Los grupos políticos siguen sin ponerse de acuerdo para aprobar la zona de bajas emisiones de València a pocas horas de una nueva votación

València

La presidenta de la federación vecinal de València, María José Broseta, vuelve a pedir este domingo en la SER a los partidos políticos que se pongan de acuerdo ante la incapacidad para aprobar una zona de bajas emisiones que reduzca la contaminación, mejore la calidad del aire y permita a València cumplir con la legislación estatal, que obliga a tener este mecanismo aprobado antes de que acabe el año.

En juego están, según los cálculos de la oposición, más de cien millones de euros en ayudas europeas, que suponen alrededor del diez por ciento del presupuesto anual del Ayuntamiento, y que se acabe el descuento en el transporte público. Si los partidos no se ponen de acuerdo, el bonobús, por ejemplo, pasará de costar 4,25 euros a 8,50 euros.

Mientras tanto, los grupos políticos siguen sin ponerse de acuerdo. Vox afirma que no se ha movido de su postura de no aprobar la zona de bajas emisiones; el PP, que es quien gobierna, culpa al resto del bloqueo; y la oposición presenta una propuesta, sí, pero en la que mezcla la zona de bajas emisiones con el tráfico en la calle Colón o con el bulevar García Lorca, haciendo casi imposible un acuerdo con Catalá.

Comienzan a funcionar las cámaras

Este lunes, 1 de diciembre, el Ayuntamiento va a poner en marcha las cámaras que deberían controlar la zona de bajas emisiones. El sistema ha costado de euros, pero por ahora solo va a servir para hacer estadísticas sobre el tráfico, porque la ordenanza sigue sin aprobarse. Este lunes está previsto en el Ayuntamiento de València un pleno extraordinario en el que se votará una moción de la oposición para aprobar in extremis la zona de bajas emisiones, pero el acuerdo se antoja complicado, porque el Gobierno local no ha negociado, hasta ahora, con PSPV y Compromís.

La moción incluye aprobar una zona de bajas emisiones para toda la ciudad que impida el acceso de los coches más contaminantes a partir del 1 de enero, en el caso de los que no sean de la provincia de Valencia, y de 2027 para los de València. También se contemplan ayudas para la renovación del parque móvil y exenciones para empresas o personas con movilidad reducida. El problema es que esa moción también obligaría al Gobierno de Catalá a reordenar el tráfico de la calle Colón de nuevo y devolverlo a como estaba con el gobierno de Joan Ribó, y a garantizar que no habrá carriles para coches en el futuro bulevar García Lorca, algo que el PP rechaza.

La concejala socialista María Pérez afirma que, si Catalá no aprueba mañana esta propuesta, demostrará que pone por delante los intereses partidistas.

"Hay que llegar a un acuerdo"

Vox asegura que no ha cambiado su posición de oponerse a cualquier ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, pese a que en el Ayuntamiento de Castelló esta semana sí que han apoyado una ordenanza sin multas. El PP, mientras tanto, guarda silencio ante la votación, que puede ser una de las últimas oportunidades. Por eso, la federación de asociaciones vecinales insiste este domingo en que es necesario un acuerdo.

Su presidenta, María José Broseta, destaca que cuando se trata de la salud de los valencianos y de las valencianas da igual los colores y las ideologías: hay que llegar a un acuerdo por el bien de la ciudadanía. Sobre esos acuerdos dice que se tienen que empezar por lo mínimo para poder llegar en un futuro a lo máximo.

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