El PSOE pide a Barcala informes que justifiquen la contratación de seguridad privada para vigilar dependencias municipales

Alicante

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha exigido al alcalde Luis Barcala que haga público, si es que existe, el informe que justifica contratar seguridad privada para la vigilancia de determinados edificios públicos en lugar de aumentar la plantilla de Policía Local en la capital alicantina.

Barceló ha señalado que, hasta el momento, "lo único que conocemos es que ha sido una condición impuesta al PP por la ultraderecha y se desconoce si está avalada por datos que justifiquen que esta medida es mejor que aumentar el número de agentes de policía, cuya plantilla, recordamos, está muy mermada".

"Resulta especialmente preocupante la decisión del gobierno del PP de sustituir a más de una treintena de agentes de Policía Local por vigilancia privada en museos, mercados, depósitos y dependencias administrativas. Es una decisión que no nace de un plan estratégico, sino de un intercambio político en plena negociación presupuestaria entre el PP y Vox", añade la portavoz socialista.

Gestión sin análisis técnicos

Para Barceló, la seguridad de una ciudad de casi 360.000 habitantes "se está gestionando a golpe de condiciones impuestas y no a partir de un análisis técnico y transparente de las necesidades que tiene Alicante, que arrastra desde hace años un déficit estructural de plantilla en la Policía Local".

En ese sentido, ha señalado que esa "es una realidad que han denunciado los sindicatos y lo confirma la creciente dificultad para cubrir servicios básicos".

"El alcalde no ha presentado ningún documento que compare costes, que evalúe el impacto operativo o que explique por qué esta es la mejor solución. Tan solo sabemos que hacía falta cumplir una condición impuesta por VOX y Barcala, traga", señala.

"Apostar por seguridad privada no va a resolver la falta de agentes en la calle. Queremos conocer cuál es el estudio de necesidades operativas que justifica sustituir 36 agentes por seguridad privada", concluye Barceló.