Entre bulos y desinformación: los obstáculos al Reglamento Europeo de Restauración

Alicante

En medio de la creciente degradación de la tierra, la desertificación y las disparidades socioeconómicas, la restauración ecológica ofrece una oportunidad única para abordar los desafíos ecológicos y sociales. El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030), el reciente Reglamento de la UE sobre la Restauración de la Naturaleza (UE, 2024) y el Plan Nacional de Restauración (MITECO, 2024) ponen de manifiesto un firme compromiso político para hacer de la restauración una piedra angular de los esfuerzos para combatir el cambio climático, la desertificación y la pérdida de biodiversidad. En virtud del NRR de la UE, cada Estado miembro debe intensificar sus esfuerzos para restaurar al menos el 20% de las superficies terrestres y marinas de aquí a 2030 y todas las zonas que necesiten restauración de aquí a 2050.

Sin embargo, la aprobación del Reglamento Europeo de Restauración o el desarrollo del Plan Nacional de Restauración ha encontrado numerosos obstáculos basados, en su mayoría, en afirmaciones no sustentadas por evidencias, cuando no bulos manifiestos, como los siguientes:

1. El estado de la naturaleza ya es bueno.

2. Por defender algunos animales y plantas, no deberíamos comprometer nuestro crecimiento.

3. La restauración costará un dinero del que no disponemos.

4. La tasa de restauración actual es suficiente.

5. La aplicación de la ley tendrá un efecto negativo sobre la productividad agrícola.

6. La futura ley de restauración aumentará el riesgo de incendios.

7. La eliminación de barreras en los ríos prevista en la ley europea de restauración robará el agua a nuestros agricultores y afectará negativamente a la producción de energía renovable.

Sinopsis de la refutación

1. El estado de la naturaleza ya es bueno

España, como otros estados miembros de la UE, dispone de una densa red de hábitats y especies de extraordinario valor. Cubren el 27% de la superficie terrestre y el 17 de la marina. Sin embargo…

De los 117 tipos de hábitat de interés comunitario existentes en España, el 74% están en estado desfavorable de conservación.

De las 719 especies de interés comunitario, en ambientes terrestres españoles, el 80% están en condición desfavorable.

La estrategia española de lucha contra la desertificación ha identificado 17,1 Millones de hectáreas degradadas, o aproximadamente un tercio de la superficie de España.

2. Por defender “algunos animales y plantas”, no deberíamos comprometer nuestro crecimiento

Por un lado, deberíamos considerar el tipo de crecimiento al que aspiramos. Los ecosistemas en buenas condiciones no solo son refugio de flora y fauna, también contribuyen a nuestro bienestar a través del suministro de servicios ecosistémicos como la regulación del ciclo hidrológico y la calidad del agua (agua potable, avenidas), la protección del suelo, la polinización de los cultivos, la fijación de carbono o el valor estético e identitario (pensemos en el carrascal de la Font Roja, por ejemplo: para los alcoyanos no es un carrascal cualquiera…). El resultado de degradar nuestros ecosistemas es una pérdida de productividad de los cultivos, avenidas que resultan de las lluvias torrenciales, los incendios forestales de grandes dimensiones, excesivamente frecuentes o severos, la regresión de la costa, etc.

Además, los ecosistemas también afectan a nuestra salud. La inmensa mayoría de las enfermedades infecciosas tiene un origen zoonótico (el 70% en el último siglo). La mala gestión de los ecosistemas, no sólo la ingesta de un determinado animal infectado, está detrás de epidemias recientes. Además, la contaminación sonora, química, visual afecta a nuestra salud, incluida la salud mental. Por ejemplo, en un metaanálisis publicado el año pasado, se vio que el acceso a jardines redujo la probabilidad de experimentar ansiedad y depresión en más un 25%.

