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Compromís denuncia la "falta de transparencia" del Ayuntamiento de València respecto a los pisos turísticos

El Síndic de Greuges obliga al consistorio a facilitar el listado de los apartamentos supuestamente clausurados tras la queja del concejal Ferran Puchades

Edificio de pisos turísticos en Ciutat Vella / Ayuntamiento de València

Edificio de pisos turísticos en Ciutat Vella

València

Compromís denuncia que el gobierno municipal ha ocultado la información relativa a los apartamentos turísticos que aseguró haber cerrado desde el inicio del mandato. El concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha obtenido una resolución favorable del Síndic de Greuges que obliga al Ayuntamiento a facilitar el listado completo y la ubicación de los pisos supuestamente clausurados, después de que el gobierno municipal negara esa información o no la entregara pese a haber sido solicitada formalmente.

La queja se remonta al mes de mayo, cuando la alcaldesa afirmó públicamente que se habían cerrado más de mil apartamentos turísticos ilegales. A raíz de esas declaraciones, Compromís solicitó el listado detallado de los inmuebles afectados. Ante la falta de respuesta, presentó un recurso de amparo y posteriormente una queja ante el Síndic de Greuges. La resolución, fechada el 15 de diciembre, insta al Ayuntamiento a entregar la documentación solicitada desde el pasado mes de septiembre.

Según Puchades, el gobierno municipal llegó a asegurar que había facilitado la información, aunque en realidad solo envió un correo sin contenido. Posteriormente, desde la concejalía de Urbanismo se reconoció que no se había elaborado el listado porque su recopilación requería un trabajo manual que, según alegaron, no era compatible con el funcionamiento ordinario del servicio. Para Compromís, esta explicación demuestra que no existe un control real sobre los apartamentos que supuestamente se han clausurado.

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Ferrán Puchades: "Tiene que pasar de las palabras a las acciones"

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El concejal también cuestiona las cifras ofrecidas por el gobierno local y recuerda que, pese a hablar de cientos de inspecciones y sanciones, en los registros municipales solo constan 28 sanciones y 34 expedientes finalizados. Por ello, sostiene que las declaraciones sobre el cierre masivo de apartamentos carecen de respaldo documental y reclama transparencia para conocer el alcance real de las actuaciones municipales.

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