El PP de Dénia cuestiona el “ahorro” del Ayuntamiento con la nueva Oficina Municipal de Tributos

Dénia

El Partido Popular de Dénia ha criticado la presentación de la nueva Oficina Municipal de Tributos por parte del gobierno local, formado por PSOE y Compromís, al considerar que responde más a “una estrategia propagandística” que a una mejora efectiva del servicio público. La apertura de esta oficina se anunció como un ahorro de 300.000 euros anuales para las arcas municipales al asumir la gestión del impuesto de vehículos y la tasa de basura, tareas que hasta ahora realizaba SUMA Gestión Tributaria, organismo dependiente de la Diputación de Alicante.

Sin embargo, el PP sostiene que este argumento omite elementos esenciales que alteran la versión oficial. Según los populares, la remodelación del local ha supuesto un coste de cerca de 300.000 euros y el mantenimiento anual —personal, suministros, sistemas informáticos y servicios asociados— superará esa misma cifra, “diluyendo completamente el supuesto ahorro” .

El concejal popular José Antonio Cristóbal ha acusado al Ejecutivo municipal de “duplicar servicios para justificar más personal y más gasto”, defendiendo que SUMA presta este servicio “con eficacia y sin cargar más peso sobre el Ayuntamiento”. Además, ha cuestionado el relato del gobierno local sobre la gestión económica y la reducción de la deuda, señalando que parte del endeudamiento proviene de “sentencias urbanísticas gestadas en etapas anteriores de gobierno socialista” .

Por su parte, la presidenta del PP de Dénia, Pepa Font, ha reclamado “transparencia real y rigor económico”, recordando que la finalidad de un Ayuntamiento “no es ahorrar por ahorrar, sino invertir en servicios públicos e infraestructuras que mejoren la ciudad”. Font reprocha al gobierno municipal que convierta la gestión pública “en un escaparate electoral” y lamenta que la ciudadanía “no esté recibiendo la imagen completa de las cifras y decisiones que se están tomando” .

La apertura de la nueva Oficina Municipal de Tributos se produce en un contexto de reorganización administrativa y debate sobre el modelo de gestión tributaria, mientras la oposición reclama una evaluación más amplia del impacto económico y de la eficiencia del servicio.