Por otra parte, existen enormes oportunidades para el crecimiento verde. Y esto lo dicen organismos tan poco sospechosos de ecologismo como el World Resources Institute o el informe Dagupta. No en vano, los costes globales de la degradación de ecosistemas se valoran en 10-17% del producto interior bruto. Se estima que en Europa 4.4 millones de puestos de trabajo están relacionados actualmente con la red Natura 2000, y que esta cifra incrementará en 500.000 puestos en los próximos años, según un informe de la Universidad de Cambridge (CISL, 2023). De acuerdo con otro informe elaborado por ILO-UNEP-IUCN (UN, 2024), las soluciones basadas en la naturaleza generan en Europa empleos, de los cuales el 6% son jóvenes y el 42% mujeres. La mayoría de ellos están relacionados con gestión de la biodiversidad y la protección del paisaje. Se estima que la demanda adicional de empleo en este sector hasta 2030 será de 200.000 puestos, de los cuales, aproximadamente un tercio corresponderá a restauración ecológica. Entre las capacidades demandadas en le UE, según este estudio, estarán la gestión de proyectos, la ingeniería ambiental, los técnicos en restauración ecológica, los trabajadores en conservación de la naturaleza y los especialistas ambientales. Según datos del informe Dagupta, por cada millón de USD invertidos en restauración se generan 40 puestos de trabajo, lo que multiplica por 4 el empleo generado por los combustibles fósiles. El informe de la Fundación Biodiversidad (2023) también planeta unas perspectivas muy positivas en cuanto a la generación de empleo en temas relacionados con la gestión de la naturaleza y la biodiversidad.

3. La restauración costará un dinero del que no disponemos

La inversión para restaurar los ecosistemas terrestres degradados que se mencionaban más arriba es de 31€ por español/a y año hasta 2050 (1.400 M€ en total). Estos fondos deben salir de las arcas públicas: el marco multianual financiero de la CE 2021-2027 prevé una inversión del 8.5% del presupuesto de la UE en biodiversidad, o 14.800 millones de euros anuales (superior a los 6-8.000 millones anuales previstos para restauración en Europa). Pero también de las inversiones privadas. Hay que tener en cuenta que el estudio de impacto de dicho Reglamento estima que los beneficios que pueden aportar las inversiones en restauración se acercarían, de media, a 8 euros por euro invertido. A priori, no es mal negocio, aunque el reto de atraer capital privado es considerable.

Estas cifras pueden ser algo mareantes, pero conviene ponerlas en contexto. Los incentivos a los combustibles fósiles em España suponen 24.569 M€ (SPAIN 2022; WMF). Las subvenciones ambientalmente perjudiciales, 23.300 M€ (Spain 2023; Greenpeace, 2025). Estamos hablando de unos fondos de alrededor el 25% de estas cifras, una cuarta parte de este dinero malgastado.

Por otra parte, en España tenemos experiencia. En el marco del Plan Nacional de Reforestación de 1939-1986 se plantaron cerca de 7 millones de hectáreas: una superficie de una escala de magnitud análoga a la que barajamos actualmente. También la aforestación de tierras agrarias marginales en el marco de la PAC a finales del siglo XX cubrió aproximadamente 1’5 millones de hectáreas. Si los nuestros ancestros lo pudieron hacer, con muchos menos recursos y tecnología menos eficaz…

Además, si somos listos, podemos identificar aquellas zonas que proporcionan más réditos en términos de protección de la biodiversidad y suministro de servicios ecosistémicos: a nivel mundial actuar sobre un 15% del territorio, si se hace con buena planificación, tendría un efecto desproporcionado sobre la biodiversidad (evitando el 60% de las extinciones) y el secuestro de carbono (nada menos que 299 Gt de CO2).

4. La tasa de restauración actual es suficiente

Por desgracia, las estimaciones de la tasa de restauración en Europa y en España son muy pobres: la ausencia de datos es uno de los problemas que la ley de restauración debería ayudar a resolver. Sin embargo, sabemos que las tasas actuales están un orden de magnitud por debajo de las tasas necesarias. A este ritmo, apenas habremos restaurado un 25% de las zonas degradadas en 2050, siendo optimistas. Existe un consenso generalizado acerca de las causas de estas cifras tan pobres: se deben al escaso compromiso político y factores derivados de éste, como la escasa coordinación o la escasez de fondos.

