Vox aprieta al PP: exige sacar los centros de menores fuera de las ciudades
Presenta una PNL para "frenar las negativas consecuencias de la inmigración masiva"
Juanfran Pérez Llorca, atiende a la intervención del síndic de Vox, José María Llanos / Biel Aliño (EFE)
Valencia
El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes Valencianas ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) de tramitación urgente para frenar lo que considera “las negativas consecuencias” de la inmigración masiva. La iniciativa, presentada por José María Llanos y David Muñoz, reclama al Consell y al Gobierno central acciones inmediatas para reforzar la seguridad y reducir el gasto público derivado de la llegada de extranjeros y menores no acompañados.
En la exposición de motivos, Vox denuncia que las políticas de “puertas abiertas” han generado un incremento de la criminalidad y un sobrecoste para los servicios públicos. Según datos del Ministerio del Interior que aporta Vox, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 237% en España entre 2020 y 2025, y el 34,45% de los delitos sexuales en 2024 fueron cometidos por extranjeros. Además, la población reclusa extranjera, expone Vox, representa el 32,7% del total, pese a suponer solo el 14,1% de la población residente.
El partido también alerta sobre lo que considerra el impacto económico de los menores extranjeros no acompañados, que llaman MENAs. Cada uno cuesta más de 6.500 euros al mes, y en 2024 la Generalitat destinó más de 25 millones de euros a su acogida, asegura Vox que considera “imprescindible” impulsar políticas de retorno y reforzar las fronteras para frenar la llegada “masiva y descontrolada” de inmigrantes.
Fuera de los núcleos urbanos
Entre las medidas autonómicas, la PNL propone acuerdos para reintegrar a los menores no acompañados en sus países de origen, la creación de un programa de retorno voluntario para inmigrantes y la colaboración con entidades para facilitar estos procesos. También plantea reforzar la seguridad en los centros de menores, trasladarlos fuera de los núcleos urbanos y publicar estadísticas periódicas sobre delincuencia vinculada a la inmigración.
En el ámbito estatal, Vox exige deportar a inmigrantes que cometan delitos graves o no se integren, repatriar a quienes entren ilegalmente y eliminar el arraigo como vía para obtener residencia. Además, reclama auditar las concesiones de nacionalidad, priorizar a los españoles en ayudas sociales y suspender la cooperación con países que no colaboren en la gestión migratoria.
La propuesta se completa con incentivos fiscales para contratar españoles y medidas para acabar con las “políticas de efecto llamada”. Vox defiende que estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad, la sostenibilidad del Estado del bienestar y la preservación de la identidad cultural en la Comunitat Valenciana y en España.
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