Giro en el 'Caso Enchufes' de Benidorm: excluyen a cinco de los ocho acusados y anulan parte de la instrucción
El juicio seguirá contra el exconcejal socialista Juan Ramón Martínez y los entonces coordinador y jefa de Recursos Humanos
Audiencia Provincial de Alicante / Silvia Cárceles
Benidorm
El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante que asume la causa sobre el denominado ‘caso enchufes’ por las supuestas anomalías en la contratación de personal registradas en el Ayuntamiento de Benidorm entre finales de 2009 y 2012 ha resuelto este martes las cuestiones planteadas por las defensas y ha estimado dejar sin efecto las diligencias practicadas a partir del 6 de diciembre de 2017.
La sala ha considerado que el auto judicial posterior a esa fecha, por el que se prorrogó la instrucción a instancias de la petición cursada por la Fiscalía, se acordó una vez vencido el plazo debido para hacerlo.
La decisión de los magistrados supone, en la práctica, la absolución de cinco de los ocho encausados, según han apuntado fuentes jurídicas, entre ellos a la exconcejal socialista Natalia Guijarro y otros cuatro técnicos municipales.
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Así el juicio proseguirá a partir de ahora sólo contra el también exregidor socialista Juan Ramón Martínez, contra el técnico que ejercía como coordinador del área de Recursos Humanos y contra la funcionaria que asumía la jefatura de ese departamento.
Además, la sala también ha estimado otra de las cuestiones previas planteadas por las defensas y ha resuelto que el sindicato SPPL -el que registró la denuncia origen de las diligencias- no podrá continuar en el proceso ejerciendo la acusación particular sino que, en todo caso, podría continuar personada ejerciendo la acción popular, lo que supone que deba aportar fianza.
Eso sí, se trata de resoluciones sujetas a posible recurso en el momento en el que concluya el juicio y se produzca el dictado de la correspondiente sentencia, según han subrayado las mismas fuentes.
Una vez resueltas las cuestiones previas planteadas por las defensas, el juicio debe proseguir a partir de ahora en una fecha todavía por concretar con la declaración de los testigos, los peritos y los acusados.
La causa se sigue por las supuestas irregularidades en la contratación de trabajadores municipales vulnerando los límites a la ampliación de plantillas públicas instauradas por el Gobierno en los años de los hechos.
La Fiscalía solicitaba inicialmente penas individuales de seis años y medio de prisión y quince años y medio de inhabilitación para los ocho procesados contra los que se dirigía el juicio hasta ahora.
Les consideraba responsables de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias tras mantener que infringieron la normativa respecto del número de empleados municipales de los que debía disponer el consistorio (la denominada tasa de reposición) al aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que incumplía ese límite máximo de contrataciones.
Además, también sostenía que aumentaron los complementos salariales que debían recibir los empleados, lo que supuso un aumento desproporcionado de la masa salarial que debían pagar las arcas municipales.
En su conjunto, según la acusación pública, ese proceder propició que se llegase a tramitar 130 contratos temporales y que se mejorasen las condiciones de 43 trabajadores con un gasto adicional de 4,5 millones de euros, según las denuncias iniciales, presentadas por el sindicato SPPL.