5. La aplicación de la ley tendrá un efecto negativo sobre la productividad agrícola y el futuro de la agricultura

En primer lugar, es importante destacar que la restauración ecológica no pretende recuperar el ecosistema degradado previo a su degradación cuando ésta no es reciente. Los estándares para la práctica de la restauración reconocen ecosistemas semi-naturales y ecosistemas culturales de alto valor ecológico como ecosistemas de referencia u objetivos de la restauración. Así, ecosistemas muy intervenidos por la actividad humana, con alto valor silvopastoral como pueden ser las dehesas o los prados de siega, pueden constituir modelos de referencia para determinadas zonas. Tampoco se pretende recuperar ecosistemas del pasado sin tener en cuenta las condiciones actuales y futuras. Estos ecosistemas de referencia deben estar adaptados a estas condiciones, incluyendo el cambio climático esperado.

Por otra parte, entre los hábitats de interés comunitario que el artículo 4 de la ley europea (UE, 2024) obliga a mantener en estado de conservación favorable se incluyen comunidades pratenses y herbáceas con valor ganadero.

Más allá de estos hábitats, la ley de restauración (MITECO, 2024) obliga a los estados miembros a mejorar el estado de los agroecosistemas mediante cuatro indicadores. Uno de ellos es obligatorio: el índice de aves de aves comunes ligadas a medios agrarios. La abundancia de estas aves, con especies tan icónicas como la avutarda, ha disminuido drásticamente en España en las últimas décadas. Esta disminución ha ido acompañada de la desaparición del barbecho y otras prácticas de la agricultura extensiva. También de la reducción de la ganadería extensiva. Mejorar este indicador, o luchar contra la desaparición de estas especies, supone un replanteamiento de las grandes explotaciones de agricultura intensiva.

Aparte de este indicador, la ley obliga a mejorar en, al menos, dos de tres indicadores: índice de mariposas de pastizales, carbono orgánico almacenado en suelos agrícolas y la proporción de zonas con elementos paisajísticos de gran diversidad. Cabe mencionar que la elección de indicadores no es caprichosa: se trata de termómetros del estado de estos hábitats, que nos permiten determinar el estado de salud sin un chequeo completo, que sería costoso y llevaría mucho tiempo. En todos estos indicadores, España, como el resto de los estados miembros, definirá sus metas, lo que es una muestra de la enorme flexibilidad de esta ley. Estos indicadores se alinean con el de aves, con lo que las actuaciones para favorecer un indicador tendrían un efecto sinérgico con el resto. Por otra parte, el contenido de materia orgánica en el suelo no sólo es un indicador de cuánto se ha secuestrado (especialmente si se trata de las formas más estables de carbono en el suelo). También se relaciona con la fertilidad del suelo, con lo que las acciones de restauración coinciden plenamente con los objetivos de los agricultores: mejorar la fertilidad del suelo. La abundancia de mariposas está relacionada con la abundancia de polinizadores, en general. Recuperar este grupo de organismos, a los cuales se dedica un artículo completo de la ley europea (UE, 2024), es esencial para mantener la productividad agrícola (su desaparición supondría una disminución de 5-8% de la productividad agrícola).

Para acabar, los estados miembros podrán promover la implantación de regímenes de ayuda públicos o privados en beneficio de las partes interesadas que ejecuten las medidas de restauración, con lo que se puede establecer un programa de ayudas a agricultores y ganaderos que pueda compensar la reducción de beneficios como resultado de la aplicación de la ley, si la hubiere. Tal como menciona le ley, “las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública, incluidos instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales” (UE, 2024).

