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Vecinos y vecinas de San Antón llevan al pleno 1.200 firmas para recuperar sus enseres

Las personas afectadas denuncian abandono institucional, robos, falta de información y desigualdad en el realojo

Los propietarios y propietarias del bloque 8 del barrio de San Antón han acudido al Pleno municipal de Presupuestos para reclamar soluciones a la situación que atraviesan desde su desalojo, ocurrido hace ya ocho meses. Las personas afectadas denuncian abandono por parte del Ayuntamiento, falta de transparencia, inseguridad en el entorno y graves irregularidades en el proceso de realojo.

Paqui López, vecina del barrio, ha explicado durante su intervención que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha tenido “tiempo suficiente” para buscar alternativas que les permitieran recuperar sus pertenencias y resolver su situación habitacional. López ha reivindicado que los vecinos y vecinas quieren sacar íntegramente sus enseres del bloque, recordando que el edificio fue desalojado por un expediente de ruina que, según afirman, no es inminente sino técnica.

Los propietarios han iniciado además una recogida de firmas que ya suma cerca de 1.200 apoyos y que tienen previsto registrar oficialmente. En materia de seguridad, han denunciado que continúan produciéndose robos en el edificio y que la presencia policial es insuficiente.

Raquel Alonso, una de las afectadas, ha criticado la ausencia de respuestas por parte de la Junta y ha negado algunas afirmaciones realizadas desde el Ayuntamiento, como el supuesto impago de los recibos de basura. Alonso ha asegurado que los pagos están al día y ha lamentado que se trasladen a la opinión pública informaciones que, según afirma, no son ciertas.

Otra de las principales reivindicaciones es la creación de una vía de comunicación clara y directa con las personas afectadas, como una ventanilla única o un servicio específico de atención, similar al habilitado en otros procesos de desalojo en España. Los vecinos y vecinas reclaman acompañamiento administrativo, legal y social para poder gestionar sus reclamaciones y resolver dudas sin depender de informaciones fragmentadas.

Las personas afectadas también han alertado de presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de viviendas, asegurando que algunas personas que no residían en el bloque en el momento del desalojo han sido realojadas, mientras que otras que sí vivían allí continúan sin alojamiento. Además, han criticado que no se les permita acceder a los informes técnicos que justifican las decisiones municipales.

Por último, los afectados recuerdan que el bloque 8 forma parte del convenio ARRU del barrio de San Antón, firmado en 2014, y cuestionan la inversión realizada por el Ayuntamiento en el mantenimiento y la rehabilitación del barrio desde entonces.

 

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