Cucarella defiende la independencia de los órganos estatutarios y lamenta que "parezca que cambien cromos por afinidad política"

Valencia

Este lunes hacíamos balance del año con el Síndic de Greuges, y este martes lo hacemos con la Sindicatura de Comptes, que entregaba a Les Corts el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración, el último del conjunto de fiscalizaciones de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2024. Hablamos, en La Ventana Comunitat Valenciana, con el Vicent Cucarella, Síndic Major.

En ese último informe de fiscalización se revelan datos preocupantes: más del 78 % de las facturas se pagan fuera del plazo legal, lo que supone un coste de 42 millones de euros en intereses e indemnizaciones. Además, la deuda financiera alcanza los 63.000 millones y el patrimonio neto negativo supera los 53.000 millones.

Cucarella explica que los retrasos en el pago de facturas y el endeudamiento son consecuencia de problemas estructurales y de gestión. “Creo que se juntan dos aspectos importantes. Por una parte, un problema de gestión, quizá retrasos que también pueden haber estado influidos por el cambio a un sistema económico-financiero nuevo, como es la aplicación Nefis. Es muy importante que se haya dado este paso, pero ha obligado a todos los trabajadores de la Generalitat a adaptarse y aprender a usar esta herramienta". El síndic añade que la falta de ingresos agrava la situación: “La Comunitat Valenciana siempre sufre por tener pocos ingresos, debido a la discriminación que padecemos en el modelo de financiación autonómica, pero también por otras cuestiones, como la falta de compensación por las prestaciones sanitarias que se ofrecen a personas desplazadas, como turistas. Además, el sistema por el cual deberíamos cobrar esas compensaciones no funciona bien".

Sobre la Ley de Dependencia, Cucarella recuerda:“Originalmente se iba a financiar al 50 % entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, pero la realidad es que las autonomías están asumiendo mucha más parte de ese coste".

Una deuda insostenible

El desequilibrio financiero es otro de los puntos críticos. “Si fuera una empresa privada, sería insostenible. Pero hablamos de una institución pública, en la que todos confiamos en que no va a quebrar. Aun así, es una situación muy grave. Hay que tener en cuenta que de esos 63.000 millones de deuda financiera, más de 54.000 millones corresponden a operaciones de crédito con el Instituto de Crédito Oficial, procedentes del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica)”.

Cucarella insiste en que gran parte de la deuda se explica por la falta de financiación autonómica. “Lo han demostrado la Sindicatura, el IVIE e incluso organismos externos. El sistema actual discrimina a la Comunitat Valenciana, y además presenta falta de equidad tanto horizontal como vertical”.

Gasto público creciente

El informe advierte sobre la presión del gasto público. “La tendencia del gasto sanitario es creciente, no solo en la Comunitat Valenciana, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque afortunadamente la tecnología y las prestaciones sanitarias permiten salvar vidas que antes se perdían, pero esas personas quedan con enfermedades crónicas y tratamientos muy costosos, lo que presiona el gasto público”. Sobre dependencia y educación añade:“En dependencia ocurre lo mismo: tratamientos más caros para personas que viven más años. En educación la presión es menor, aunque en infantil todavía habrá crecimiento durante un tiempo. La mayor presión viene de sanidad y dependencia. Y esto no es malo, pero como sociedad debemos decidir qué tipo de sanidad y dependencia queremos y cómo vamos a financiarlas”.

Casi cuatro años de prórroga

Cucarella también se pronuncia sobre la falta de renovación del órgano estaturario que lidera, prorrogado desde hace casi cuatro años. “Es una anomalía clarísima y creo que sería una muestra de buen funcionamiento democrático que esto no hubiera pasado. Pero quiero resaltar algo para que nadie se asuste: la Sindicatura está funcionando muy bien. Estamos haciendo informes interesantes, mucha actividad, y mientras no se acuerde un nuevo Consell, el actual continúa trabajando a tope y haciendo su trabajo”.

Sobre el bloqueo político en las renovaciones, afirma. “Estamos esperando a que los grupos se pongan de acuerdo. Se intentó la renovación cuando tocaba, pero en aquel momento los partidos de la oposición, que eran PP y Ciudadanos, no entraron a negociar. Después de las elecciones, el nuevo gobierno también lo intentó, pero no se ha llegado a ningún acuerdo”. Y lamenta la imagen que se traslada a la ciudadanía. “Parece que se están cambiando cromos por afinidad política para renovar las instituciones estatutarias. Cuando realmente somos instituciones independientes y lo que hay que buscar es proponer candidatos independientes”.

Finalmente, defiende el perfil que debería tener el síndic. “Yo soy independiente, vengo del mundo de la investigación y académico, no he tenido actividad política. Creo que ese debe ser el perfil que se busque: personas independientes para poder llegar a acuerdos. Si no se buscan así, al final no se hace ningún bien a las instituciones”.

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