El CDR la Safor denuncia el racismo estructural en el medio rural con un nuevo estudio

Gandia

El Centre de Desenvolupament Rural (CDR) la Safor ha presentado un nuevo estudio que analiza el racismo estructural presente en los pueblos de la comarca, un territorio que, además, es uno de los que concentra mayor población migrante de la Comunitat Valenciana. La investigación, impulsada por el equipo técnico del CDR y respaldada por Coceder, nace directamente del trabajo cotidiano con personas migrantes en los municipios rurales.

Paula Duran, técnica del CDR y coautora del informe, explica que la iniciativa surgió a partir de las experiencias compartidas entre profesionales del ámbito rural: “Nuestro compañero Jaume, responsable del área de migración, hablaba con otros CDR y todos coincidían en lo mismo, el racismo se daba igual en los pueblos que en las ciudades. Desde otros espacios se insistía en una imagen bucólica del medio rural, pero esa visión no encajaba con lo que veíamos cada día en la intervención directa”.

Según Duran, los resultados han confirmado esa intuición inicial: “Las conclusiones del estudio no se alejan de la realidad de los pueblos, las personas migrantes viven en condiciones pésimas también aquí. El hecho de vivir en un pueblo no mejora su situación, porque lo que realmente afecta a su día a día son las trabas y trámites burocráticos de la administración”.

La falta de acompañamiento en los procesos de regularización es, para el equipo investigador, uno de los principales factores de vulnerabilidad. “Aunque tengan derecho a la asistencia médica básica, muchas de estas personas llegan solo con la dinámica de sobrevivir. Si nadie las acompaña para regularizar su situación, que es lo que les dota de derechos y obligaciones frente al Estado, quedan atrapadas en un tiempo en el que son mano de obra barata, tratada de forma despectiva, viviendo en infraviviendas y en condiciones precarias e inhumanas”, señala Duran.

La técnica del CDR recuerda además que el diseño y la aplicación de la Ley de Extranjería no ha respondido históricamente a las necesidades reales de las personas migrantes, sino “a las demandas de ciertos sectores empresariales que necesitaban mano de obra en momentos concretos”. Esto, afirma, perpetúa un sistema que no tiene en cuenta los procesos vitales y las necesidades más allá del empleo y la vivienda.

El estudio también pone de manifiesto la ausencia de datos oficiales clave debido a la falta de colaboración de algunos servicios públicos. La dirección de la Mancomunitat de la Safor, por ejemplo, denegó la entrevista solicitada con la técnica responsable del servicio Pangea, encargada de la atención a personas migrantes. Esta falta de acceso ha impedido conocer el perfil migratorio actual de la comarca y las principales dificultades detectadas desde la administración.

Otra de las realidades abordadas es la situación de las trabajadoras del hogar y de cuidados, la mayoría mujeres migrantes, que sostienen buena parte del cuidado de la población mayor en los pueblos. “Es imprescindible tomar partido para mejorar sus condiciones de vida. Son ellas quienes cuidan a nuestras personas mayores mientras apenas pueden sobrevivir. La administración pública debe facilitar sus trámites, asesorar también a las familias y garantizar que todos los funcionarios tengan formación y sensibilización para atenderlas adecuadamente”, reivindica Duran.

La investigación concluye que el racismo estructural está plenamente presente en el medio rural, aunque se exprese de forma más sutil que en las ciudades: peores condiciones laborales, estereotipos sociales, normalización de la desigualdad, barreras administrativas y exclusión simbólica en los municipios.

Además, se detecta una gran desconexión entre la visión de los profesionales de la administración y la experiencia real de las personas migrantes, algo que, según el informe, “refuerza una desatención integral” y contribuye a normalizar la precariedad.

Duran insiste en que la inclusión no puede depender únicamente del esfuerzo individual: “No se puede seguir vulnerando derechos de manera sistemática. La integración debe ser un derecho garantizado por la administración y respaldado por las comunidades que conviven con la población migrante”.

El estudio recuerda que la falta de información, el miedo a lo desconocido y el auge de los discursos de odio están generando un clima reaccionario que pone en peligro los fundamentos democráticos y golpea especialmente a las personas migrantes y racializadas.