València amplía hasta los 45 años (y siete de empadronamiento) el acceso prioritario a una vivienda de alquiler asequible

València

El acceso a la vivienda es uno de los mayores dramas sociales de la actualidad, también en València. Los precios están por las nubes y cada vez son más inaccesibles para todos, especialmente para los jóvenes.

Por eso, según la alcaldesa María José Catalá, desde que arrancó esta legislatura se han fijado como uno de los grandes objetivos revertir esta situación.

A su juicio, la única solución pasa por incrementar la oferta de viviendas para que bajen los precios.

Hace dos años el gobierno municipal se comprometió a construir mil viviendas, que ya están en marcha. Pero cumplido ese objetivo, hay que hacer más y por eso hoy se ha anunciado un nuevo paquete de medidas para seguir poniendo más viviendas en el mercado.

Medidas que para la oposición son una operación de marketing que no servirán de nada porque se confía en la iniciativa privada que solo busca hacer negocio con este derecho fundamental.

Construir más, la única solución

Actualizar la normativa, optimizar la gestión y fortalecer la alianza con el sector privado. Son los tres ejes en los que trabaja el ayuntamiento de València para incrementar la oferta de viviendas en la ciudad. Ocho medidas entre las que destaca una: la renovación de los criterios de acceso a la vivienda de alquiler asequible.

Hasta ahora podían solicitar este tipo de viviendas los menores de 35 años, pero la realidad ha cambiado. Hay gente mayor que no puede acceder a este parque público y por eso se amplía la edad hasta los 45 años, pero además, y es novedad, se fija otro requisito de arraigo.

Deberán estar empadronados en València durante siete años. La alcaldesa María José Catalá asegura que la medida no es discriminatoria hacia el colectivo migrante, que tiene otras vías de acceso a vivienda social.

Nueva agencia municipal de alquiler

Además, se quiere incrementar la oferta con la creación de la agencia municipal de alquiler que empezará a funcionar en breve.

Una agencia que quiere movilizar las viviendas vacías dando seguridad a los propietarios. El ayuntamiento se hará cargo del seguro de cobro, pero el alquiler tendrá que ser un 20 por ciento inferior al precio de mercado.

Además, se quiere cambiar el uso del suelo dotacional que no se haya construido en los últimos 35 años, para poder construir ahí viviendas y se dará la posibilidad a los constructores para que reserven (si lo desean) un cupo de viviendas protegidas para el registro municipal de demandantes.

Y se van a realizar también reformas normativas en la misma línea, que haya más vivienda en el mercado. La primera ya se anunció, la conversión de bajos turísticos sin licencia, que deberían cerrar, en viviendas residenciales si cumplen los requisitos de habitabilidad.

La novedad es que ya hay una cifra de los pisos turísticos que podrían acogerse a esta medida. Serían unos 2.000, según el gobierno. Además, se va a incrementar la densidad residencial de 75 a 140 viviendas por hectárea y se dará facilidades para dividir las viviendas grandes con doble acceso.

En definitiva, un paquete de medidas que seguirán siendo insuficientes si el Gobierno no se implica ante este problema nacional porque la ley de vivienda, según la alcaldesa Catalá, no ha funcionado.

Plan fake, para la oposición

Pero la oposición tilda este plan vivienda de Catalá de fake porque, según dice, no contempla medidas para bajar el precio de la vivienda y del alquiler, restringe el acceso a la vivienda pública y pide “magnanimidad” a los promotores.

Para la portavoz de Compromís, Papi Robles, se busca más el titular que la solución. El plan confía en que aumentar la oferta bajará los alquileres, sin tocar el funcionamiento real del mercado en una ciudad tensionada.

No hay una apuesta clara por regular precios, limitar la especulación, frenar a los fondos de inversión o recuperar vivienda para uso residencial. En definitiva, es dejar el derecho a la vivienda en manos del mercado.

Y la concejala del PSPV, Elisa Valía, lamenta que Catalá siga lanzando medidas vacías, sin ningún impacto real, y cortinas de humo en lugar de afrontar el enorme problema de acceso a la vivienda que está generando su gobierno.

Son maniobras de distracción que favorecen la especulación inmobiliaria y el negocio de las promotoras. Por eso, pide que se aplique de una vez por todas la Ley de Vivienda que aprobó el gobierno central y que permite controlar los precios del alquiler.

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