron evitar las muertes?

La jueza trata de esclarecer, fundamentalmente, si se pudieron evitar los 229 fallecimientos. De hecho la jueza es muy gráfica en sus autos. Ha llegado a hablar del 29 de octubre como un "infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad". Lo primero que está haciendo la jueza es reconstruir uno por uno los fallecimientos de las 229 personas. Lo hace con las actas de defunción y el testimonio de las familias que van pasando por el juzgado.

Su principal hipótesis de trabajo es que faltaron avisos a la población. Dice la jueza en un auto que "las víctimas desconocían que corrían un altísimo riesgo por usar su coche, bajar al garaje, estar en la vía pública o incluso por el simple hecho de permanecer en su domicilio en planta baja. Víctimas que perecieron de forma terrible".

Por eso ha puesto el foco en la ES-Alert tratando de esclarecer quién fue responsable de su redacción y de su envío, "erróneo y tardío", según la jueza. Ha preguntado quién componía ese día el CECOPI, a los que ha llamado a declarar. Ha pedido las llamadas que hicieron y ha reclamado las imágenes de recurso que se grabaron de esa reunión.

Para aflorar más los agujeros en la gestión de los avisos la jueza ha puesto el foco estos días en la gestión que la Generalitat ha hecho de la emergencia provocada por la borrasca Gabriel reclamando a Emergencias todas las medidas que adoptó cuando se activo el aviso rojo hace justo un mes.

Mención especial merece el asunto de los 37 beneficiarios de la teleasistencia que forman parte de las 229 víctimas. Tras darlo a conocer la SER la jueza ha pedido las grabaciones de las llamadas de los operadores del servicio horas antes de la DANA para saber si se les informó de las lluvias torrenciales que iban a caer.

Y junto a esto, la vigilancia de los barrancos, a la que la jueza también le ha dedicado esfuerzos. La jueza quiere aclarar porqué no se vigilaron las ramblas y los barrancos con suficiente diligencia ese día y si hay alguna responsabilidad por ello, aunque la jueza lo tiene claro: la responsabilidad es quien tiene la competencia en emergencias, es decir, el Consell.

Un detalle de la determinación que la jueza está mostrando: a finales de julio se mostraba muy crítica con el informe cronológico que le había enviado la Guardia Civil. Llegó a afirmar en un auto que dicho informe es "erróneo en sus apreciaciones y, además, acusó a la Policía Judicial de realizar una investigación paralela que no había sido pedida y para la que además no tiene competencias, ya que el análisis de las negligencias es "exclusivamente jurisdiccional".

Dos delitos y dos investigados

De momento solo hay dos personas imputadas: La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número 2, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La jueza ha dejado claro en varios autos que la investigación penal se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento.

Es por esa razón por la que se ha decidido descartar la investigación de los presuntos delitos de daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro. Solo investigará los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Llega a decir la jueza que esos daños “no se podían evitar”, pero “las muertes sí”.

Los de homicidio imprudente y lesiones imprudentes son los dos delitos, por tanto, que la jueza imputa a los dos únicos investigados. La instructora ha ido construyendo, un relato para situar en el centro de la gestión a Pradas y a Argüeso. Son responsables de una "manifiesta pasividad" y una "grosera negligencia", ha llegado a decir la jueza.

La jueza además ha ido rechazando los intentos de las defensas de ambos para el archivo de la causa. La principal, que no se pudieron tomar decisiones porque faltó información. Según la magistrada que los máximos responsables de las emergencias en la Comunitat aleguen eso es "tan absurdo como defender que un juez de violencia de género no sabe que se puede adoptar una orden de protección, o que un controlador aéreo no sepa leer la pantalla del radar".

El papel de Mazón el 29-O

La instrucción judicial ha tratado de poner el foco en la responsabilidad que tuvo Mazón ese 29 de octubre. Recordemos que la jueza preguntando quienes son miembros del CECOPI y quienes no. Luego se interesó por la hora de llegada de Mazón a esa reunión. Después ha querido saber si influyó en el envío de la Es-Alert y por eso ha pedido las llamadas que realizó el presidente, pero también la de los investigados y algunos de los presentes en ese CECOPI.

La instructora no puede investigar a Mazón por su condición de aforado. Tampoco lo puede llamar a declarar como testigo. Las preguntas que se le formularían versarían sobre su actuación durante la emergencia, lo que desplazaría su posición procesal hacia la de investigado. Por eso ha insinuado en alguno de sus autos la posibilidad de que el president pidiera ir a declarar de forma voluntaria, algo de lo que no se ha querido pronunciar nunca Mazón.

