Marcos Benavent: "Yo no era un zombi"

València

Se trata de la pieza E del denominado Caso Taula dentro de la macrocausa Imelsa. En el banquillo se sienta Benavent, tres empresarios y el exgerente de una fundación pública por amañar contratos del área de cultura del Ayuntamiento de València en la primera década de 2000.

Benavent era amable pero parco a la hora de responder a la prensa y subrayar su inocencia.

Algo que corroboraba apenas unos minutos antes Vicente Burgos, exgerente de la fundación pública que pagaba a Benavent y para quien se piden cinco años de prisión. Benavent no era un zombi... luego "la vida le cambió".

Ya en su declaración Burgos ha explicado que como gerente de la fundación no tenía capacidad ni de contratar ni tampoco de pagar a nadie. Que Benavent hacía trabajos para la fundación porque así lo decidió el entonces conseller Esteban González Pons.

Y que luego a Benavent lo mantuvieron en esa misma situación otros dos consellers: Alejandro Font de Mora y Trini Miró. A la salida Burgos insistía: Benavent era el hombre del conseller en la fundación Jaume II El Just.

Burgos ha llegado a romper a llorar en la sala porque ha insistido en todo momento en ser una víctima de todo. Que si dijo en instrucción que Benavent trabajaba sin cobrar fue porque él estaba defendiéndose en otra causa y que siempre matizó que no cobraba de la fundación porque trabajaba en el equipo del conseller y que esa conselleria, la de cultura, era la que pagaba.

Que la fundación, por entonces, primeros años de 2000, no era una empresa instrumental de la Generalitat. Eso no fue hasta 2009 por un importante cambio legislativo llevado a cabo por el gobierno central.

El miércoles continuarán las declaraciones. Turno para otro de los empresarios procesados y de la entonces diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo, denunciante de toda la trama Imelsa.

Otra pata de Imelsa

Benavent se enfrenta a una petición de hasta seis años y seis meses de prisión por delitos continuados de cohecho y malversación de caudales públicos, así como un delito de prevaricación administrativa.

Junto a Benavent, Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Pública Jaume II El Just para quien la fiscalía pide cinco años de prisión por permitir que Benavent cobrara durante años un salario público sin desempeñar ninguna labor real, mientras trabajaba para el Partido Popular.

Otros tres empresarios acompañan a Benavent y Burgos: Enrique Aleixandre Chumillas, Carlos Vicent Gil y Carlos Turró Homedes. A ellos el ministerio público les atribuye delitos de cohecho activo por el pago de sobornos destinados a asegurarse la adjudicación de contratos públicos. Para ellos pide penas de tres años de prisión.

Entre los contratos bajo sospecha está el de limpieza y restauración de La Lonja de València, el de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart y contrataciones vinculadas a la edición XXVII de la Mostra de València.

Aunque en su declaración Burgosha indicado que la fundación Jaume II El Just tenía carácter finalista: recuperar el claustro del Monasterio de la Valldigna que estaba en Madrid.

Benavent, como era adscrito al conseller, no tenía despacho en la fundación. 'Todo el mundo sabía que estaba en el gabinete del conseller'. Benavent acudía a la fundación a hacer gestiones "mandatadas por el conseller expresamente".

Y no formaba parte del personal de la fundación porque era el hombre del conseller. Porque el interés poítico por recuperar aquel claustro que estaba en Madrid y que era parte del patrimonio de todos los valencianos era de primer orden y fue un proceso complejo que precisó de muchos viajes a los que -ha dicho Burgos- "en unas ocasiones me acompañaba Benavent y en otras no".

El juicio se celebra

No han prosperado las peticiones de suspensión por parte de la defensa de Vicente Burgos alegando que el caso ha prescrito ni tampoco las de de la defensa de Benavent de anular los registros en la sede de la Fundación y en casa de la que fue concejala en el Ayuntamiento de València María José Alcón por no estar suficientemente motivados.

Primero el fiscal y más tarde la magistrada han denegado ambas peticiones presentadas en el trámite de cuestiones previas y la vista ha comenzado con la aceptación, eso sí, de las dispensas solicitadas por las defensas para no estar presentes en las sesiones de este juicio que se alargará, previsiblemente, hasta mediados de febrero. La sala ha aceptado otra petición personal de Marcos Benavent: no hacer uso de la última palabra. Los acusados también podrán estar junto a sus abogados cuando decidan acudir a la sala.

Asimismo se han aceptado las peticiones de las partes sobre varias testificales. Tanto a las que se se renuncian como a la petición de nuevos testigos.

La vista ha comenzado con la declaración de Vicente Burgos.

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