Benidorm, ante la ejecución forzosa del pago de 350 millones por Serra Gelada
La familia Murcia Puchades pide al juez que se ejecute una sentencia sin precedentes en el urbanismo español y señala que cualquier superávit que tenga el Ayuntamiento deberá ser destinado a ello
Benidorm
La familia Murcia Puchades ha dado un paso más en el conflicto con el Ayuntamiento de Benidorm para reclamar el pago de la indemnización de más de 350 millones de euros tras la sentencia judicial firme por la pérdida de derechos urbanísticos en los terrenos de Serra Gelada, actualmente parque natural.
Una sentencia que establecía que el Ayuntamiento debía pagar 283 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por esos aprovechamientos de su propiedad incluidos en el sector APR-7.
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El origen del conflicto se remonta a convenios firmados hace más de dos décadas con el consistorio en los que se acordaba la compensación por la edificabilidad de esos terrenos y prorrogados a lo largo de este tiempo por gobiernos locales del PP y del PSOE.
Silencio en el Ayuntamiento
El actual equipo de gobierno, encabezado por Toni Pérez (PP), sigue sin dar pistas de cuál va a ser su próximo paso a pesar de la creciente polémica política y mientras los últimos acontecimientos parecen abocar a que habrá que darlo más pronto que tarde.
En el escrito para pedir el pago forzoso al que ha tenido acceso Radio Benidorm los Murcia Puchades apuntan, entre otras cosas, a la 'inactividad' del Ayuntamiento en este sentido: "Transcurridos más de nueve meses desde que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la firmeza de la Sentencia del TSJCV y cuatro meses desde que se le comunicó el testimonio de esta Sentencia para su ejecución, esta parte no tiene constancia de que el Ayuntamiento haya desarrollado actividad alguna tendente al cumplimiento de esta resolución judicial, es decir, al pago de la cantidad fijada y sus intereses".
Así las cosas, concreta ese escrito, "es claro que el Ayuntamiento debería haber concluido ya el procedimiento de modificación presupuestaria necesaria para hacer frente al pago ordenado por la sentencia firme, lo que no consta que haya ocurrido. Téngase en cuenta, además, que cualquier superávit que tenga el Ayuntamiento deberá ser destinado al pago de la resolución judicial firme, a tenor de lo dispuesto en los artículos 14 y 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)".
Jorge García
Redactor en Radio Benidorm, edita y presenta Hora 14 y La Ventana de la Marina Baixa
