Familias sin alternativa habitacional en una ciudad de pisos vacíos

Gandia

En Gandia hay más de 9.000 viviendas vacías, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2021. La cifra, colosal, resulta especialmente violenta cuando se observa junto a otra realidad, familias en situación de vulnerabilidad esperando una solución que nunca llega.

Ante la falta de opciones, muchas acaban ocupando. Y la ocupación, a menudo criminalizada, no es el problema, sino la consecuencia directa de un mercado inmobiliario que respira al ritmo especulativo, alimentado por fondos buitre, segundas residencias y la falacia repetida de que «hay que construir más pisos» mientras muchos permanecen vacíos y muchos pueblos pierden población.

Este reportaje recoge la historia de cuatro familias muy diferentes, de procedencias y trayectorias que no tienen nada en común, excepto la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.

Cristina, un desahucio aplazado

Gandia, barrio del Raval. Cristina nos recibe con una sonrisa cansada. Hace doce años que vive en España, trabaja, mantiene a su madre de setenta años y cría sola a un hijo de quince años con autismo. Cobra menos de mil euros. No es suficiente para comida, suministros y alquiler. El desahucio, previsto inicialmente para el 10 de noviembre, se ha aplazado hasta el 12 de enero.

«Teníamos el certificado de vulnerabilidad, pero el juez lo desestimó», explica. Desde los servicios sociales le han pedido que busque una alternativa, pero ella asegura que es «como buscar una aguja en un pajar». Alquileres inasumibles, habitaciones a precios desorbitados y ninguna opción real para una familia con menores y dependencias. «Antes salías a la calle y encontrabas carteles de “se alquila”; ahora casi no hay nada. Y lo poco que hay es imposible», cuenta Cristina.

Adrià Picornell, del Sindicat d'Habitatge de València, recuerda que el caso de Cristina no es una excepción: «En Gandia no hay datos reales del problema. Muchos desahucios pasan sin que nadie los vea». Él mismo denuncia el contraste: «Hay miles de pisos vacíos, pero no hay alternativas de emergencia».

La ciudad, según datos de Idealista, se ha convertido en una zona tensionada del territorio valenciano. Desde 2017 el precio del metro cuadrado no deja de subir, y a finales de 2025 ya supera los 1.600 euros. Mientras tanto, la población no aumenta y la oferta asequible se reduce.

¿Qué se entiende por zona tensionada? La Ley de Vivienda establece dos grandes criterios, y basta con que se cumpla uno para poder declarar un municipio o barrio como zona tensionada. En primer lugar, una zona puede considerarse tensionada cuando el coste de la vivienda —ya sea alquiler o hipoteca— sumado a los gastos y suministros básicos supera el 30 % de los ingresos medios de los hogares. Esto indica que la población dedica una parte desproporcionada de su renta a pagar la vivienda.

En segundo lugar, una zona también puede declararse tensionada cuando el precio de compra o alquiler ha aumentado, de manera acumulada, al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC en los cinco años anteriores. Este criterio detecta territorios con un crecimiento de precios muy por encima de la inflación, indicando una tensión sostenida en el mercado.

Además, aunque no es un criterio legal directo, a menudo se toma como referencia un aumento del alquiler privado superior al 20 % en tres años. En el caso de Gandia, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025, el precio del metro cuadrado de alquiler ha pasado de 6,6 €/m² a 9,2 €/m², un incremento aproximado del 39 % en solo tres años, según Idealista. Esto supera ampliamente el umbral del 20 %, confirmando que se trata de una dinámica alcista sostenida, no de un pico puntual.

Dani y Paola, ocupar para sobrevivir

Dani y Paola lo perdieron todo. Tenían un negocio, vivían de alquiler y, cuando las cosas empezaron a ir mal, avisaron al propietario de que no podrían pagar. Por responsabilidad, abandonaron el piso antes de acumular deudas. Terminaron viviendo en una furgoneta con su hija de cuatro años. «Yo no quería ocupar», dice Dani. «Pero ¿qué haces cuando tienes a tu familia en la calle?», confiesa. Así pues, entraron en un piso vacío de un banco. Sin luz, sin agua y con el estigma.

