Europa vuelve a "condenar" a los pescadores de Villajoyosa
La Cofradía denuncia que el acuerdo de pesca para 2026 perpetúa la precariedad del arrastre mediterráneo, con menos días de trabajo, más paro obligatorio y un aumento de la presión sancionadora


La Vila Joiosa
La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa expresa una valoración rotundamente negativa del acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2026.
"Lejos de ofrecer una solución real, este acuerdo mantiene a los trabajadores del mar obligados a parar 92 días, forzándolos a consumir el paro de manera obligatoria y consolidando una situación de precariedad estructural en la pesca de arrastre", ha lamentado su presidente Miguel Felipe Solbes.
Más sanciones
A partir del 10 de enero de 2026 se endurece además de forma significativa el control y el régimen sancionador, obligando a los pescadores a realizar, antes de entrar a puerto, una estimación del peso de todas las especies capturadas desde el primer kilo: "Esta exigencia es materialmente imposible de cumplir en condiciones reales de trabajo, debido al movimiento constante del barco, a la ausencia de medios de pesaje a bordo y a los estrictos horarios de entrada a puerto".
Como consecuencia, se produce una doble penalización, ya que el pescador se expone a sanciones tanto por no poder estimar con precisión los pesos como por no poder cumplir los tiempos si intentara hacerlo.
Especialmente grave resulta, en opinión de Solbes que no se hayan alcanzado los 180 días de pesca que el sector considera el mínimo imprescindible para garantizar la viabilidad económica de la flota y el mantenimiento del empleo: "Los 143 días aprobados son claramente insuficientes y sitúan a muchas embarcaciones al límite de la supervivencia".
"Desde la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa queremos ser claros: este acuerdo no protege la pesca de arrastre ni al Mediterráneo; pone en riesgo a las personas que viven de él. Se combinan menos días de trabajo, más paro obligatorio y un aumento de la presión administrativa y sancionadora sobre los profesionales del mar", ha concluido.




