Sindicatos y oposición critican la supresión de la única plaza de traductor de valenciano del Ayuntamiento de Alicante

Alicante

El modelo de gestión de personal del Ayuntamiento de Alicante vuelve a estar bajo la lupa sindical. El Sindicato de Empleados Públicos, el mayoritario en el Consistorio, ha presentado alegaciones a los presupuestos de 2026 contra lo que consideran una inercia de "congelación y privatización" de la plantilla desde el año 2008.

El punto de mayor indignación es la amortización de plazas que los responsables de servicio consideran esenciales. En concreto, el sindicato tacha de "sorprendente" la eliminación de la plaza de Licenciado en Filología Valenciana. Una figura, recuerdan desde el SEP, reclamada históricamente para la administración local.

Para la organización sindical, resulta incomprensible que, existiendo superávit en las arcas municipales, no se refuerce la plantilla pública, lo que acaba derivando, critican, en una externalización de servicios "que no siempre garantiza una mejora para el ciudadano".

En este sentido, Juan Carretero, secretario de organización del SEP, lamenta también la supresión de dos dotaciones de Ayudante de Servicios Varios. Estas bajas en la relación de puestos de trabajo contrastan con una creación de empleo que consideran pírrica: solo diez nuevas plazas en general para todo el Ayuntamiento.

El SEP-CV advierte que áreas críticas como Bienestar Social, Policía Local y Bomberos están "al límite". Especialmente grave califican la situación en servicios sociales, donde el incumplimiento de los ratios legales ya provocó el despido de casi el 80% de la plantilla del contrato programa a finales de 2024. Además, alertan del desmantelamiento de las antiguas Brigadas Municipales, cuya falta de efectivos lastra la capacidad del Ayuntamiento para realizar reparaciones y servicios directos.

Para revertir esta situación, el sindicato exige en sus alegaciones un incremento progresivo de la plantilla de, al menos, un 5 % anual durante los próximos cinco años. Esta medida, que piden aplicar ya en este 2026, iría acompañada también de la paralización de cualquier amortización de plazas que no cuente con un informe técnico que la avale, buscando proteger la estructura pública frente a la creciente dependencia de contratas externas.

Consulta en Pleno de Compromís

La oposición municipal también llevará a Pleno la amortización de la plaza de experto en valenciano. En concreto Compromís, que preguntará qué criterio técnico o político se ha seguido para suprimir esta plaza.

Una decisión que conlleva, según denuncia su edil Sara Llobell, el cierre definitivo de la Oficina Municipal de Promoción del Valenciano. Recuerda que este servicio se encuentra inoperativo tras el fallecimiento de la técnica responsable y, ahora, critica que el equipo de gobierno de Barcala considere que "no es necesario para los objetivos actuales de la Corporación".

Llobell advierte que esta medida obligará al Ayuntamiento a contratar externamente los servicios de traducción y corrección, "un gasto adicional que ya se ha dado en casos puntuales como el bando de Fogueres", lamenta.