6. La ley de restauración aumentará el riesgo de incendios

La superficie forestal en España ha aumentado desde mediados del siglo XX. Este crecimiento genera una situación nueva por dos razones. En primer lugar, cuando esto ocurrió históricamente, era porque coincidía con un período de desintegración social, generalmente por plagas o guerras. Por primera vez en la historia se está produciendo un crecimiento no ligado al uso de recursos naturales, con una excepción: el espacio. En las zonas costeras especialmente, la población invade los paisajes costeros, compitiendo y poniendo en peligro la persistencia de ecosistemas dunares, humedales litorales, etc. En segundo lugar, estos cambios se producen en un contexto de cambio climático y progresiva aridificación.

Este uso histórico de los bosques, la relativa juventud de grandes masas forestales (que se ve reflejada en su estructura y composición) y el contexto climático afectan a la vulnerabilidad de nuestros bosques. Por un lado, sólo el 14% de los hábitats forestales protegidos bajo la Directiva Hábitats está en buenas condiciones en cuanto a su composición, estructura y función. Por otra parte, los montes pronto acumulan suficiente combustible para sufrir incendios, algunos de ellos de gran extensión, recurrentes y muy severos. Finalmente, las sequías extremas debilitan y llegan a acabar con grandes extensiones de arbolado.

En este contexto, deberíamos ir más allá de cuestionarnos el impacto de la ley de restauración sobre la ocurrencia de incendios. Más bien deberíamos preguntarnos si la ley puede servir para gestionar los montes en estas circunstancias tan complicadas y, especialmente, para estimular un diálogo social sobre qué montes queremos tener y cómo conjugar sus diferentes funciones de los bosques a escala de estado, de las comunidades autónomas y a escala local, incluyendo desde la conservación integral, hasta la explotación comercial. ¿Qué superficie de bosque debemos gestionar para disponer, en el futuro, de bosques maduros y dónde deberían estar localizados? ¿Qué superficie estamos dispuestos a ceder al fuego cada año? ¿En qué condiciones podemos mantener bosques productivos en términos de producción de madera, productos forestales no maderables, turismo, etc.?

El artículo 12 de la ley europea (UE, 2024) es claro: “Los Estados miembros establecerán las medidas de restauración necesarias para mejorar la biodiversidad de los ecosistemas forestales … al tiempo que tendrán en cuenta los riesgos de incendios forestales”. Esta referencia, y la repetida alusión a la adaptación al cambio climático, establecen un marco jurídico para gestionar nuestros bosques.

El artículo 12 también hace referencia a una serie de indicadores. El primero de ellos, obligatorio, establece la necesidad de generar una tendencia positiva del índice de aves forestales. Siendo un tema complejo, existen conocimientos y experiencia práctica en España para gestionar los montes en esta dirección. De nuevo, se trata de acordar dónde y qué extensión es compatible con otros usos. En paralelo, la ley establece siete indicadores, de los cuales, los Estado miembros deberán elegir seis. La mayoría están relacionados con el establecimiento y protección de bosques de alto valor ecológico, como la presencia de madera muerta en pie y caída, la proporción de bosques no coetáneos, la proporción de especies forestales autóctonas, o la diversidad de especies arbóreas. Una gestión forestal más cercana a los procesos naturales también puede contribuir a mejorar estos indicadores y otros, como la conectividad forestal o las reservas de carbono.

Algunos de los indicadores mencionados anteriormente, como los relativos a la acumulación de madera muerta, fueron objeto de enconada discusión, al relacionarse con un mayor riesgo o severidad de los incendios. Sin embargo, esta relación no es tan evidente, ya que depende del tipo de biomasa muerta y de otros muchos factores. Por desgracia, normalmente el combustible no es limitante para que se inicie y se propague un fuego.

