Benidorm, obligado a rehacer el presupuesto municipal por la sentencia millonaria de Serra Gelada

Benidorm

La condena judicial que obliga al Ayuntamiento de Benidorm a pagar más de 350 millones de euros por los terrenos del APR-7 en Serra Gelada ha dejado sin validez el borrador del presupuesto municipal y obliga al Consistorio a rehacer por completo sus cuentas. Así lo han asegurado en la Tertulia Municipal de Hoy por Hoy Benidorm las portavoces de Gobierno y Oposición, preguntadas al respecto.

El propio Gobierno local reconoce que las previsiones iniciales “resultan insuficientes” tras el fallo definitivo y que será necesario adaptar el presupuesto al calendario de pagos que se acuerde en la ejecución de la sentencia, lo que podría retrasar su aprobación. El borrador presupuestario contemplaba un fondo de contingencia de 6 millones de euros para la sentencia de Serra Gelada, pero ha quedado desfasado con las últimas resoluciones judiciales.

Según la portavoz del Gobierno, Lourdes Caselles, en la Junta de Portavoces celebrada hoy tras el pleno, se ha informado a los grupos de que “ya se está trabajando con los servicios jurídicos internos y externos y con la Intervención municipal para elaborar los informes necesarios que permitan responder al juzgado y proceder a la ejecución de la sentencia”.

Caselles insiste en que todas las decisiones se adoptarán “siguiendo criterios técnicos” y con el objetivo de “evitar una quiebra técnica del Ayuntamiento” o la posibilidad de que éste sea intervenido. La portavoz subraya que el Consistorio actuará conforme a lo que determinen los informes económicos y jurídicos y defiende que la gestión se está realizando con “transparencia absoluta”.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, ha criticado la gestión del Gobierno local y asegura que “llega tarde”. Escoda insiste en que la sentencia “era firme desde hace tiempo” y reprocha al alcalde no haber explorado antes todas las alternativas posibles. A su juicio, la indemnización, que equivale a “dos presupuestos y medio” del Ayuntamiento, puede tener consecuencias muy graves tanto para los servicios públicos como para la presión fiscal sobre los vecinos.

En cuanto a la forma de afrontar el pago, el Gobierno confirma que todas las opciones están sobre la mesa: fraccionamientos o aplazamientos, solicitud de préstamos, pagos en especie o una combinación de fórmulas, siempre supeditadas a la aceptación judicial y de la parte propietaria.

Sobre la posibilidad de negociar con la familia propietaria, Caselles señala que ahora, una vez iniciada la fase de ejecución de la sentencia, sí existe margen para plantear acuerdos, algo que —según ha defendido— no era viable en etapas anteriores por las resoluciones judiciales que declaraban nulos los convenios urbanísticos. Escoda, sin embargo, acusa al Gobierno de “no haber tenido voluntad real de negociación cuando todavía había margen” para reducir el impacto económico.

En paralelo, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha abierto la puerta a solicitar ayuda a otras administraciones para hacer frente al pago. El primer edil no descarta acudir a la Generalitat Valenciana, al Gobierno central o incluso a la Unión Europea, insistiendo en que el Ayuntamiento deberá “llamar a cualquier puerta” si es necesario para cumplir la sentencia sin trasladar todo el impacto a los ciudadanos. Pérez por el momento descarta una subida de impuestos o tasas municipales.

Aunque el alcalde no ha concretado todavía cuál será el camino a seguir, ha dejado prácticamente todos los escenarios abiertos. Toni Pérez realizó estas declaraciones tras una reunión en el Palau de la Generalitat con el president, Juanfran Pérez Llorca, a la que acudió en calidad de presidente de la Diputación. Según aseguró, será en los próximos días cuando se concreten los pasos a dar. El primer edil ha defendido en todo momento la “transparencia absoluta” del proceso y ha insistido en que cualquier decisión debe basarse en criterios técnicos.

El debate sobre la sentencia y sus posibles repercusiones económicas ha llegado a la calle donde crece la preocupación ciudadana. El temor a posibles subidas de impuestos o a una merma de servicios municipales está muy presente en los vecinos del municipio que alertan del impacto directo que una condena de esta magnitud puede tener en su economía cotidiana.