Faltan casi 27.000 plazas residenciales en la Comunitat Valenciana: "Es cuestión de voluntad política"

Valencia

La Comunitat Valenciana arrastra un déficit de casi 27.000 plazas residenciales para personas mayores, según el estudio 'Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España en cada una de las comunidades autónomas (2010-2024)', elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Su presidente, José Manuel Ramírez Navarro, analiza, en La Ventana Comunitat Valenciana, las causas y consecuencias de un problema que califica de “estructural”.

Un déficit que crece año tras año

“En este momento podemos decir que sigue aumentando el déficit de plazas residenciales en toda España”, advierte Ramírez. Según sus cálculos, se necesitarían más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas dependientes severas y grandes dependientes, “los casos más críticos”. Además, faltarían 100.000 plazas para alcanzar la ratio adecuada de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años”.

El presidente de la asociación recuerda que, aunque desde la pandemia se han creado 23.000 plazas, la población mayor de 65 años ha crecido en más de 800.000 personas. “Entonces, claro, el índice de cobertura cada vez es menor”, señala. Mientras comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha superan el 6,5% de cobertura, “en otras como Murcia, Canarias y la Comunitat Valenciana, la ratio es la peor”.

“No es un problema de financiación”

Ramírez descarta que la infrafinanciación sea la causa principal: “Esto no se debe a un tema de financiación. Podría influir, pero la financiación en el tema de la dependencia es para todas las comunidades autónomas muy similar”. Para él, la clave está en la prioridad política e institucional: “Es una cuestión de dónde quiere invertir el gobierno de cada comunidad autónoma el dinero que tiene para atender a las personas más vulnerables o para hacer otras cosas”.

El presidente también recuerda que “desde hace mucho tiempo, gobiernos de izquierda y derecha demandan al Gobierno de España que pague el 50% como se comprometió en la dependencia”. Sin embargo, insiste en que la falta de plazas no se resuelve solo con esa reclamación: “Está bien reclamar las cosas, pero hay que hacer bien las cuentas”.

Ramírez aprovecha para responder directamente a la consellera de Servicios Sociales, a Elena Albalat, que horas antes había reiterado esa petición al Ejecutivo central, al que acusa de deber 4.000 millones de euros: “Sí, cuando dice lo del 50%, está bien reclamarlo, pero no sabemos qué porcentaje pone la Comunidad Autónoma”, señala.

Explica que la asociación ha solicitado ese dato en varias ocasiones: “Le hemos pedido a la consellera y a todos los consejeros de todas las CCAA que nos digan cuánto ingresa del copago de las personas dependientes atendidas, porque así sabríamos exactamente cuál es el porcentaje que aporta la Comunitat Valenciana y cuál es el porcentaje que aporta la Administración General del Estado”. Ramírez denuncia que en los cálculos oficiales se comete un error: “En los porcentajes que maneja la Generalitat, el dinero del copago de los valencianos lo atribuye como una aportación propia del presupuesto autonómico, y eso es un dato erróneo”, advierte.

Por eso, insiste en que “para hacer bien las cuentas y saber cuál es la factura que tiene que pasar al Estado, primero debería dar el dato del dinero que recauda del copago”.

Baja ocupación pese a la lista de espera

Uno de los datos más llamativos del informe es la ocupación media en la Comunidad Valenciana, que se sitúa en el 61,3%, muy por debajo del 82% nacional, pese a la enorme lista de espera. “Sí, es paradójico”, reconoce Ramírez, que lo atribuye a dos motivos principales.

“Por una parte, puede haber plazas disponibles, pero hay personas que no pueden pagarlas porque no tienen dinero suficiente y la Comunidad Valenciana no concierta las suficientes plazas ni da las suficientes prestaciones vinculadas al servicio”, explica. El segundo motivo es la ubicación de las residencias: “En lugar de hacerlas con una planificación estratégica basada en los mapas de servicios sociales, se han hecho a golpe de mitin electoral”.

Ramírez denuncia que “en España se han construido residencias en pueblos pequeños, lejos de las capitales, lo que dificulta su ocupación”. “Iba el presidente de la Generalitat a un pueblo, el alcalde le pedía una residencia y se hacía, aunque el pueblo estuviera a más de una hora de la capital”, ejemplifica. “Ahora dicen: ‘Tenemos una plaza disponible en este pueblo a 100 km de donde usted vive’. Y claro, nadie quiere llevar allí a su padre”.

Desinstitucionalización

Preguntado por los retos del sistema, Ramírez señala dos: la burocracia y el intento de desinstitucionalización. Sobre este último, advierte: “Está muy bien, pero requiere financiación extraordinaria para la ayuda a domicilio. Si no hay financiación, no se puede incrementar la atención domiciliaria ni compatibilizarla con centros de día o con la prestación económica para cuidadores familiares”.

Con los recursos actuales, asegura, “tenemos servicios low cost, que no son idóneos para mantener los proyectos vitales de las personas dependientes en su propio entorno”. Y aporta un dato revelador: “En los últimos 10-15 años solo se ha aumentado tres horas la intensidad de la ayuda a domicilio, sin llegar ni siquiera a una hora diaria”.

Por eso, critica el discurso político: “Cuando los gobernantes hablan de desinstitucionalización, en realidad están diciendo a las 50.000 personas que necesitan una residencia ya: ‘Muéranse en su casa, mala suerte’”.

Un laberinto burocrático

La burocracia es otro obstáculo grave. “Los procedimientos administrativos que se plantean para las prestaciones y servicios del sistema público de dependencia generan un auténtico laberinto burocrático”, denuncia Ramírez. “De media se tarda casi 360 días —casi un año— en atender a una persona dependiente desde que lo solicita hasta que recibe la prestación o el servicio”.

El presidente propone una solución clara: “Hay que avanzar hacia la prescripción social facultativa y conseguir que los servicios se adapten a la persona, y no la persona a los servicios”. Y concluye con un mensaje contundente: “Si elimináramos burocracia, seríamos más ágiles, llegaríamos a tiempo para atender a la gente antes de que fallezca y, sobre todo, evitaríamos un mayor sufrimiento en las personas más vulnerables”.

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