El Gobierno local de Alzira no se plantea cesar al concejal denunciado por acoso laboral y recuerda que la investigación ya se archivó una vez

València

El Gobierno local de Alzira no se plantea cesar al concejal Enrique Montalvá, portavoz de UCIN en el ayuntamiento y teniente de alcalde del equipo que lidera Alfons Domínguez (Compromís), después de conocer que la justicia ha reabierto la investigación contra este edil por un presunto caso de acoso laboral por razón de género denunciado por la concejala Mar Chordà. Desde el consistorio recuerdan que la denuncia ya fue archivada previamente y que ahora se ha reabierto sin nuevas pruebas, por lo que apelan a esperar a que avance la investigación judicial y confían en que vuelva a archivarse.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Alzira ha estimado los recursos de reforma interpuestos por Fiscalía y la acusación particular contra el sobreseimiento provisional dictado meses atrás, y ha acordado nuevas diligencias de instrucción. Entre ellas figuran la ratificación de la denuncia por parte de la denunciante, la declaración del investigado y la comparecencia de varios testigos, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La denunciante fue expulsada de UCIN

La causa se sigue inicialmente por un delito tipificado en el artículo 173 del Código Penal, relativo a los delitos contra la integridad moral, sin perjuicio de que pueda modificarse la calificación conforme avancen las diligencias.

La denunciante, Mar Chordà, que también era concejala de UCIN hasta su expulsión, está ahora integrada en el grupo de no adscritos. Este viernes recibió el apoyo público de Ens Uneix, a través de su portavoz y vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, quien criticó que “mirar hacia otro lado cuando una mujer denuncia una situación de acoso no es una posición neutral, sino una forma de complicidad institucional”.

Chordà explicó que antes de acudir a la vía judicial intentó resolver la situación de manera interna y comunicó los hechos al alcalde, Alfons Domínguez, y a la primera teniente de alcalde, Gemma Alós. Según su versión, la reunión “fue extremadamente breve” y no percibió interés en profundizar ni en buscar una solución. La edil sostiene que, lejos de activarse mecanismos de protección, fue apartada del gobierno municipal “24 horas después”, perdiendo todas sus competencias con el visto bueno de su propio partido, lo que, asegura, contribuyó a su “aislamiento político e institucional”.

Mientras ella era expulsada del ejecutivo local, “la persona denunciada no solo se mantuvo en el gobierno, sino que asumió nuevas responsabilidades”, denunció Chordà. También criticó que se transmitiera públicamente la idea de que el caso estaba cerrado cuando el procedimiento judicial seguía activo, algo que —subraya— “queda acreditado con la reciente reapertura de la causa”.

Este mismo viernes, Ens Uneix reiteró esa petición de cese, pero desde el Gobierno local insisten en que debe dejarse trabajar a la justicia. Aseguran que la concejala ha contado con las herramientas necesarias para desempeñar su labor, aunque Chordà sostiene lo contrario y denuncia que se la está apartando de la actividad municipal.

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