Finalmente, el artículo 13 de la ley de restauración de la naturaleza (UE, 2024) establece la obligatoriedad de plantas 3.000 millones de nuevos árboles en todo el territorio de la Unión. Es importante la frase que se menciona a continuación: “respetando plenamente los principios ecológicos, también garantizando la diversidad de las especies y de su estructura por edades, y dando prioridad a las especies arbóreas autóctonas, salvo, en casos y condiciones muy específicos, cuando se trate de especies no autóctonas adaptadas al suelo, el contexto climático y ecológico y las condiciones de los hábitats locales y que contribuyen a fomentar una mayor resiliencia al cambio climático”. Es decir, plantar árboles allá donde puedan contribuir a la protección de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la conectividad de especies nemorales.

En el contexto de los artículos 12 y 13, como en otros, la ley europea de restauración es muy flexible, permitiendo un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para que utilicen este marco jurídico de la manera más adecuada a sus intereses. Así, los indicadores y las metas deben ser fijados en los Planes Nacionales de Restauración. Así mismo, la contribución a la plantación de 3.000 millones de árboles formará parte de la propuesta del Plan. Así mismo, España deberá establecer los procedimientos para facilitar la participación del sector privado, propietario de buena parte de los montes españoles. Por ello, la implementación de esta ley supone una oportunidad magnífica para hacer frente a los múltiples problemas a los que se enfrentan los bosques españoles, incluida la gestión de los incendios, preparándolos para un futuro que ya es presente.

7. La eliminación de barreras en los ríos prevista en la ley europea de restauración roba el agua a nuestros agricultores y afectará a la producción de energía.

El estado de los ríos en España no es bueno, especialmente en lo que respecta a su continuidad. Existen cerca de 20.000 barreras transversales al flujo de nuestros ríos y más de 14.000 obras longitudinales. Estas obras han alterado profundamente el funcionamiento de los ríos y, junto a la drástica transformación de las llanuras de inundación y a otras presiones ejercidas sobre los cursos fluviales, han provocado la reducción del suministro de servicios ecosistémicos. Los ríos se reducen a meros canales para transportar agua.

Antes de que se aprobara la ley europea de restauración, la estrategia nacional de restauración de ríos ya contemplaba el inventariado de las infraestructuras mencionadas más arriba y la eliminación, y el detalle es importante, de las obsoletas (en Europa, una de cada 10 barreras). Con ello, se espera recuperar parte de la biodiversidad perdida, pero también mejorar la capacidad de los ríos y del espacio fluvial de regular el ciclo hidrológico, la calidad del agua, su capacidad de fijar carbono o de actuar como escenario de nuestro ocio. Por ello, tal como está planteada, la eliminación de infraestructuras no está afectando a la disponibilidad de agua para la agricultura.

Tampoco afecta a la generación de electricidad: del millón de barreras que se estima que existen en Europa, sólo el 2% se usa para producción hidroeléctrica y de ellas, la mayoría producen muy poca energía, por lo que la eliminación de barreras obsoletas tampoco puede tener un impacto sustancial sobre la generación de este tipo de energía.

8. La eliminación de estas barreras aumentará el riesgo de inundaciones

Cuando la demanda evaporativa es elevada, el aumento de la cubierta forestal supone un aumento de la cantidad de agua evapotranspirada; es decir, aumenta la cantidad de agua que retorna a la atmósfera por medio de la evaporación desde la superficie de suelos y vegetales, siempre que haya agua disponible. Este aumento reduce los caudales de base: los torrentes, durante los períodos de bajo caudal, llevan menos agua.

La relación entre cubierta forestal y picos de drenaje de la red hidrográfica, sin embargo, es menos clara. Esto es debido, por un lado, a que las cuencas no se comportan como modelos de flujos y depósitos simples. Pero, sobre todo, porque a partir de determinado nivel de lluvias torrenciales, el drenaje es independiente del tipo de cubierta vegetal. Este nivel se situaría en unos 200 mm en 24 horas. Hay que tener en cuenta que las precipitaciones que dieron origen a la DANA de Valencia del 29 de octubre fueron muy superiores a esta cifra. Por ello, aumentar la cubierta forestal y modificar su distribución espacial podría tener un impacto sobre las avenidas cuando el nivel de precipitaciones es elevado, pero no extremo.

