El Ayuntamiento trasladará a Fiscalía el presunto delito de acoso laboral grave de un alto funcionario de Hacienda

Alicante

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha decidido trasladar a Fiscalía un posible delito grave de acoso laboral de un alto funcionario de la Concejalía de Hacienda. El informe de Prevención de Riesgos Laborales, al que ha tenido acceso Radio Alicante, confirmó "indicadores de acoso" tras la denuncia de ocho trabajadores del área.

Algo que ha provocado que se pida, además, su suspensión provisional de funciones al suponer una falta disciplinaria muy grave. El expediente ha sido remitido también a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana.

Los hechos se remontan a junio de 2024, cuando esos ocho funcionarios presentaron una denuncia por posible acoso laboral. El informe de Prevención verificó un patrón de malas conductas, especialmente contra un trabajador en concreto.

El investigado, supuestamente, no solo criticaba constantemente su labor de muy malas formas y realizaba ataques verbales, sino que llegó a dejar de comunicarse con él, ignorando su presencia, e, incluso, prohibió a otros compañeros hablar con la víctima o tratar con ella.

Recursos Humanos llevará al próximo Pleno de este mes de diciembre un acuerdo para aprobar el traslado de estos hechos a Fiscalía. Considera que son constitutivos de una infracción penal y una falta disciplinaria muy grave, tipificada en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Función Pública Valenciana.

Suspensión provisional de funciones

El Ayuntamiento, además de remitir las actuaciones a la Fiscalía, también solicita al órgano competente la suspensión provisional de funciones del investigado, argumentando que su permanencia en el puesto de trabajo "podría comprometer la integridad psicosocial de las personas presuntamente afectadas".

Anteriormente, el pasado mes de octubre, ya se había cambiado al investigado de ubicación física, de manera provisional, para que no coincidiera con la víctima, después de que esta regresara de una baja médica.

El acuerdo plenario recoge que debe ser la Corporación municipal la que apruebe o rechace las medidas, que en total incluye seis acuerdos. Entre ellos, la decisión de remitir el caso a Fiscalía y de suspender las funciones del denunciado de manera provisional.