El exconcejal setabense Marcos Benavent vuelve el banquillo
Peticiones de cárcel para el exgerente de Imelsa y otros cuatro acusados
GRAFCVA442. VALENCIA, 09/05/2024.- El exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, a su llegada a la Ciudad de la Justicia para declarar como testigo en la decimotercera sesión del juicio del caso Erialident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque (EFE)
València
El exconcejal del Ayuntamiento de Xàtiva, el setabense Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, vuelve este lunes al banquillo acusado del presunto amaño de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2008 a cambio de comisiones ilegales. Junto a él se sientan en el juicio el exgerente de la Fundación pública Jaume II El Just, Vicente Burgos Antón, y tres empresarios vinculados a las adjudicaciones investigadas.
La Fiscalía solicita para Benavent seis años y seis meses de prisión por delitos continuados de cohecho y malversación, además de prevaricación administrativa, con la atenuante de confesión por su colaboración con la investigación. Para Burgos pide cinco años de prisión por malversación, al considerar que permitió que Benavent cobrara durante años un salario público sin desempeñar funciones reales mientras realizaba tareas vinculadas al Partido Popular.
Cohecho activo
El Ministerio Público también acusa a los empresarios Enrique Aleixandre Chumillas, Carlos Vicent Gil y Carlos Turró Homedes de cohecho activo por el pago de sobornos para asegurarse contratos públicos, solicitando para cada uno tres años de prisión, multas económicas e inhabilitación para contratar con la administración.
Según el escrito de acusación, la entonces concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, María José Alcón —fallecida en 2018—, habría tenido un papel central en el entramado, controlando las mesas de contratación, los pliegos y las valoraciones técnicas para favorecer a empresas previamente seleccionadas. Benavent actuaba como intermediario y recaudador de las comisiones, mientras que los empresarios pagaban en metálico tras obtener las adjudicaciones.
Favorecer a empresas
Entre los contratos investigados figura la limpieza y restauración de la Lonja de València, adjudicada en 2003 por más de un millón de euros, con una posterior ampliación sin concurrencia pública cercana a los 450.000 euros, a cambio de un pago de 9.000 euros. También se analizan las obras de las Torres de Quart, presuntamente amañadas desde el inicio, y diversas contrataciones vinculadas a la Mostra de València, en las que se habrían introducido criterios subjetivos para favorecer a determinadas empresas, que posteriormente entregaban dinero en efectivo e incluso un vehículo.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita el decomiso de 29.000 euros procedentes de las comisiones ilícitas y una responsabilidad civil conjunta de más de 164.000 euros por el desvío de fondos públicos en la Fundación Jaume II El Just.