Sin embargo, la pasada semana hubo un pequeño giro de guión cuando la Audiencia aseguró que existen motivos para llamar a declarar a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente ese día. La jueza lo había descartado, pero la Audiencia de Valencia afirma que esta declaración permitiría obtener "indicios sólidos" sobre la responsabilidad del president. Asegura la audiencia que la jueza no puede investigar directamente la conducta del president, pero sí practicar diligencias que aporten datos que doten de solidez a una posible imputación futura de Mazón.

Y es que entiende la Audiencia que Vilaplana pueda aportar información sobre las llamadas entre Mazón y Salomé Pradas durante la comida que compartieron, y todo lo que el president podría haberles trasladado a la periodista sobre la reunión del Cecopi. Creen además los magistrados de la Audiencia que la declaración de la periodista como testigo tendría más garantías para la investigación, porque esta condición le obligaría a decir la verdad.

Camino convertirse en una macrocausa

La instrucción acumula 40 tomos. Se han tomado declaración a 350 personas. El Consejo General del Poder Judicial ha tenido que nombrar a una magistrada de refuerzo que asume el funcionamiento ordinario del juzgado para que la jueza de la DANA se centre únicamente en las Diligencias Previas. Pero es que también se ha solicitado el nombramiento de dos funcionarios de apoyo y un letrado de la administración de justicia para asistirle.

Recordemos que la instructora inició al día siguiente de la DANA diligencias por los 75 fallecimientos registrados en las localidades de su partido judicial. Esa cifra fue aumentando semana a semana con las inhibiciones de otros juzgados hasta que en enero se hizo cargo de toda la causa.

No olvidemos además que en la instrucción hay personas, actualmente 13 acusaciones, que ejercen acción popular (Podemos, Vox, CGT, Liberum, Acció Cultural, PSPV, Ciudadanos, Associació Víctimes DANA 29 octubre, Associació de Damnificats de l'Horta Sud, o Compromís...) y 185 acusaciones particulares.

A final de semana habrá sumado ya 370 testificales, hay programadas declaraciones hasta enero, falta la declaración las familias de 50 fallecidos, y no tienen fecha aún la declaración de la vicepresidenta Susana Camarero, el subdirector de Emergencias Jorge Suárez, o el exjefe del Consorcio de bomberos, José Miguel Basset, además de los alcaldes.

El pasado mes de abril declararon los dos únicos imputados por el momento en esta causa penal: la exconsellera de Interior Salomé Pradas y quien fuera su número dos, el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

Ante la jueza han declarado ya testigos destacados, como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez; y, el más reciente, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

También han testificado los técnicos de Emergencias de la Generalitat que participaron en el envío del Es-Alert, además de operadores del 112 y varios expertos, mientras que están pendientes de fijar las fechas de las declaraciones como testigos de una veintena de alcaldes y alcaldesas de la zona más afectada por la DANA.

Una jueza con mucha capacidad de trabajo

Nuria Ruiz Tobarra, que es como se llama la jueza, lleva más de 20 años en la judicatura y ha estado vinculada principalmente a asuntos de familia y violencia de género. Es magistrada decana de Catarroja y ha sido reconocida por su rigor y su empatía con las familias de los fallecidos cuando ha tenido que tomarles declaración.

Madre de tres hijos, durante la instrucción ha denunciado los ataques que está recibiendo, "una campaña de machismo atroz", dijo en un auto, por estar casada con un juez. De hecho está valorando si sanciona al abogado de Argüeso por hacerse eco de unas informaciones que apuntan a que es el marido el que guía a la jueza en la instrucción.

La jueza, por cierto, ha recibido el apoyo de sus compañeros. En su toma de posición como nuevo presidente de la Audiencia de Valencia, José Manuel Ortega, advirtió de que, aunque la crítica a la actuación judicial es "legítima", vigilará los casos en que esta crítica legítima "se vea suplantada por intentos burdos de incidir en la actividad judicial".

De momento, los magistrados del órgano inmediatamente superior a la jueza han avalado la inmensa mayoría de decisiones, entre ellas, la de no declarar como investigados, de momento, a la Delegada del Gobierno, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, o al jefe de climatología de AEMET y que habían pedido algunas acusaciones. La Audiencia avaló esa decisión.

El TSJ, por su parte, ha desestimado la querella interpuesta por Manos Limpias contra la jueza, al entender que los hechos relatados en la misma no son constitutivos de delito. El tribunal no aprecia prevaricación en la actuación de la instructora por el dictado de diferentes autos en los que, entre otras cosas, limitó el ejercicio de la acción penal a la organización querellante y dejó finalmente sin efecto su personación.

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