Catalá, sobre la concejala de su gobierno para quien la Fiscalía pide cárcel por sus mensajes racistas: "Hay que respetar la presunción de inocencia"

València

Presunción de inocencia. Es lo que reclama la alcaldesa de València para la concejala de Vox que forma parte de su equipo de gobierno en el Ayuntamiento, Cecilia Herrero, para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel por sus mensajes racistas y homófobos en redes sociales.

María José Catalá asegura que ni ella ni nadie del PP habría escrito algo así, que no comparte el contenido de esos mensajes, pero pide respeto al procedimiento judicial, como ha ocurrido otras veces en el ayuntamiento, y recuerda que existe la presunción de inocencia.

Pero la oposición insiste en que una concejala racista no puede formar parte del gobierno municipal de València y pide a la alcaldesa que la cese de manera inmediata.

No hay condena

Ni una denuncia, ni una solicitud por parte de la fiscalía implican una condena. Estamos en un estado de derecho y hay que dejar trabajar a la justicia. Es lo que asegura la alcaldesa María José Catalá sobre la concejala de Vox, Cecilia Herrero, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión por escribir en sus redes sociales mensajes racistas y homófobos.

Según Catalá, en otras legislaturas sí se respetó la presunción de inocencia en otros procedimientos judiciales.

Y ha citado el caso del concejal de Compromís, Pere Fuset, para quien se pedían cinco años de cárcel por homicidio imprudente tras la muerte de un trabajador durante el montaje de los conciertos de la Feria de Julio en Viveros, un asunto que no llegó a juicio porque hubo un acuerdo entre las aseguradoras, o en el procedimiento abierto contra el exalcalde Joan Ribó por una cuestión administrativa.

Por eso, aunque ella no comparte el contenido de los mensajes de Cecilia Herrero y nadie de su partido, según dice, escribiría algo así, pide que se respete la presunción de inocencia.

La oposición pide el cese inmediato

Pero la oposición insiste en que en este caso no existe presunción de inocencia, que los hechos están confirmados y que lo que cabe ahora es determinar si esos mensajes son susceptibles de ser un delito de odio.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, recuerda que hace un año, cuando denunciaron estos mensajes, Catalá dijo que esperaría a que se pronunciara la Fiscalía. Ahora cuando ésta pide tres años de cárcel, se lava las manos manchando la imagen de la ciudad.

Y el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, insiste en que Catalá tiene que asumir su responsabilidad como alcaldesa y cesar a una concejala de su equipo de gobierno que es racista y homófoba.

Herrero presenta moción

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero ha presentado una moción al próximo pleno municipal en la que solicita que se "evite recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas".

Herrero ha presentado para que se incluya en el orden del día de la sesión ordinaria del pleno que tendrá lugar el próximo martes. En su propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la edil esgrime que el Ayuntamiento, "como institución democrática, tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, especialmente los relativos a la libertad de expresión, la participación política, la igualdad ante la ley y el pluralismo político".

En el texto hace referencia a que la calificación fiscal, motivada por las denuncias de Compromís y PSPV, ha trascendido públicamente antes de que se le haya notificado a ella misma. Sin entrar en el fondo del asunto, apunta, "la apertura de procesos penales entre representantes públicos por puro oportunismo político y basado en discrepancias políticas genera una seria preocupación institucional".

En este punto, alude a la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que "en su trayectoria pública ha advertido reiteradamente sobre el riesgo de emplear el Derecho Penal como herramienta de confrontación política".

"En su propia presentación institucional, --prosigue-- JJpD subraya su compromiso con 'una justicia independiente, accesible y comprometida con los derechos fundamentales', recordando que el sistema penal debe mantenerse alejado de usos partidistas o estratégicos. Asimismo, en comunicaciones recientes, JJpD ha sido la única asociación judicial que ha reconocido expresamente 'la instrumentalización de ciertos procedimientos por razones partidistas", alertando de que este fenómeno erosiona la confianza en la justicia y deteriora la convivencia democrática'".

"En un contexto de pluralidad ideológica como el de esta corporación, resulta imprescindible reforzar el compromiso ético y democrático de todos los miembros del Pleno para garantizar que las discrepancias políticas se canalicen mediante el diálogo, el debate público y los mecanismos democráticos ordinarios, excluyendo los ataques ad hominem y evitando recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas", insiste Herrero.

"Expresión controvertida"

Además, expone que el recurso al Derecho Penal --incluido el tipo de delito de odio-- "exige siempre una valoración estrictamente jurídica, rigurosa y basada en los criterios establecidos por la jurisprudencia, sin presuponer, inventar, forzar, manipular o sesgar cualquier expresión controvertida o desafortunada o que simplemente no guste o no se entienda, ni interpretar de la manera equivocada expresiones ajenas privándolas de su contexto temporal - o de otra índole".

Por todo ello, "y ante la gravedad institucional que supone que representantes electos se enfrenten penalmente entre sí por cuestiones vinculadas al debate político", pide en la moción que "los concejales y concejalas se comprometan a actuar "con responsabilidad institucional, evitando conductas y actuaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales de sus compañeros y compañeras" y que el Pleno acuerde "promover espacios de mediación, diálogo y resolución interna de conflictos para prevenir la escalada de tensiones políticas y fortalecer la convivencia democrática dentro de la corporación".

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