Tampoco es evidente que la eliminación de estas barreras tenga un impacto sobre el control de avenidas. La gestión de cauces basada en obras grises (excavaciones, canalizaciones, sellado de lechos y riberas, diques, motas, etc.) está siendo cuestionada actualmente como una solución general. Por un lado, supone una destrucción completa de los hábitats fluviales y de los múltiples servicios ecosistémicos que nos brindan. Esta alteración puede facilitar la expansión de especies invasoras como la caña, con profundas derivadas sobre el funcionamiento del río. Además, hay que tener en cuenta que la alteración del flujo de agua, sedimentos y nutrientes que generan estas infraestructuras tiene un impacto sobre la dinámica de los ecosistemas costeros, incluyendo su productividad. Por otro lado, la desaparición de cauces meandriformes o anastomosados, aumenta la pendiente y, con ello, la velocidad del río. Estos métodos se basan en modelos hidrológicos, a menudo de limitado capacidad de predicción para eventos extremos o condiciones climáticas nuevas. De hecho, el colapso de las barreras no es infrecuente, como demostró la riada que inundó partes de la vega baja del río Segura en 2019. Además, el coste de construcción y mantenimiento de estas infraestructuras a menudo es superior a otras soluciones. Los diques en cabecera a menudo provocan la simplificación del lecho y aumenta la tasa de erosión aguas abajo. Finalmente, estas infraestructuras pueden dr la sensación de falsa seguridad.

Ante esta situación, se plantea una nueva aproximación a la gestión de avenidas, centrada en soluciones basadas en la naturaleza. Esto incluye la gestión de laderas para aumentar la infiltración, el establecimiento de una red de barreras permeables, el mantenimiento de sistemas tradicionales de bancales, albarradas y otras infraestructuras hidráulicas, la permeabilización de espacios urbanos, cuyo sellado contribuye a aumentar el volumen de escorrentía y su velocidad, la creación de espacios para retener y detener temporalmente el agua de escorrentía (espacios inundables compatibles con ciertos usos), y siempre que sea posible, la recuperación de la llanura de inundación del río.

En estas condiciones, la eliminación de pequeñas barreras fluviales tendría un efecto limitado sobre la ocurrencia de avenidas y se enmarca en esta nueva concepción de la gestión fluvial. Además, la ley europea de restauración de la naturaleza menciona explícitamente la necesidad de restaurar las llanuras de inundación. Como en el caso de los ecosistemas forestales, esta ley supone una oportunidad para repensar nuestros paisajes, haciéndolos más resilientes, menos vulnerables a extremos climáticos y más habitables.

Referencias

CISL (2023). University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Raising European Climate Ambition for 2040.

Fundación Biodiversidad (2023). Empleo y Transición Ecológica. Yacimientos de empleo, transformación laboral y retos formativos en los sectores relacionados con el cambio climático y la biodiversidad en España.

MITECO (2024). El Plan Nacional de Restauración.

UE (2024), Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo

UN (2024). Decent Work in Nature-based Solutions Report.

Jordi Cortina

Jordi Cortina I Segarra es catedrático de Ecología de la Universidad de Alicante. Es el actual presidente del Capítulo Europeo de la Sociedad para la Restauración Ecológica.

Ha trabajado en biogeoquímica y productividad de ecosistemas terrestres y su aplicación a la gestión: plantaciones forestales, desertificación y restauración de ecosistemas.

‘No vamos a contar mentiras’

Todos los martes, a las 13:45 horas, Miguel A. Goberna, profesor emérito de Matemáticas de la Universidad de Alicante, les propone un bulo —científico o no— que todos, o casi todos, hemos escuchado o leído en alguna ocasión en un medio de comunicación, en una red social o en un libro.

Son los profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante y expertos de reconocido prestigio en esta y en otras areas quienes refutarán esas falsedades. Y es que, como diría Goethe (pero nunca dijo): “¡Ciencia! ¡Más ciencia!”.