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Vox despliega su discurso negacionista y racista en las enmiendas a la Renta Valenciana de Inclusión

Exigiendo más requisitos a la población migrante o incluyendo a hombres como "víctimas de violencia intrafamiliar"

El síndic de Vox, José María Llanos, en les Corts / José Cuéllar/Corts Valencianes

El síndic de Vox, José María Llanos, en les Corts

València

Vox ha presentado este jueves sus enmiendas a la reforma de la renta valenciana de inclusión que tramita la Generalitat, con nuevas propuestas ultras. Entre otras cosas, proponen incluir como beneficiarios a hombres que sean víctimas de violencia intrafamiliar, según dicen, y equipararles con las mujeres víctimas de violencia machista... También se obliga a los beneficiarios de esta renta valenciana de inclusión a hacer un curso en el que aprendan el idioma y las costumbres de España o se excluye a las personas con sentencia por una ocupación de vivienda.

En la ley actual, las solicitudes se entienden por estimadas si a los cinco meses de pedir la renta de inclusión no ha habido respuesta de los servicios sociales... pero la ultraderecha propone lo contrario, que ante el silencio administrativo se desestime la solicitud. Vox también ha presentado una moción para eliminar el consejo valenciano de inclusión y derechos sociales o para eliminar las excepciones que permitían dar esta renta a personas en especial situación de vulnerabilidad que no cumplían los requisitos.

Las enmiendas de Vox

Vox plantea en sus enmiendas al proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) que se garantice a los beneficiarios de la ayuda "el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país", así como "la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres". También exige que la ocupación de una vivienda sea considerada infracción "muy grave".

En concreto, la formación presidida por Santiago Abascal propone modificar el apartado 3 del artículo 17 para incluir entre las actuaciones específicas del Plan de Atención Individual de Inclusión (PAI) un itinerario que garantice "el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial, atendiendo a la costumbre del país", así como "el acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres".

Proponen también que, una vez transcurrido el plazo máximo de cinco meses para resolver la solicitud de reconocimiento del derecho a la prestación de la renta, si la resolución "no ha sido dictada y notificada, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo".

Además, Vox pide modificar el apartado 2 del artículo 4, sobre los requisitos que deben cumplir las personas destinatarias de la RVI, para no exigir a las de entre 23 y 30 años que tengan que acreditar haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

En estos casos, plantea que, como excepción, sea "víctima de violencia sobre la mujer" o de "violencia intrafamiliar que hayan abandonado, la víctima o el agresor, su domicilio habitual, solas o acompañadas de otros familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad".

"Arraigo histórico-cultural y convivencial"

También pide no exigir este requisito a personas "en las que concurran situaciones de especial vulnerabilidad debidamente acreditadas en el diagnóstico de vulnerabilidad o exclusión social y en el correspondiente informe social, emitidos a tal efecto por los servicios sociales de atención primaria, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y que demuestren un arraigo histórico-cultural y convivencial en el municipio".

Vox plantea asimismo modificar el artículo 13 sobre obligaciones de las personas destinatarias y añadir la exigencia de que, en el caso de tener menores de edad a cargo, se responsabilicen de su "escolarización y asistencia al centro educativo".

Por otra parte, en cuanto al apartado de infracciones muy graves, la formación plantea incorporar la de haber sido acreditada mediante resolución judicial firme "la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante" por parte de las personas beneficiarias de la RVI o que en la unidad convivencial del receptor de la ayuda existan "prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer que sean contrarias al principio de igualdad o que atenten contra los valores convivenciales".

Acreditar la residencia mediante el SIP

En otro orden de asuntos, Vox plantea que se considere cumplido el requisito de residencia habitual cuando conste el empadronamiento en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana durante "periodos mínimos" de 12 meses de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud o cinco años dentro de los 10 inmediatamente anteriores a la solicitud. En ambos casos, precisan, el solicitante "debe estar empadronado en un municipio al momento de efectuar la solicitud y mantener dicho requisito".

No obstante, añade que, "excepcionalmente", ante la imposibilidad de empadronamiento, el requisito de residencia habitual "se entenderá cumplido cuando se acredite la residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana" mediante la asignación de Tarjeta Sanitaria Individual (SIP), "la inscripción como persona demandante de empleo, la escolarización de personas descendientes o la ocupación de una plaza de acción concertada en el sector de atención a personas en situación de riesgo de exclusión pertenecientes a colectivos vulnerables".

Y apunta que, con el fin de "acreditar la residencia efectiva", los servicios sociales de atención primaria "podrán requerir el apoyo y la colaboración de las entidades de iniciativa social inscritas en el registro general de titulares de actividades, servicios y centros de servicios sociales de la Comunitat Valenciana".

"No cronificar la dependencia de las ayudas"

En un comunicado, la diputada de Vox Miriam Turiel defiende las enmiendas presentadas por su grupo: "La mejor política social es aquella que permite a las personas encontrar un empleo digno y salir adelante por sí mismas". Así, argumenta que la voluntad es no "cronificar la dependencia de las ayudas públicas". "El objetivo no puede ser mantener a la gente en la precariedad, sino ofrecerles herramientas para salir de ella", señala.

En esta línea, sostiene que Vox no excluye "a nadie" y que condena "toda forma de violencia, venga de quien venga", frente a una izquierda a la que acusa de utilizar "la violencia contra la mujer como propaganda sectaria".

Además, incide en que la educación es "el verdadero ascensor social", por lo que "no podemos permitir que quienes no cumplen con este deber fundamental sigan recibiendo ayudas públicas". "Queremos que las ayudas lleguen a quien realmente las necesita, y que sirvan para salir adelante, no para depender del Estado", concluye.

Por su parte, el PP en sus enmiendas plantea que una de las causas de la extinción de la Renta Valenciana de Inclusión sea que la persona titular se encuentre "en situación de ocupación ilegal de vivienda, cuando dicha situación haya quedado acreditada mediante sentencia judicial firme".

"La primera factura que el PP va a pagar a Vox"

Para el PSPV, las enmiendas de Vox al proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión van a ser "la primera factura que el PP va a pagar a Vox" para que los de Abascal apoyen al 'popular' Juanfran Pérez Llorca como candidato a 'president' de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón.

Los socialistas censuran especialmente la enmienda del itinerario de inclusión para garantizar "el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país, así como el acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres". Y bromean: "Con este requisito, los de Vox no podrían acceder a la RVI".

También denuncian que eliminan "la referencia a la violencia de género y la sustituyen por violencia sobre la mujer y/o violencia intrafamiliar" y critican que se cambie el silencio administrativo "de positivo a negativo": "Si la Administración no responde a tu solicitud en cinco meses, se entenderá denegada".

"Cortina de humo"

Y para Compromís, se trata de "una muestra más de este pacto indecente y asqueroso" entre el PP y Vox, "que solamente demuestra los recortes que vienen haciendo desde el inicio de la legislatura" y que se han visto "más agravados" desde la dana.

Según ha expresado el parlamentario Francesc Roig, en declaraciones a los medios este jueves, Vox trata de lanzar "una cortina de humo para no hablar de que han sido los que han estado protegiendo a Mazón todo este año y votando para que ese señor siguiese ahí sentado".

"Es una indecencia más a la que nos llevan sometiendo el PP y Vox para esconder todo el mal que le están haciendo a nuestro país", ha denunciado, y ha criticado que todo ello "lo están haciendo sin darle la voz al pueblo valenciano" y ha vuelto a exigir la convocatoria de elecciones.

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