Padrón, vivienda y sanidad: los principales obstáculos para las personas migrantes en València

València

Este martes ha tenido lugar en València la presentación del III Balance anual sobre discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en València, un informe que recoge las situaciones de exclusión a las que son sometidas las personas migrantes, racializadas y refugiadas en la ciudad y la Comunitat Valenciana y que, revelan los datos, les impide desarrollar su vida en condiciones de igualdad con respecto a la población autóctona.

El balance, elaborado por un conjunto de entidades y colectivos sociales (Campaña CIEs NO, CEAR-PV, Convive Fundación Cepaim, Elche Acoge, Movimiento Por la Paz, Regularización Ya, Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes, AIPHYC, Rumiñahui y València Acull) constata “de manera exhaustiva y cualitativa” la existencia de “discriminación institucional que vulnera derechos fundamentales de la población extranjera y racializada”.

Silvana Cabrera, portavoz de las entidades que firman el balance, subraya que el documento evidencia cómo el "racismo institucional y estructural" se manifiesta de forma sistemática en ámbitos clave de la vida cotidiana: el acceso al padrón, la vivienda —con casos de exclusión residencial y racismo inmobiliario—, los trámites de extranjería y asilo, las prácticas policiales, el internamiento en los CIE, el empleo y la explotación laboral —especialmente en el trabajo del hogar—, el sistema bancario, los derechos de la infancia, los servicios sociales, la sanidad y la educación.

Además, el balance incluye un capítulo especial dedicado a la DANA que muestra cómo las catástrofes "evidencian el racismo estructural de la Administración".

El padrón: una “puerta blindada” a los derechos sociales

Silvana Cabrera subraya que el padrón se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden el acceso a derechos básicos. "Ha pasado a ser un negocio”, denuncia. Y los datos evidencian esta problemática: en la ciudad de València, en septiembre de 2025, más del 48% de las solicitudes de empadronamiento especial fueron denegadas o archivadas.

A esto se suma la baja masiva de 8.600 personas migrantes en agosto por no renovar su inscripción, sin notificación previa. Una práctica que, según Cabrera, genera un “enorme perjuicio” en quienes dependen del padrón para la sanidad, la educación, las ayudas sociales o la regularización administrativa.

Problemas de discriminación cotidiana

El informe denuncia la exclusión residencial y el racismo inmobiliario. Aunque las personas cumplan todos los requisitos para alquilar, muchas quedan descartadas, explican, "solo por su nombre o apellido”.

Servicios sociales aparece como otro de los focos más preocupantes. Además de sufrir recortes y falta de personal, las entidades señalan que en numerosos casos se ejerce "un trato discriminatorio". Cabrera relata comentarios dirigidos a usuarios como “¿por qué has venido a tu país?” o “¿a ti quién te manda embarazarte?”, y advierte de que, en ocasiones, se ha negado la atención a víctimas que, por ejemplo, intentaban presentar una denuncia o con la cuestión del padrón.

La sanidad pública tampoco se queda al margen: el balance recoge negativas de cita médica, cobros indebidos y barreras administrativas que impiden la atención sanitaria a personas migrantes.

El documento también pone el foco en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). La portavoz los describe como “espacios de vulneración sistemática de derechos” e “ineficaces”.

Auge del discurso de odio

Para Cabrera, el aumento de los discursos xenófobos está directamente relacionado con el contexto político. “Tenemos instituciones conformadas por un partido de extrema derecha cuyo discurso central es ir contra la migración”, afirma.

El informe no se basa en cifras —ya cubiertas por otras investigaciones— sino en cuestiones cualitativas, teniendo en cuenta, recuerdan desde las entidades, que el 90% de las personas que sufren discriminación y racismo en la Comunitat Valenciana no denuncian "por miedo a las propias instituciones" y por falta de información. "Así como existen campañas contra el machismo, con un número específico al que se puede llamar, esta situación no se da con el racismo", lamenta.

Capítulo dedicado a la DANA

El documento incorpora un capítulo especial sobre la DANA. Un año después, advierten que los problemas estructurales y sistemáticos recaen de nuevo sobre la población migrante. Piensan que la regularización extraordinaria aplicada tras la catástrofe fue insuficiente y que todavía existen "muchas carencias".

Exigencias: cumplir la ley y poner en marcha la ILP

El balance reclama al Ayuntamiento y a la Generalitat cumplir con la normativa vigente, empezando por garantizar el empadronamiento. También exigen formación específica en extranjería y antirracismo para servicios sociales, centros de salud y colegios, así como medidas reales que faciliten el acceso a la vivienda.

Por último, las entidades insisten en desbloquear la Iniciativa Legislativa Popular por la Regularización, “paralizada desde hace años” en el Congreso: “Sería un freno al discurso de odio”.

Cabrera concluye que el informe “es una herramienta muy valiosa” para comprender qué ocurre en el territorio: “No solo para quienes defendemos los derechos de las personas migrantes, sino para toda la sociedad”.

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