La Comunitat Valenciana aprueba un Decreto de Convivencia para "garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos" en los centros

València

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha presentado el nuevo Decreto de la Convivencia en el Sistema Educativo de la Comunitat Valenciana con el que se pretende “garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos para que, tanto el alumnado como el resto de la comunidad educativa se sienta respetada, acogida y protegida en nuestros centros”.

La titular de Educación, que ha estado acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy; y por la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha afirmado que el nuevo decreto “refuerza la protección de las víctimas y la autoridad del profesorado. De esta forma, -ha incidido- se pretende dar respuesta a una prioridad para la Generalitat como es la prevención del acoso escolar y el ciberacoso”.

La consellera ha explicado que el nuevo texto normativo surge de la necesidad de afrontar los retos actuales de la convivencia en el ámbito educativo, integrando aspectos vinculados con los entornos digitales, “imprescindibles en el momento actual”.

Así, ha recordado que la norma sustituye al anterior Decreto 195/2022, que no disponía de una orden de desarrollo. “A lo que se suma el aumento de incidencias recogidas en el Registro ITACA-PREVI y las necesidades detectadas en los centros y la inspección”. Además, ha informado que estos datos “muestran una tendencia al alza en las incidencias totales de convivencia, que han pasado de 4.543 en 2018 a 11.403 en 2023, lo que representa que casi se ha triplicado en cinco años”.

En este sentido, la nueva norma, que se enmarca dentro del plan autonómico de convivencia educativa, “sitúa la protección del alumnado, la prevención de la violencia y el reconocimiento de la autoridad del profesorado en el eje de la acción educativa”.

La norma prevé medidas educativas provisionales, la posibilidad de procedimiento conciliador y la tramitación de expediente disciplinario con garantías y plazos ajustados, incluyendo un trámite de urgencia para los casos más graves.

También se simplifica la gestión con el desarrollo de un módulo específico en la plataforma ITACA, que permitirá documentar y seguir digitalmente todas las fases del expediente.

Ortí ha subrayado que está previsto que este decreto entre en vigor el próximo 7 de enero de 2026 y ha manifestado su compromiso de negociar lo más rápidamente posible el desarrollo normativo necesario que permitirá “una mayor concreción en las líneas estratégicas específicas, así como la creación del Observatorio de la Convivencia”.

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Refuerzo de la autoridad docente

Un aspecto fundamental recogido en este decreto es el refuerzo de la autoridad docente dotándole de la necesaria protección jurídica. A este respecto, Ortí ha señalado que la nueva norma “establece el reconocimiento social, institucional y legal de la autoridad del profesorado, reconociendo su papel esencial en la creación de entornos seguros”.

Así, ha afirmado que “el daño, la agresión, la injuria o la ofensa al profesorado en el ejercicio de sus funciones se considerará una falta grave”. Coincide con ella Xaro Escrig, directora general de innovación educativa:

Dispositivos móviles

En cuanto al uso de dispositivos móviles, el decreto ofrece un rango normativo superior, dando un paso más a lo establecido en la Resolución de 17 de abril de 2024. Se trata de una medida ampliamente demandada por la comunidad educativa y que busca minimizar su impacto en el aprendizaje y en situaciones de ciberacoso, además de mejorar el bienestar socioemocional del alumnado.

De esta forma, el uso de estos dispositivos se permite únicamente por razones didácticas contempladas en el proyecto educativo y las programaciones de aula, o por razones específicas de salud debidamente justificadas y autorizadas.

Procedimiento conciliador

Ortí ha explicado que otro de los aspectos que recoge el decreto es el Procedimiento Conciliador, aplicable ante faltas graves. Asimismo, se ha añadido la posibilidad de acogerse al trámite de urgencia en el expediente para reducir a la mitad los plazos establecidos.

Inclusión y vulnerabilidad

El decreto incorpora además un enfoque inclusivo, estableciendo que la condición de víctima con necesidades específicas de apoyo educativo actuará como agravante en la gradación de la responsabilidad.

De esta forma, se refuerza la protección de las víctimas estableciendo su derecho a la información, al apoyo, la participación activa en el procedimiento y a un trato respetuoso, con especial atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a las situaciones de vulnerabilidad.

Por otra parte, la figura de la coordinación de bienestar y protección se consolida como pieza esencial del sistema, bajo la supervisión de la dirección del centro, y en colaboración con los servicios de orientación, para articular las medidas de protección del alumnado, impulsar protocolos y trabajar de manera coordinada con los profesionales de los Servicios Sociales, de salud mental infanto-juvenil y de otros recursos del entorno.

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