«Cuando ocupas, la gente dice que es fácil, que no pagas nada. Pero ocupar es como una enfermedad, nadie quiere llegar ahí. Lo haces porque estás desesperado», explica Paola.

La PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, fue para ellos un salvavidas emocional y jurídico. «Aprendes que tienes derechos, que no estás solo. Aprendes a defenderte», cuentan.

Tatyana, cuidadora de personas mayores, llegó al edificio ocupado de la calle Perú en 2015 después de quedarse dos meses sin trabajo. Vivió años sin problemas hasta que en 2021 les cortaron la luz y en 2022 el agua. La PAH frenó dos veces el desahucio, pero finalmente, el 5 de mayo de 2025, ella y su hija tuvieron que salir.

Ahora vive en el CAI, Centro de Atención Integral de Cáritas: «Estoy muy contenta, me ayudan mucho. Yo sufro ansiedad, depresión… y aquí me han devuelto el ánimo». Aun así, sigue esperando una solución estable.

Maria, un piso protegido que deja de serlo

Maria todavía no ha sido desahuciada, pero el banco intenta quedarse con su piso de protección oficial, una vivienda que ella ya pagó parcialmente. Fue en 2008, cuando trabajaba haciendo controles de embarque en el puerto de Dénia, que la empresa dejó de pagarle.

Perdió los ingresos y, detrás de ellos, la capacidad de pagar: «Es una cadena de la que aún no he podido liberarme. Piensas que no vales nada. Tantas puertas cerradas, tanta burocracia, te deja sin fuerzas».

Su esperanza es conseguir un acuerdo justo, o un alquiler social, o que su hija —trabajadora autónoma— pueda comprar el piso a un precio razonable. Pero la realidad es otra: el banco se lo quedó por menos de 50.000 euros y ahora lo tasa por encima de 70.000.

La presión de los fondos y el turismo sobre la Safor

La Safor también concentra la presión de otro fenómeno: la compra masiva de viviendas por parte de fondos de inversión y la proliferación de pisos turísticos. Según Joan Cogollos, miembro de la PAH: «España está hipotecada con los fondos buitre. Ellos marcan los precios y presionan a los gobiernos».

Esta dinámica, sumada a la especulación, hace que muchas familias solo puedan optar por habitaciones de 350 o 500 euros. «No es normal que una familia tenga que vivir en una habitación. La gente no vive, malvive», subraya Dani.

A todo ello se añade la batalla por el empadronamiento. Muchas personas que ocupan o viven en la calle no consiguen empadronarse, pese a ser un derecho fundamental. Así lo establece la normativa estatal y autonómica: según la Ley 4/1996 y su aplicación reforzada en la Comunidad Valenciana mediante la Ley 8/2010, los ayuntamientos están obligados a empadronar a todas las personas que residen en el municipio, independientemente de si disponen de contrato de alquiler o título de propiedad. La Resolución de 17 de febrero de 2020 del INE establece, además, procedimientos especiales para inscribir a personas sin documentación o en situación irregular, incluidas las que ocupan una vivienda.

Aunque lo que se exige en Gandia es lo más habitual, otros municipios han encontrado maneras más flexibles de garantizar este derecho, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. «Si no estás empadronado, no existes», recuerda Cogollos. El padrón es la puerta de entrada a la sanidad, la escolarización y otras ayudas sociales.

En Gandia hay miles de pisos vacíos, pero también cientos de familias que no tienen adónde ir. Historias como las de Cristina, Dani, Paola, Maria o Tatyana muestran una realidad que no cabe en ninguna estadística, porque la vulnerabilidad no es un dato, es una lucha diaria y una urgencia que exige respuestas inmediatas.