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Dénia se refuerza en el nuevo plan judicial del Gobierno para 2026

La Comunitat Valenciana recibirá 58 nuevas plazas, con refuerzo para los tribunales de instancia de Dénia y otras ciudades

Fachada del Palacio de Justicia de Dénia. / Miriam Pagán

Fachada del Palacio de Justicia de Dénia.

Dénia

El Gobierno central ha anunciado la creación de 500 nuevas plazas judiciales a lo largo de 2026, lo que supone un incremento del 8,5 % en la planta judicial actual. En el caso de la Comunitat Valenciana, el aumento será del 9,7 %, al recibir 58 nuevas plazas, según informó este lunes el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Del total asignado a la Comunitat, 46 plazas se destinarán a Tribunales de Instancia (TI) y 12 a órganos colegiados —10 para Audiencias Provinciales y 2 para el Tribunal Superior de Justicia—. Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados se encuentran los de Alicante, València, Elche, Castellón, Gandía, Dénia, Benidorm, Paterna, Torrent y Xàtiva, lo que sitúa a Dénia dentro del grupo de municipios valencianos que experimentarán un fortalecimiento de su estructura judicial.

La medida forma parte de un real decreto que inicia ahora su tramitación y que deberá incorporar aportaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comunidades autónomas y ministerios como Hacienda o Igualdad. Los criterios de reparto han tenido en cuenta la litigiosidad, la población, la carga de trabajo y las propuestas autonómicas y de los Tribunales Superiores de Justicia.

Según el departamento que dirige Félix Bolaños, se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año, posible gracias al nuevo modelo organizativo introducido por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los juzgados tradicionales por tribunales de instancia con una única oficina judicial de apoyo. Este sistema permite crear nuevas plazas con un coste aproximado de 100.000 euros por unidad, frente a los 500.000 euros que suponía la creación de un juzgado completo. El coste total del plan se cifra en 55,7 millones de euros.

La iniciativa se complementa con la tramitación del proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en los próximos tres años.

 

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