La Generalitat aprueba el proyecto de fusión y modernización de comunidades de regantes en la Vall d'Albaida

La Vall d'Albaida

La Generalitat Valenciana ha dado luz verde ambiental al proyecto de fusión y modernización de varias comunidades de regantes de la Vall d’Albaida, una actuación que afectará a los términos municipales de Albaida, Bufali, l’Olleria, Montaverner y el Palomar. La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental ha formulado una declaración de impacto ambiental favorable al considerar que los efectos del proyecto sobre el entorno son asumibles y, en algunos aspectos, claramente beneficiosos.

La resolución, firmada el 10 de noviembre por el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra Devesa, y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, estima aceptable el proyecto “a los solos efectos ambientales”, siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas recogidas en el estudio de impacto ambiental y en la documentación técnica presentada por el promotor.

Una actuación clave para mejorar la eficiencia del regadío

El proyecto tiene como objetivo principal la fusión de la Comunidad de Regantes de la Foia del Pou con las comunidades de riego de las acequias del Pas de Albaida, l’Olleria, Montaverner y la acequia de Colata. Se trata de zonas que actualmente utilizan sistemas tradicionales de riego a manta, con infraestructuras deterioradas que provocan pérdidas de agua y una baja eficiencia en el uso de los recursos hídricos.

La integración de todas estas entidades permitirá crear una zona regable unificada y avanzar hacia un sistema de riego presurizado, más eficiente y controlado. En total, se modernizarán 141 hectáreas nuevas, que se sumarán a una superficie conjunta de riego que alcanzará las 445 hectáreas. El proyecto prevé, además, aprovechar infraestructuras ya existentes, como balsas de regulación, bombeos, redes de riego y sistemas fotovoltaicos, lo que reduce la necesidad de nuevas obras de gran impacto.

Entre las actuaciones previstas se incluye la ampliación de la instalación fotovoltaica existente en Montaverner para generar energía adicional destinada al cabezal de riego, sin necesidad de nuevos tendidos eléctricos. También se ampliarán las redes de riego mediante tuberías enterradas y se adecuará la acequia de Colata para mejorar el transporte del agua hasta el sistema de bombeo. Según recoge la documentación ambiental, esta reorganización permitirá “optimizar la distribución de los recursos hídricos, aumentar la eficiencia del riego y reducir los costes operativos”.

Impacto ambiental asumible y beneficios a medio plazo

El estudio de impacto ambiental sitúa las actuaciones en un entorno agrícola atravesado por los ríos Albaida y Clariano, en una zona catalogada en gran parte como vulnerable a la contaminación por nitratos. Aun así, la Generalitat concluye que no se verán afectados de forma significativa espacios naturales protegidos ni áreas de la Red Natura 2000, y que la vegetación natural presente en el ámbito es muy limitada.

Durante la fase de obras se producirán impactos temporales, como emisiones de polvo, ruido de maquinaria o movimientos de tierra, aunque el informe los califica como compatibles y reversibles. En cuanto al funcionamiento del sistema una vez ejecutado el proyecto, la valoración es claramente positiva. El cambio a un riego presurizado permitirá un uso más eficiente del agua y de los fertilizantes, reduciendo el arrastre de nitratos hacia las aguas subterráneas y contribuyendo a mejorar su estado.

La resolución también analiza los posibles efectos sobre la fauna y concluye que no se esperan afecciones relevantes, más allá de molestias temporales durante las obras. En zonas próximas a los cauces se aplicarán medidas preventivas específicas ante la posible presencia de especies como la nutria o el búho real, y se contempla la adaptación del calendario de trabajos si fuera necesario.

Condiciones, plazos y otros asuntos pendientes

La declaración de impacto ambiental impone una serie de condiciones obligatorias, entre ellas la elaboración, antes del inicio de las obras, de un documento específico que concrete las medidas de control y corrección ambiental. El cumplimiento de estas medidas deberá ser supervisado por un técnico medioambiental, encargado de realizar el seguimiento de las obras y de garantizar la protección del patrimonio cultural y natural.

Además, la Comunidad de Regantes deberá asegurar que el uso del agua se ajusta estrictamente a las concesiones vigentes y cumplir con la normativa en materia de prevención de riesgos, inundaciones e incendios forestales. La ampliación de la instalación fotovoltaica permitirá, según las estimaciones del proyecto, evitar la emisión de alrededor de 4.000 kilos de CO₂ al año, contribuyendo a la adaptación del sector agrícola al cambio climático.